Entrevista

Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional: “En España la libertad de reunión y manifestación existe, pero amenazada”

Esteban Beltrán es director de Amnistía Internacional en España, organización que en los últimos días ha tachado de “oportunidad perdida” el hecho de que no se haya reformado la Ley Mordaza. “España es uno de los países donde la libertad de reunión y la manifestación pacífica existen, pero están amenazadas”, recuerda en una entrevista con Canarias Ahora.

Señala que la política europea sobre refugiados y personas migrantes responde a “una política en general que lo que busca es que la gente no llegue”. Además, cree que existe un doble rasero entre la forma de reaccionar según los conflictos. “Lo que demuestra la experiencia con los refugiados ucranianos es que una política solidaria, legal e inteligente es posible”, afirma. También recuerda que Alemania fue el único país que cumplió su compromiso con los refugiados sirios, acogiendo a un millón de personas de este país en guerra. Subraya que el cambio de postura de España con el Sáhara no ha supuesto una mejora en los Derechos Humanos y denuncia la situación de apartheid que viven los palestinos.

Para Beltrán, mientras en países como España se avanza en derechos para las mujeres, como con la Ley del Solo sí es sí, o en Colombia, con el derecho al aborto; en otros se producen retrocesos, y apunta a la situación de las mujeres y niñas en Afganistán o al fallo de la Corte Suprema de EEUU con respecto al derecho al aborto. Sobre la gestación subrogada, afirma que Amnistía Internacional no tiene aún una posición al respecto.

En Canarias hemos vivido escenas muy dolorosas como la del muelle de Arguineguín, saturado en 2020, donde se retuvo a personas más de 72 horas en malas condiciones. Recientemente, también se han denunciado presuntos casos de explotación sexual a personas migrantes. ¿Qué balance hace Amnistía Internacional del trato a las personas migrantes que llegan a Canarias ?

Yo creo que lo importante aquí es hablar en general de la política europea sobre las personas que intentan llegar a Europa, sean migrantes o refugiadas. Porque Canarias no es solamente un punto especial sobre eso, sino que responde a una política en general que lo que busca es que la gente no llegue. Entonces, esa política que busca que la gente no llegue lo que hace es, en vez de crear vías legales y seguras para que la gente pueda llegar en condiciones, pues que las personas se jueguen la vida; o bien en el mar, o bien, cruzando la valla en Ceuta y Melilla o bien el Mediterráneo.

Lo que ocurrió en Canarias es que las personas no solo llegaron en malas condiciones, sino que la acogida, al principio, fue una acogida con violaciones de derechos humanos. Ahora lo importante es que, aunque han descendido las llegadas a Canarias, en otras partes están aumentando. Por lo tanto, hay que asegurarse de que los compromisos que tiene el Gobierno canario y el Gobierno central sobre crear unos centros de acogida en condiciones (con los siete centros de acogida que dice que quieren crear) haga que no se repita lo que ocurrió en Arguineguín. 

En cualquier caso, el problema es que no hay una política europea de recepción de refugiados ni de inmigrantes. Y ni siquiera se rescata en el mar.  Por ello, todo lo que se ponga son buenas iniciativas, pero parches a una política que lo que hace es externalizar las fronteras, delegar en Libia, delegar en Marruecos, para controlar a los que llegan.

No hay una política europea de recepción de refugiados e inmigrantes; hay una política que lo que busca es que la gente no llegue

Vemos en estas vulneraciones de derechos, que siguen existiendo los centros de internamiento para extranjeros, que es muy cuestionable que se encierre a personas que no han cometido un delito y en Canarias se han activado de nuevo las deportaciones. ¿Cómo valora esto Amnistía Internacional?

Sobre los Centros de Internamiento para Extranjeros, solo deberían estar allí personas migrantes el tiempo necesario para cotejar datos. No puede sustituirse como una medida privativa de libertad. Y además tampoco se debería mantener en un centro de internamiento de extranjeros a personas que se sabe que no se va a poder expulsar, pues entonces estás penalizando. Es importante el mensaje de que la inmigración no es un delito, es una falta en todo caso. Y deberían estar en los CIE solamente el tiempo necesario para hacer los trámites y averiguar lo que hay. 

En cuanto a las deportaciones, ahí lo que es importante es que no haya expulsiones sumarias o expulsiones de peticiones de asilo. El Gobierno tiene la gestión de la inmigración, es decir, puede haber expulsiones de inmigrantes a otros países, siempre que se respeten sus derechos. Es importante que se asegure para los colectivos vulnerables (mujeres, niños y personas del colectivo LGBTI que puedan estar en otros países...) que la entrevista sea con las personas en profundidad, en conciencia, legalmente y no se devuelva a nadie que merezca el asilo.

