El exministro Jerónimo Saavedra también ve constitucional convertir en fijos a los empleados en abuso de temporalidad: “A mí me hicieron funcionario por decreto”

El exministro socialista Jerónimo Saavedra ha explicado este jueves que en la década de los 90 le hicieron funcionario por decreto. De esta manera, ha querido aplaudir la fórmula de María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011, que propone una reforma legislativa en España para convertir en trabajadores fijos “a extinguir” a los empleados públicos que han sufrido el abuso de la contratación temporal, una situación que afecta a más de 800.000 personas en todo el país.

En un encuentro entre los expresidentes regionales, Jerónimo Saavedra y Paulino Rivero, este jueves en el Parlamento de Canarias en el que se han abordado los retos de la Canarias pos-COVID, el que fuera ministro de Educación y Administraciones Públicas durante la última legislatura de Felipe González ha querido hacer especial hincapié en la problemática a la que se enfrentan miles de trabajadores de la administración pública, que ocupan desde hace años puestos estructurales con contratos eventuales, sin haber tenido opción de consolidar sus plazas.

Para ello, Saavedra se ha acogido a su propia experiencia. “Yo venía de la Universidad Complutense de Madrid y, cuando llegué a La Laguna, ya estaban por aquel entonces los PNN (los profesores no numerarios de Universidad)”, grupo del que pasó a formar parte. En su intervención, el expresidente regional cuenta a ese tipo de docentes no le pagaban “nada”. Sin embargo, llegó a Tenerife como interino porque alguna plaza de catedrático, agregado o adjunto “estaba vacante”. Una vez dentro de la Universidad, Saavedra explica que los profesores acudían a distintas asambleas en Granada, en las que “reivindicábamos ser considerados trabajadores, no funcionarios. Pedíamos estabilidad pero como trabajadores”.

No fue hasta la llegada del primer Gobierno socialista, con José María Maravall como ministro de Educación y ya siendo presidente de Canarias, cuando Saavedra se entera “de que me hacen funcionario”. Como relata en el encuentro de este jueves, “fue un puro concurso de todos los que teníamos el título de doctor en Enseñanza y por decreto nos hicieron funcionarios. Eso se hizo y la Constitución del 78 ya estaba”, concluye.

El Sindicato de Empleados Públicos en Málaga (SEPMA) también, como Saavedra, hace referencia en un último comunicado a que la primera legislatura de Felipe González supuso un parón en este abuso de temporalidad de los trabajadores públicos en España. “Con la Constitución en la mano, se garantizó trabajo estable para el profesorado interino, digan lo que digan en las mesas de negociación UGT, CCOO y CSIF”, señala. Además, el grupo recalca que, en el sector público, las Administraciones “no aplican igualdad de trato, condenando a los afectados, con el apoyo de los sindicatos mayoritarios, a pasar por la celebración de procesos selectivos que suponen estabilización de plazas, pero no de personas”. La mayoría de dicho colectivo, asegura el sindicado, “son mujeres con más de 50 años, que ha dado lo mejor de sí durante esos años y ahora están en peligro de padecer el despido libre y gratuito”.

Informe de Emilia Casas

En informe firmado por Emilia Casas plantea una reforma legislativa en España para convertir en trabajadores fijos “a extinguir” a los empleados públicos que han sufrido el abuso de la contratación temporal, una situación que afecta a más de 800.000 personas en todo el país. El dictamen propone la creación de una nueva categoría, la de “personal estabilizado” con carácter indefinido, para cumplir la directiva comunitaria 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que instan a los estados miembros a prevenir y sancionar, con medidas efectivas y disuasorias, el uso indebido de los contratos temporales sucesivos.

El informe, encargado por asociaciones estatales de empleados públicos al estudio jurídico Ejaso, en el que ahora ejerce Casas, defiende que se trata de una vía “apropiada y constitucional” para resolver un mal endémico en la administración pública española y dar estabilidad mediante la continuidad en sus puestos, hasta la jubilación, al colectivo afectado. Aboga, además, por acometer esta reforma “con urgencia” ante la “infracción flagrante” y continuada del derecho europeo y la ausencia en el ordenamiento jurídico español de medidas “eficaces y efectivas” para sancionar el abuso de la temporalidad.