El Gobierno canario anula un protocolo antiacoso en su Policía al darse cuenta de que debía negociarlo con los trabajadores

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias aprobó el pasado 5 de mayo un protocolo de actuación contra el acoso en el entorno laboral de la Policía Autonómica. Poco más de un mes después, ha anulado esta resolución al constatar ''la necesidad de someter dicho protocolo a negociación colectiva previa'' y ''asegurar su máxima eficacia y adecuación'' a las circunstancias específicas y excepcionales del personal del Cuerpo General de la Policía Canaria. ''Lo más llamativo no es la rectificación [...] Lo verdaderamente preocupante es que nadie advirtiera antes un requisito jurídico tan elemental'', ha lamentado en un comunicado el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).

La propia resolución, firmada el 19 de junio por el director general de Seguridad, David del Pino Franquet, hace referencia a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que serán objeto de negociación las materias en las que así se establezca en la normativa de prevención de riesgos laborales. También cita la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce en su artículo 34,1 el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la participación y representación en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en su trabajo.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres prevé que para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán un protocolo de actuación con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.

Una ''chapuza anunciada''

En esta línea, el Sepca considera ''difícil'' de comprender cómo una Dirección General con servicios jurídicos, mandos, asesores y responsables administrativos ''pudo tramitar, firmar y publicar un protocolo de esta relevancia sin percatarse de una exigencia legal tan evidente'' y tildan los hechos de ''chapuza anunciada''.

''La consecuencia es tan ridícula como preocupante'', continúan en un comunicado. Desde el sindicato afirman que durante semanas se anunció la existencia de un protocolo contra el acoso laboral y se difundió como ''una herramienta de protección para los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria''. ''Y ahora la propia Administración reconoce que no podía haber sido aprobado de esa manera'', critican.

El Sepca también cuestiona que la Dirección General de Seguridad cree un protocolo específico para la Policía Canaria cuando el Gobierno autonómico ya dispone de un protocolo general frente al acoso laboral. ''No estamos ante un vacío normativo. No falta regulación. No faltan procedimientos. No faltan garantías. Existe ya un protocolo único, consolidado y garantista, diseñado precisamente para asegurar la objetividad, la imparcialidad y la protección de las personas denunciantes frente a posibles presiones jerárquicas o corporativas'', subrayan.

El sindicato de empleados públicos del Archipiélago insiste en que, desde una perspectiva sindical, la preocupación ''es evidente'', y advierten de que un protocolo específico para la Policía Canaria supondría que los ''numerosos casos de acoso laboral que actualmente se tramitan a través de los mecanismos generales de la Administración'', pasarían a gestionarse dentro del propio ámbito de la Dirección General.

''Dicho de forma más clara: donde hoy existe una supervisión externa e independiente respecto de la cadena de mando policial, se pretendía sustituirla por un sistema controlado desde la propia organización afectada por las denuncias'', matizan. ''La experiencia demuestra que denunciar situaciones de acoso dentro de organizaciones fuertemente jerarquizadas ya supone un enorme coste personal y profesional para las víctimas. Pretender además que la investigación quede bajo el paraguas de la misma estructura donde se producen los hechos no contribuye precisamente a generar confianza'', continúan.