El Estado de Derecho se aleja un poco más de los pueblos

Santa María de Guía es uno de los partidos judiciales del Reino de España con la soga al cuello. La reestructuración del territorio anunciada y posteriormente matizada por el Poder Judicial español (CGPJ) coloca a la cabecera histórica de la Administración de Justicia en el Noroeste de Gran Canaria en primera línea de fuego para ser anexionada por la capital de la isla.

Y eso a pesar de que Guía, a punto de cumplir 200 años de partido y juzgado, es plaza bicentenaria desde las Cortes de Cádiz y superviviente a los pleitos locales del XIX, de cuando la primigenia división de la isla en tres partidos por parte de la Junta preparatoria de las elecciones de diputados de 1813: Guía, Telde y Ciudad. Pero hoy, en Guía, se teme una vuelta al XIX preliberal, por mucha nueva tecnología que acorte las viejas distancias.

Basta pasar por “los juzgados” para darse cuenta de que nadie encuentra un motivo lógico para suprimir el partido. Desde funcionarios hasta abogados y procuradores, pasando por justiciables que verían todos incrementados sus gastos para impartir, reclamar y cumplir con la ceguera de la Justicia. Y trabajar en ella. Una media de 150 a 200 ciudadanos de la comarca (Moya, Gáldar, Agaete y La Aldea) acuden cada día a Guía, sin contar los operadores judiciales. Y ese movimiento que genera actividad económica por sí mismo no tiene norte definido.

“Todo el mundo está exaltado y no hay nadie a favor, se van a ahorrar cinco sueldos [de juez, secretario y forense] para que puedan hacer sustituciones en Las Palmas, pero todo lo demás serán gastos para el ciudadano”, explica Paco Vega, uno de los funcionarios que mejor conoce los entresijos del partido. “Para preguntar por lo suyo siempre será mejor aquí, en Las Palmas nadie va a pasar de la puerta para eso”, recalca en defensa de la “cercanía” de la Justicia, uno de los pilares básicos de la división judicial canaria dictada en una Orden de 2 de mayo de 1813.

A título particular, otro compañero de tareas también tercia en el debate abierto: “No hay ningún beneficio para el ciudadano, el que tenga que venir de Artenara, de Valleseco [en el caso del partido de Arucas, creado en 1989, también en el mismo trance] o aquí desde La Aldea, ¿cúando sale de su casa? Las distancias y las comunicaciones son un gasto más a cargar al bolsillo de todos ¿Qué es lo que van a dejar en los pueblos? Nosotros hacemos la instrucción de las cosas más cercanas y si todo se va a Las Palmas, ¿cómo haríamos eso? Nadie lo sabe”.

Lo cierto es que en el interior de la Administración de Justicia, abogados y procuradores también incluidos, no saben explicar a ciencia cierta qué filosofía encubre la reforma territorial más allá de un ahorro puntual de sueldos, ni qué cometido tendrán los anunciados “juzgados especiales” para mantener en los partidos bajo amenaza de cierre. “¿Qué van a ser, juzgados de instrucción, asuntos de familia y violencia de género? ¡Pero si no tenemos ni gabinetes psicológicos!”, cuentan en un corrillo improvisado de abogados y procuradores.

Simplicio del Rosario, letrado del Noroeste, se muestra también tajante con los ejemplos dados por los portavoces del CGPJ, cuando explicaron que el mapa actual responde a un tiempo en que no había ni internet ni autovías. “¿Nuevas tecnologías? ¡Pero si a Caideros no llega Internet, pordios!”, clama en medio de una discusión ya abierta entre abogados y procuradores, que resaltan también la titularidad pública del edificio judicial, sin gastos añadidos por alquileres.

Los procuradores prefieren mantener el anonimato y no pronunciarse [su cabreo] de manera pública, según ellos por instrucciones directas del Colegio de Las Palmas, que en todo caso explicó a este periódico que declinaba dar su versión al contar en su seno con intereses contrapuestos, y por tanto solo válidos de manera individualizada. Apenas hay una docena de procuradores en Guía, a la espera de la autorización para pronunciarse de su Colegio, pero el colectivo de abogados, “entre sesenta y ochenta”, es más bullicioso y combativo y la indignación es tan grande que ha llevado a algunos, como Cristina Armas, a crear plataformas ciudadanas.