Sobre este punto de las entrevistas. Un reciente estudio del Instituto Canario de Igualdad advertía de la diferencia entre el dato y el relato en las víctimas de trata , es decir, que hay fallos en los protocolos que dificultan detectar víctimas pese a que las asociaciones muchas veces contabilizan más relatos de las que realmente tienen esa acreditación. ¿Hace falta más formación especializada? 

Los problemas con la identificación de las víctimas de trata son dos. Uno es que no hay una ley de trata todavía. Se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de que haya una ley de trata, que proteja adecuadamente a las víctimas de trata, que no deben ser vistas como parte delictiva: son víctimas de los traficantes. Por lo tanto, debe asegurarse que se protege a la persona víctima de trata.  Actualmente, la ley es muy relativa y lo que hace es que solo las protege si declaran en contra de las mafias, con lo cual poca gente declara. Y luego está la parte de identificación, que la realiza todavía fundamentalmente la policía. Y lo que se necesitan son especialistas en identificar personas víctimas de trata. Por tanto, esa parte de identificación de víctima de trata es necesario hacerla porque España es un país donde hay muchísimo tráfico de seres humanos. 

Los menores también han sido víctimas en muchos casos de violencia institucional , con comunidades autónomas negándose a acoger a estos niños y niñas , que pasan por muchas dificultades para ser integrados y poder desarrollar después su vida … además de verse expuestos a campañas de odio y al racismo de muchos partidos políticos ¿Qué reivindica Amnistía internacional para estos niños y niñas?

Nosotros hemos defendido siempre que los números de menores son perfectamente asumibles por parte de todo el Estado. ¿Qué son 2.000 menores no acompañados en todo el Estado? Por tanto, lo que debería primar es la protección de los menores no acompañados y lo que deberían es estar en condiciones dignas, lleguen aquí o a todo el Estado. Lo único positivo que se ha avanzado en relación con menores es que ahora hay posibilidad de que se pueda conceder la tarjeta de residencia y, por lo tanto, se pueda trabajar y aquellos menores que puedan tener entre 16 y 18 años y antes se enfrentaban a un futuro más incierto. Pero aquí lo fundamental es que la responsabilidad de todos los menores es de todos los gobiernos y no solo del Gobierno de Canarias o de Ceuta o Melilla, es de todos. Y el número es completamente manejable y si no se gestiona es porque no se quiere.

El problema es esa política que tiene un toque racista cuando tiene que ver con subsaharianos

Una de las cuestiones que recoge Amnistía Internacional en sus informes es en relación con las pocas peticiones de asilo que tramita España. ¿Qué es lo que está fallando?

Lo que hay es un doble rasero en realidad. Nosotros hemos recibido en unos meses a más de 150.000 ucranianos y se les daba a todos protección, sin ningún problema. Al contrario, hemos hecho lo que debía hacerse. Cuando alguien pide asilo, pues se le facilita la entrada en el país, se le facilitan los trámites administrativos para que pueda vivir, se le da una ayuda. Incluso toda la Unión Europea se ha dividido a los cinco millones y pico de refugiados ucranianos sin ningún problema. El problema es cuando no son ucranianos. El problema es esa política que tiene un toque racista cuando tiene que ver con subsaharianos, que también son refugiados que vienen de Sudán del Sur o sirios o iraquíes, ese es el problema. 

Por ejemplo, en Ceuta y Melilla es imposible pedir asilo. Y como es imposible pedir asilo, primero porque no lo permite Marruecos y España no habilita a las salas de asilo, la gente se la juega saltando la valla o por el mar. Aquí la clave es que no tengamos un doble rasero y que actuemos con la gente que merece el refugio; sea ucraniano, de Sudán del Sur, sirio, de Irak o Afganistán. 

Lo que muestra lo que ocurre con Ucrania y con la experiencia alemana es que se puede hacer una política solidaria, legal e inteligente

Este doble rasero del que habla lleva a pensar en otro conflicto enquistado en el tiempo; el de Siria y las promesas que se hicieron de acogida y que luego no se llevaron a cabo…

Con la excepción de Alemania, que fue el único país que cumplió, que recibió a más de un millón de refugiados y que más del 70% de esos refugiados están trabajando en Alemania. O sea, lo que muestra lo que ocurre con Ucrania y con la experiencia alemana es que se puede hacer una política solidaria, legal e inteligente, con la de refugiados. La otra política es la política de doble rasero; que de Ucrania nos parece bien recibir a la gente pero no lo es en el caso de Sudán del Sur. La prueba es que de los que saltaron la Valla el 24 de junio en Melilla todos ellos recibieron protección cuando saltaron la Valla, lo cual lleva a pensar que muchos de los que murieron o fueron desaparecidos o rechazados en las fronteras merecían asilo. 

