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Las familias canarias afrontan una 'vuelta al cole' más cara y reclaman acabar con los “copagos” en la escuela pública

Un niño y una niña, en Santa Cruz de Tenerife, durante la vuelta al cole el pasado año.

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —
26 de agosto de 2022 20:30 h

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El 9 de septiembre el alumnado de Infantil y Primaria regresa a las aulas de Canarias tras las vacaciones de verano. Dos días después, lo harán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se trata de una de las vueltas al cole más caras que afrontarán las familias, afectadas por la inflación, pero que también se quejan de ciertos “copagos” en la escuela pública. “Hay que hacer un repaso de cómo hemos normalizado y se ha reinterpretado el concepto de gratuidad en la etapa obligatoria educativa”, señala Sergio de La Fe, presidente de la Confederación de Madres y Padres de Canarias (Confapa). “Si los libros de texto y otros materiales que hemos delegado en las editoriales, son necesarios para darle al alumnado de Canarias conocimientos, quizás deberíamos aspirar a la gratuidad”, apunta. 

De la Fe señala que, según datos que se han recabado a través de las asociaciones de consumidores, la media de gasto inicial por menor que vuelve al cole es de 500 euros, aunque en algunos casos se dispara a los 1000 euros. Entre otras cuestiones, menciona el gasto en dispositivos electrónicos. Explica que desde la pandemia la comunidad educativa ya había advertido sobre la brecha digital, que con la presencialidad se reduce, pero “los centros siguen sin estar suficientemente dotados” para la digitalización. Las AMPAS han intentado promover bancos de libros en los últimos años, aunque con la crisis las familias los venden en el mercado de segunda mano y hay centros en los que se utilizan esas tabletas electrónicas con una licencia para un libro que caduca a veces en junio, “con lo que el niño o niña no podría repasar en verano”, añade.

Durante este verano, las AMPAS han llevado a cabo una campaña de denuncia sobre los listados de materiales escolares que muchos centros solicitan al alumnado. Rollos de servilletas, paquetes de folios, jabón de manos... Son algunos de esos materiales exigidos. Las federaciones insulares de AMPAS de toda Canarias se unieron para denunciar que los centros escolares públicos de Canarias “están infra financiados” y que son las familias quienes “están costeando gastos corrientes”.

Este lunes se va a celebrar una reunión entre la Consejería de Educación y la Federación de AMPAS Galdós para abordar este asunto. “Nosotros no aspiramos simplemente a que se nos escuche, a eso ya estamos acostumbrados. Somos un movimiento propositivo”, añade Sergio de La Fe, que espera que sean tenidas las propuestas que remitieron en un comunicado.

Gratuidad en la escuela pública

En ese documento enviado hace días, la Federación de Ampas Galdós explica que  “desde que se inició el proceso de matrícula de las etapas educativas obligatorias, se han recibido constantes quejas y consultas transmitidas a través de las Asociaciones de Madres y Padres, todas ellas referidas a la solicitud por parte de los centros de enseñanza no universitaria de pagos de diferentes cuantías dinerarias y entrega de materiales, los cuales entienden que no se ajustan a legislación vigente, ni nacional ni regional”.

Además de materiales como paquetes de folios, papel higiénico, rollos de servilletas, rotuladores de pizarra, gel hidroalcohólico, jabón de manos, toallitas húmedas...también se recoge el precio que tienen que pagar por fotocopias o por seguros escolares. “Se solicita entrega en metálico o por ingreso en cuenta bancaria, cuantías de unos 20-25 euros, en casos muy superiores, justificadas bajo conceptos tan variados como: matrícula, seguro escolar en primero o segundo de la ESO, gastos en fotocopias, exámenes, material deportivo, plástica, material didáctico, coste de actividades complementarias en horario lectivo, transporte escolar, elaboración y distribución de recursos didácticos...”, añade el escrito.

“En realidad debemos plantearnos pequeños debates como qué significa la gratuidad en la escuela obligatoria pública”, insiste De La Fe. “Los centros educativos se encuentran infrafinanciados porque si un centro educativo se ve en la necesidad de pedir a las familias que aporten dinero o pongan el material necesario es la prueba de que necesitan una inyección para el funcionamiento” y “en esta campaña hemos sido incisivos en ello, en la necesidad de dotar los proyectos educativos y que necesitan esos materiales para desarrollarlos”, resume.

La federación de AMPAS Galdós subraya que las leyes educativas remarcan que la educación debe ser gratuita. Por ello, De La Fe insiste en que se deje de reinterpretar las leyes y que “Se emita orden a TODOS los centros educativos, públicos y concertados, para que cesen en la imposición de estos importes y materiales a las familias”. Así mismo, “informar, en su globalidad, a los equipos directivos de los centros donde se imparten las etapas educativas obligatorias, de que estas solicitudes de aportaciones dinerarias o en especie, así como la venta de material didáctico físicamente o digital, no pueden ni deben utilizarse para copagar su actividad y desarrollo del plan educativo”.  

Los currículim, sin publicarse en el BOC

El sindicato ANPE ha denunciado esta semana que los decretos de los nuevos currículos derivados de la LOMLOE continúan sin publicarse en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). “A pesar de que antes de que acabara el curso urgimos a la Consejería a publicar los currículos (no solo los borradores que ha difundido) y dotarlos de seguridad jurídica, a escasos días de que volvamos a los centros educativos la situación no ha cambiado, y los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato siguen a la expectativa”, lamenta el sindicato.

ANPE añade que el 1 de septiembre comienza el curso y gran parte del profesorado desconoce los aprendizajes que debe proponer a sus alumnos. “Somos conscientes de que hay otras comunidades autónomas en la misma situación, pero eso no es consuelo. No es de recibo que se aprueben leyes educativas y que no se pongan los medios para ponerlas en marcha adecuadamente”, añade.

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