Los estudiantes recurren el decreto de acceso a la abogacía

Un grupo de estudiantes de Derecho ha presentado ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el decreto que desarrolla la ley 34/2006 de acceso a las profesiones de abogado y procurador, reclamando la suspensión de la normativa como medida cautelar.

La ley, que entrará en vigor el próximo 31 de octubre tras una vacatio legis (periodo entre la publicación de la norma y su aplicación) de cinco años, establece la obligatoriedad para los licenciados y graduados en Derecho de cursar un máster de 90 créditos -con prácticas incluidas- y superar un examen a nivel nacional para poder ejercer como colegiados.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de junio el reglamento que desarrolla una ley que los estudiantes bautizaron en su momento como el MIR de los abogados. “Es discriminatoria, un agravio comparativo. Los que finalicen su licenciatura antes de octubre podrán ejercer con un simple título y quienes lo hagan después tendrán que hacer un máster de 14 meses y aprobar un examen duro, aun habiendo cursado exactamente lo mismo”, denuncia Ignacio Solsona, un castellonense que se ha erigido en portavoz de los estudiantes.

El decreto previene un régimen transitorio por el que los licenciados tienen de plazo hasta el 31 de octubre de 2013 para incorporarse a sus correspondientes colegios de abogados sin necesidad de superar la prueba. Los afectados por la ley exigen, sin embargo, que este régimen se extienda a todos los que han cursado una licenciatura y que sean excluidos de la aplicación de los nuevos requisitos.

El recurso interpuesto ante el Supremo incide en las diferencias entre los títulos universitarios de licenciado y de graduado, que coexisten en la actualidad y hasta el 30 de septiembre de 2015, fecha en la que el primero quedará oficialmente extinguido. Así, resaltan que el grado tiene una carga lectiva inferior (240 créditos frente a un mínimo de 300) porque está concebido como una “mera formación general” que debe ser reforzada con otra de carácter especializada, “que será adquirida mediante las enseñanzas del máster”. Por contra, estima que la licenciatura ya comprende ambas enseñanzas “repartidas en dos ciclos”.

Ignacio Solsona advierte, no obstante, que los estudiantes de grado también tienen argumentos contra la ley de acceso. “La normativa supone una evidente restricción de la competencia al elevar los requisitos, da vía libre al intrusismo laboral e implica desembolsar una gran cantidad de dinero”, explica el representante estudiantil, que asegura que los precios de estos estudios de postgrado oscilan entre los 4.500 y los 6.000 euros.

“Nos meten una carga impresionante, no solo de dinero, sino también académica. Según el Instituto Nacional de Estadística, los estudiantes de Derecho tardan una media de 6 o 7 años en terminar la carrera. Si a eso le unimos los dos años del máster, tendremos que estudiar 8 o 9 años para poder ejercer como abogados”, lamenta Solsona.

Iniciativa Legislativa Popular

La ley, celebrada por el Consejo General de la Abogacía Española, que ha visto cumplida una vieja demanda para regular la profesión y “mejorar la capacitación de abogados y procuradores”, se ha encontrado con una fuerte oposición del movimiento estudiantil, organizado desde hace años en las propias universidades y en las redes sociales para evitar su aplicación.

Olmo Orellana, miembro del Claustro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Junta de Derecho, considera que el denominado MIR para abogados golpea “al sector más desprotegido, el de los estudiantes”. “Puedo compartir el fondo, porque regulas el ejercicio de una profesión, pero no cómo se ha hecho, no se conculca el principio de igualdad y es una ley que confunde al ciudadano”, asevera.

Para el representante de los alumnos, la normativa “da por hecho que cuando un estudiante sale de la carrera no tiene conocimientos para ejercer”. “Me temo que la ley salió porque hay muchos abogados, para cerrar el grifo, y eso sería una perversión”, agrega Orellana.

Además de la impugnación del decreto, los estudiantes presentaron una Iniciativa Legislativa Popular que fue admitida a trámite. En la actualidad, trabajan con el objetivo de recaudar unas 700.000 firmas que les otorguen un margen suficiente para tener las 500.000 válidas necesarias para presentarlas ante el Congreso de los Diputados.