De hecho, las investigaciones de Amnistía han sido claves para esclarecer lo que ocurrió… Además han acusado a España y Marruecos de violar el derecho Internacional.

Peor. No lo hemos logrado clarificar porque las investigaciones deben ser de los Gobiernos, pero el problema es que los Gobiernos no han investigado lo que ha ocurrido. Lo que nosotros sí que hemos documentado junto con Naciones Unidas son 37 personas muertas y 77 desaparecidas. Es decir, aquel que estuviera en manos de las fuerzas de seguridad marroquíes fueron desaparecidos y no solo eso, sino que además hubo omisión de socorro por parte de la policía española y por parte de policía marroquí, que durante horas no proporcionaba una emergencia, ni atención médica a las personas heridas. Es una vergüenza. Y la comunidad internacional, Naciones Unidas, el Consejo de Europa; todo el mundo está reclamando a Marruecos y  España que haga una investigación y que ayude a los familiares a encontrar a los desaparecidos. Es tan mínimo como eso, y todavía eso no ha ocurrido. 

No ha habido una mejora en materia de Derechos Humanos en el Sáhara con la posición de España, hay una situación grave de represión

En el caso del Sáhara Occidental también se documentan situaciones de represión. ¿Cómo valora Amnistía Internacional el giro de España (en concreto del PSOE) con respecto a este tema ?

Nosotros no tenemos una posición sobre aspectos territoriales del Sáhara o de Marruecos. Lo que sí decimos es que nosotros separamos Marruecos y el Sáhara porque así lo indica Naciones Unidas. Hay una situación muy grave en el Sáhara de represión. Por ejemplo, Amnistía Internacional documentó como el teléfono de Aminatu Haidar (activista saharaui) ha sido espiado probablemente por Marruecos, hemos visto también como muchos activistas que protestan han sido sometidos a violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Marruecos, detenciones arbitrarias y persecución, incluso torturas y malos tratos e incluso en algunos casos violencia sexual Y lo que también hemos detectado es que hay un cierre de la posibilidad de investigar lo que está ocurriendo en el Sáhara; es mucho más difícil que antes.

Por tanto, no tengo ninguna cuestión relacionada con la posición política del Gobierno español sobre el territorio, pero sí que no ha tenido ninguna mejora su posición en materia de derechos humanos en el área. Naciones Unidas, desde el año 1991, sigue sin tener la capacidad de investigar, o sea, hay una misión de Naciones Unidas del año 1991 allí que no investiga nada en Derechos Humanos y eso se debe a la obstrucción de los Gobiernos. 

El problema con Occidente y Europa y los Derechos Humanos es que a sus aliados no les cuestiona absolutamente nada

Sobre la situación de Palestina ¿Qué conclusiones extrae el último informe de Amnistía al respecto?

Ese es el otro caso de doble rasero. El problema con Occidente y Europa y los Derechos Humanos es que a sus aliados no les cuestiona absolutamente nada. Entonces, en el caso de Israel, el Gobierno de Israel, nosotros hicimos una investigación de cinco años que muestra que la población palestina se encuentra en situación de apartheid.  Es decir, es considerada por parte de las autoridades de Israel como un grupo racial inferior. Y ese grupo racial inferior es sometido a todo tipo de humillaciones y opresiones no solo en los territorios ocupados, porque la investigación de Amnistía abarcó los territorios ocupados, Israel mismo, los campos refugiados... Por dar un ejemplo, en la propia Israel existe un estatuto superior de los ciudadanos en el cual no están incluidos los palestinos. No tienen derecho solo por ser palestinos a edificar sus viviendas y son demolidas. También tienen dificultades para casarse, como era el apartheid en Sudáfrica. 

Hay que hablar menos de una paz hipotética, y más de las condiciones en las que están los palestinos

Por lo tanto, no estamos comparando, pero realmente los palestinos viven un apartheid con el Gobierno de Israel. Entonces, esto es lo principal y el cambio fundamental en relación con Israel, no solo es un Estado que impide pues que tengan su propio Estado los palestinos, es una situación de apartheid, y eso significa un cambio sustancial. Los gobiernos no pueden mirar para otro lado cuando hay una población en esta situación, como hubo en Sudáfrica o en Myanmar. Poco a poco, la comunidad internacional va reconociendo esto. Dos relatores de Naciones Unidas han reconocido que el sistema de apartheid está en vigor en Israel y  hemos pasado desde el año 2021 de nueve a dieciocho estados que ya reconocen que hay un sistema apartheid y hay que desmantelarlo.  Y entonces, eso es lo que significa, hablar menos de una paz hipotética, y más hablar la comunidad internacional de las condiciones en las que están los palestinos. 