“Suprimir el partido judicial va a provocar que se encarezca la Justicia”, explica Cristina Armas. “Va a ser más caro porque habrá que ir a Las Palmas, pagar aparcamientos para el coche o el traslado en guagua, dedicar mucho más tiempo para interesarse en un juzgado concreto por un asunto, y también para nosotros los profesionales generar más gastos con el consiguiente encarecimiento de los honorarios”, dice la letrada. “Pues yo tendré que poner un despacho en Las Palmas y eso es un alquiler de 150 euros”, replica una procuradora, profesión mucho más obligada a estar “todos los días encima” en los juzgados y no solo a la hora de los juicios.

Como la decisión misma de suprimir partidos, todo gira en torno al coste. El Estado se ahorrará algo de dinero, que repercutirá en los contribuyentes que quieran o se vean obligados a acudir a la Justicia. Cuestión de distancia, de comunicaciones, de traslados, de trato más directo, de conocimiento de los justiciables...o de actividad económica indirecta en torno a la Administración de Justicia. “Los Juzgados de Guía deben de ser los únicos de España que no tienen un bar al lado”, dice entre risas otro abogado, pero consciente de que el trajín crea riqueza y empleo, ya sea en las notarías o en la presencia del propio Registro de la Propiedad.

La igualdad de oportunidades y la tradición oral

Nieves Cubas, una de las abogadas más activas en las comisiones de profesionales de Guía y Arucas contra la supresión de los partidos, viene a explicarlo de manera gráfica y contundente: “Que ni se les ocurra poner un juicio a las nueve de la mañana porque la gente de La Aldea no llega a tiempo ni de coña. Están locos”. Y es cierto, alguien sin vehículo propio, tendría que pasar la noche anterior en la capital para acudir a una cita temprana en el futuro Palacio de Justicia.

Además, Nieves Cubas aporta propuestas para el mejor funcionamiento de la Justicia en el Noroeste grancanario: “Si pretenden la especialización, que acaben con los juzgados mixtos y doten a Arucas y a Guía de fiscales fijos en estas sedes judiciales”, una reclamación ya exigida formalmente por los profesionales del Norte, cansados de esperar por el fiscal de turno que “venga de Las Palmas” a una declaración cualquiera.

“¿Qué pasa con el derecho a la justicia gratuita? ¿Las personas que accedan a ella y sean defendidas por el turno de oficio tendrán que desplazarse a Las Palmas para las consultas que tengan que hacer sobre su caso?”, se cuestiona Nieves Cubas, alarmada por el peligro de que la lejanía quiebre la efectividad de los principios del Estado de Derecho, esa columna vertebral de un país que aleja un poco más su estructura organizativa de los pueblos.

No en vano, la experiencia de la cultura popular guiense después de casi 200 años es sonada en la comarca. Hace años, una juez fue sacada de la cama a las cinco de la madrugada porque en un pago remoto del Noroeste un detenido había solicitado el “bis colpu” (sic).

A la juez, peninsular, caliente por el madrugón porque un reo pedía el hábeas corpus, se le fue cambiando la cara mientras la traducción simultánea del representante del detenido le explicaba, desde el canario profundo, los avatares de su defendido: por llamar al 112 con lo que se encontró fue con un pareja de policías que sin mediar palabra “me viraron y me metieron pa'dentro”.

“Sí, señoría, yo pedí el bis colpu”, dicen que dijo el detenido a la magistrada, con los ojos como platos. Del relato -traducido- de los hechos, no quedó otro remedio a la juez que ordenar la libertad del cristiano arbitrariamente arrestado. Que nunca supo del hábeas corpus por la televisión o los libros, sino por la cercanía y tradición oral de unos juzgados cuasi bicentenarios.