El Gobierno canario aprueba un crédito por 760.000 euros para atender la multiculturalidad educativa
Antonio Castro, secretario del Gobierno, indicó que para conseguir este objetivo, una de las acciones que más resultados está dando es el establecimiento de la figura del mediador intercultural y de apoyo idiomático. Estos son becarios con un determinado perfil que realizan labores de mediación, encaminadas a la integración de la población inmigrante y su familia en los centros educativos y en el entorno social más inmediato, así como el apoyo idiomático del alumnado de habla no hispana de reciente incorporación al sistema educativo canario.
En este proceso se considera idónea y necesaria la colaboración de las corporaciones locales, al ser las administraciones públicas más cercanas a la población y a la realidad del entorno, por lo que se transferirán los créditos correspondientes para la concesión y gestión de las becas y de otras acciones educativas a los ayuntamientos. Para Mogán (5 becas), San Bartolomé de Tirajana (10 becas), Santa Lucía (7 becas) y Telde (4 becas), en la isla de Gran Canaria; Los Llanos de Aridane (4 becas), en la isla de La Palma; y a los cabildos insulares de Lanzarote (12 becas), Fuerteventura (15 becas) y Tenerife (55 becas).
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó una partida de 560.000 euros para ayuda humanitaria a la población refugiada saharaui.
Asistencia integral a las víctimas
Por otro lado, el Consejo autorizó la concesión de las subvenciones a los cabildos de Gran Canaria y Tenerife por un importe total de 606.993,17 euros que irán destinados a la atención de las víctimas de violencia de género.
Castro Cordobez explicó que la cantidad se destinada a la dotación de material y mejora de las infraestructuras y equipamiento de los servicios que garantizan la asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia de género, en las islas de Gran Canaria y Tenerife, a través de la Red Canaria de Servicios de Atención, Información, Asesoramiento y Centros Alojativos Temporales. En concreto, se concederá una subvención al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife, por un importe de 295.040,38 euros, para la realización de actuaciones lúdico-formativas y de empleo, dotación de material y mejora de las infraestructuras y equipamiento de los servicios.
El Cabildo de Gran Canaria recibirá una subvención de 311.952,79 euros, destinados a la mejora de los recursos técnicos y humanos, así como de las infraestructuras y equipamiento. Según el artículo 45 de la Ley de 8 de abril de 2003, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género son los cabildos insulares los que tienen las competencias para el funcionamiento de los servicios que garanticen la asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
Asociación Alzheimer Canarias y Cruz Roja
de otra parte, el Ejecutivo autorizó la generación de un crédito para incrementar las líneas de actuación nominadas a favor de la Asociación Alzheimer Canarias y de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española para la ejecución de diferentes actuaciones enmarcadas dentro del Plan de Acción a favor de Personas en situación de Dependencia, por un importe de 736.678 euros.
El secretario del Gobierno aseguró que a la Asociación Alzheimer Canarias se le asigna la cantidad de 425.000 euros, destinados a ampliar el número de plazas del Centro de Día que la Asociación tiene en Gran Canaria, y para ampliar también el servicio de Ayuda a Domicilio y el servicio de fisioterapia que se realiza a domicilio. En concreto, esta ampliación supondrá la creación de 45 nuevas plazas de centro de día, 16 de fisioterapia y 34 de ayuda a domicilio.
En cuanto a la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española se concederán 311.678 euros, destinados a potenciar y ampliar el servicio de teleasistencia para discapacitados, y para sufragar los gastos derivados del estudio previo que Cruz Roja Española va a realizar sobre la implantación del servicio de Teleasistencia Móvil en toda Canarias. Los fondos de esta generación de crédito provienen del crédito que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destina a la implantación del Plan de Atención a Personas en situación de Dependencia en el ejercicio 2006, y cuyo objetivo es mejorar la red pública de centros de atención a Personas Mayores y con Discapacidad.
Además, el Consejo de Gobierno aprobó un crédito de 206 millones de euros para el transporte sanitario para los dos próximos años.
Adaptación de las universidades canarias
El Consejo de Gobierno aprobó dos autorizaciones de créditos por un importe de 511.621 euros y de 51.163 euros para la creación de líneas de actuación nominadas para financiar las actuaciones programadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna para adaptar ambas instituciones académicas al Espacio Europeo de Educación Superior.
Antonio Castro señaló que ambas autorizaciones tienen por objeto dotar de cobertura financiera a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias con el fin de que pueda asignar las ayudas de acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 8 de septiembre. Esta Orden establece las bases reguladoras de la subvenciones para la adaptación de las instituciones universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior.
Tales ayudas se destinan a proyectos presentados por ambas universidades que tienen como objetivos incentivos a la excelencia e innovación docente, desarrollo de la dimensión social del proceso Bolonia, establecimiento de procesos internos de planificación, adecuación y mejora de infraestructuras, cooperación nacional e internacional e incentivos a la gestión. La Declaración de Bolonia sienta las bases para la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, organizado conforme a ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, competitividad) y orientado hacia la consecución entre otros de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo.
Son seis los objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia: la adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, mediante la implantación, entre otras cuestiones, de un Suplemento al Diploma; la adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales; el establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS; la promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables; la promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior con particular énfasis en el desarrollo curricular; la promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio libre de la misma por los estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades y otras Instituciones de enseñanza superior europea.
La Declaración de Bolonia tiene carácter político: enuncia una serie de objetivos y unos instrumentos para lograrlos, pero no fija unos deberes jurídicamente exigibles. La Declaración establece un plazo hasta 2010 para la realización del espacio europeo de enseñanza superior, con fases bienales de realización, cada una de las cuales termina mediante la correspondiente Conferencia Ministerial que revisa lo conseguido y establece directrices para el futuro.