Antes mencionaba el doble rasero en la respuesta de la comunidad internacional, pero ha pasado un año desde que comenzó la guerra de Ucrania y Amnistía Internacional ha constatado violaciones de derechos y aumento de las desigualdades que ya sufrían las mujeres. ¿Cómo ven este conflicto un año después de su inicio? 

Ha provocado un sufrimiento enorme para población civil la actual agresión de Rusia. Es un crimen de agresión y un crimen de derecho internacional que ha provocado miles de muertos en Ucrania, ha provocado también represión a la propia población civil rusa (ha habido 15.000 detenidos, por ejemplo, rusos que no estaban a favor de la guerra), han acabado con la prensa independiente en Rusia, han acabado con las ONG independientes en Rusia. Además, ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, pues estamos hablando de siete millones y medio de personas que han huido. Y además de eso, la guerra ha tenido unos efectos sobre la energía, la inflación, el hambre, los cereales… En fin, es un efecto tremendo.

En algunos lugares avanzan los derechos de las mujeres, pero en otros no

Dentro de ese contexto, las otras dos tendencias más preocupantes del mundo son: uno, la situación de que en algunos lugares avanzan, pero en otros no, los derechos de las mujeres. Hemos visto, por ejemplo, como en Colombia se asegura el acceso al aborto legal y seguro o hemos visto como han avanzado leyes del consentimiento, como la española. Pero también hemos visto como en Estados Unidos, la Corte Suprema ha restringido el derecho al aborto. O hemos visto como en Afganistán, las mujeres y las niñas no tienen derecho a la educación y es, en realidad, una situación de apartheid de facto, pero en este caso relativas a las mujeres. Digamos que es una mirada gris, en algunos lugares se avanza y en otros se producen retrocesos respeto a los derechos de las mujeres. 

Y es una cuestión que viene a recordarnos que los derechos humanos aunque los conquistemos no están garantizados siempre…

Sí, la mala noticia es que hay que seguir trabajando siempre por los derechos humanos, pero la buena es que los retrocesos tampoco son para siempre. Y una cuestión muy interesante teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo es la movilización, o sea la movilización masiva. Estamos hablando de que ha habido movilizaciones masivas en 80 países en el mundo pero también ha habido 60 países que restringen el derecho a protesta pacífica. 

En relación a eso le quería preguntar por la Ley Mordaza. Amnistía defiende que se ha perdido una oportunidad en el Congreso. ¿Qué ha supuesto esta norma en los últimos años?

Lo que ha supuesto y va a seguir suponiendo es el desastre. Una oportunidad perdida completamente. Lo que supone es que el derecho  a manifestarse pacíficamente está sometido a unas restricciones civiles y va a continuar. La Ley Mordaza en siete años ha provocado multas millonarias a cientos de miles de personas. No es una cosa menor. Cientos de miles de personas. Ha provocado que digamos por ejemplo tengan dificultades las manifestaciones espontáneas, que no se pueda grabar a los policías en el ejercicio de sus funciones cuando cometen violaciones de derechos humanos, es un retroceso mayúsculo que los grupos parlamentarios no han sabido resolver y esto es muy grave porque tenemos todavía por delante esa ley que es una amenaza a la libertad de expresión. España es uno de los países donde la libertad de reunión existe y existe la manifestación pacífica, pero están amenazadas. 

Es paradójico que mientras esto ocurre sí que aumenten los delitos de odio en Internet, que se cuelen bulos que sigan poniendo el foco siempre en las personas más vulnerables, en el colectivo LGTBI, personas racializadas… 

Pero ahí hay un punto interesante a tener en cuenta y es que por primera vez se están registrando. En España los delitos de odio no se registraban. Ni el racismo, oficialmente, ni los ataques de LGTBI, es importante que se están registrando esos delitos y eso ya en sí es positivo. Hay que ver si se supone en realidad un ataque o un aumento de los ataques, eso hay que ver. Pero igual que en Reino Unido, desde hace veinte años se documentaron esos crímenes de odio, pues los delitos de odio, en España se está viendo también.  Que aparezcan mayores denuncias significa también que hay mayor preocupación oficial y mayor preocupación social por denunciar esos delitos de odio. Pero hay que tener mucho cuidado con que esos delitos de odio no se conviertan en prácticas de odio y no signifiquen abusos a los Derechos Humanos.