Firmas por una renta básica contra la exclusión

I.s.

El Movimiento por el Frente Amplio en Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una campaña de recogida de firmas para apoyar las reivindicaciones de la Mesa Abierta por la Justicia Social, formada por varias organizaciones sociales y sindicales que reclaman, entre otras medidas, una renta básica por encima del umbral de la pobreza para todas las personas en situación o en riesgo de exclusión. En Canarias hay 139.631 personas sin cobrar ningún tipo de prestación.

El colectivo instaló este miércoles y jueves una mesa en la zona de Triana, cerca de la vieja cafetería Madrileña, para recabar apoyo ciudadano a las alternativas plasmadas en el manifiesto. La recogida de firmas continuará el 4 de octubre, víspera de la jornada de movilizaciones que se celebrará bajo el lema Pan, trabajo y derechos en las islas.

Frente a una situación de emergencia social, con un 38% de la población canaria en situación o riesgo de exclusión, las organizaciones de la Mesa por la Justicia Social (Red de Lucha contra la pobreza, Redesscan, Stop Desahucios, Red Feminista de Gran Canaria, Attac, CCOO, UGT, Cobas, Coonvergencia Sindical Canaria y Hermandad Obrera de Acción Católica) han lanzado una serie de propuestas con las que pretenden disminuir la tasa hasta el 10% en un año y eliminarla por completo en el segundo año.

Para ello, promueven un pacto de mínimos que garantice un compromiso de financiación “estable y suficiente” al sistema público de servicios sociales. El manifiesto plantea que se destine más del 15% del PIB regional a la inversión social implantando fórmulas de financiación “objetiva, estable, justa y adaptada a las características territoriales de Canarias”.

Los firmantes recuerdan que en el Archipiélago “una de cada tres personas” no tiene recursos para alimentarse, pagar la luz, el agua, las medicinas o la educación y que 812.425 personas están bajo el umbral de la pobreza. Por ello, solicitan que en los presupuestos se dé “prioridad urgente” a las necesidades básicas de la población, aumentando las partidas de emergencia social “de manera inmediata”.

También piden al Gobierno de Canarias que cumpla con la Ley de Dependencia para acabar con las estadísticas que sitúan a Canarias como la región que tiene los plazos de atención más largos de toda España y el mayor número de personas en el limbo de la dependencia.

El manifiesto de la Mesa Abierta por la Justicia Social pretende impulsar además un proceso participativo y de trabajo conjunto entre todos los agentes políticos y sociales de las islas que concluya con la elaboración de un plan de lucha por la igualdad y el reparto de la riqueza. Un plan que, según los firmantes, “debe tener un renovado diagnóstico, objetivos, fases, responsables, metodologías y partidas presupuestarias”.

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