El Gobierno canario considera ''exageradísimo'' el control fronterizo al vuelo de Caracas

El consejero de Presidencia, Justicia y Nuevas Tecnologías, José Miguel Ruano, dijo este miércoles que los controles que demanda el Gobierno canario en las fronteras sólo se ejecutan en un vuelo que llega los viernes a Tenerife procedente de Caracas, mientras que se ignora la entrada de personas indocumentadas en otros aviones.

José Miguel Ruano respondió así a la diputada del grupo de CC Flora Marrero quién le cuestionó sobre las medidas que ha tomado el Gobierno canario ante la denegación de entrada a Tenerife que se hizo al grupo venezolano Ensamble Gurrufío en el aeropuerto de Los Rodeos. Flora Marrero recordó que este grupo había sido invitado para actuar en septiembre en las fiestas del Cristo en La Laguna y al llegar al aeropuerto de Los Rodeos su entrada fue denegada, mientras que otros miembros del grupo pudieron entrar al llegar a la isla en un vuelo desde otro aeropuerto nacional.

José Miguel Ruano recordó que el control de las fronteras marítimas y terrestres corresponde al Gobierno central y en su caso a la Delegación del Gobierno, y lamentó que la demanda de control de fronteras sólo se realice en este vuelo en el que se aplica un protocolo que exige a los pasajeros unos requisitos “exageradísimo”. Recordó que la mayoría de los viajeros de este vuelo son canarios o familiares de canarios que acuden con cartas de invitación, por lo que pidió a la Delegación del Gobierno que tome las medidas necesarias para normalizar la entrada de personas venezolanas al Archipiélago y aplique los controles de fronteras allí donde no lo hace.

Ruano apuntó que la mayoría de los extranjeros indocumentados llegan a las islas a través de otras vías como vuelos nacionales procedentes especialmente de Madrid. La diputada de CC anunció que su grupo presentará una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno central a que inicie una campaña de información sobre los requisitos que se precisan para entrar legalmente en el país.

Compromiso parlamentario

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró este miércoles que el Gobierno cumplirá sus compromisos parlamentarios respecto a la aprobación de la declaración del puerto de Santa Cruz de La Palma como frontera exterior según el acuerdo de Schengen, y lo hará a la mayor celeridad posible.

Rubalcaba respondió así en el Pleno del Senado a una pregunta del senador de CC José Luis Perestelo sobre la fecha prevista por el Ejecutivo para la aprobación definitiva de la declaración del muelle de Santa Cruz de La Palma como frontera exterior. Tras comentar que la respuesta de Rubalcaba no satisfacía la “inquietud de la sociedad de la isla de la Palma”, Perestelo recordó que en la moción que presentó CC en el Senado en el año 2004 se pedía al Gobierno que impulsara la declaración de los muelles de Santa Cruz de La Palma y Puerto del Rosario, en Fuerteventura, como frontera exterior Schengen, sin embargo, el senador comentó que sólo se ha aprobado la declaración del Puerto del Rosario.

Perestelo preguntó al ministro qué es lo que ha pasado para que el Puerto de Santa Cruz siga sin conseguir esa “homologación” cuando además el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo que “los estudios realizados para Santa Cruz eran favorables pero no así para el Puerto del Rosario”, que ha sido el primero en ser considerado como frontera exterior. Respecto a ello, Rubalcaba dijo que “se ha cubierto una etapa” y se están dando los “pasos que obligatoriamente” hay que dar con Santa Cruz de la Palma, por lo que precisó que “no está parado el expediente”.

En este sentido, argumentó que el Ejecutivo está “impulsando los tramites para nuevo puesto de inspección de fronteras”, se ha solicitado a la autoridad portuaria la “agilización de los trámites correspondientes al proyecto de edificación” y se han pedido a la Agencia Tributaria los “informes pertinentes” para dotar al puerto de las Fuerzas y Cuerpos se Seguridad del Estado. Por último, Rubalcaba dijo que era “consciente de los intereses legítimos y económicos que para el Puerto de Santa Cruz se derivan de esa declaración”, y apuntó que el Gobierno comparte dicho interés.

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