Gran Canaria deja caducar las sanciones medioambientales
El servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria está dejando caducar los procedimientos por infracciones ambientales a la espera de un informe jurídico solicitado hace un año para establecer un convenio que dé cobertura a un cambio en los trámites sancionadores.
Augusto Hidalgo, viceportavoz del PSOE en el Cabildo, ha explicado que el área de Medio Ambiente modificó el procedimiento en 2014. Antes de esta fecha, cuando un ciudadano cometía una infracción por destruir un entorno protegido, lo habitual era que concluyera con la imposición de la pertinente multa. Ahora se ha incluido un precepto, que ya establecía la ley, que consiste no solo en imponer la sanción económica, sino en obligar al causante del daño a repararlo.
Sin embargo, el Cabildo ha empezado a tramitar estos expedientes, estableciendo la cuantía de la multa, determinando los trabajos precisos para la restauración medioambiental y, acto seguido, solicitando a los Servicios Jurídicos del Cabildo si los trabajos de reparación se ajustan a derecho. “Lo que ha sucedido es que al superarse los seis meses de plazo máximo que no puede superar la sanción sin ser notificada al infractor, éstos están caducando”, señala Hidalgo.
El consejero socialista relata que, en la pasada comisión de pleno de Medio Ambiente, la consejera expresó su intención de sustituir las sanciones económicas por las reparaciones del daño en la zona específica de Juncalillo del Sur.. “Fue ahí donde pudimos saber que el problema lo ha ocasionado un informe solicitado al Servicio Jurídico para establecer un convenio que dé cobertura a ese cambio en los trámites sancionadores, informe por el que se lleva esperando un año. Eso es lo que está provocando la caducidad de los procedimientos”, critica.
Para Hidalgo, los procedimientos están caducando por la falta de previsión del gobierno insular. “Lo que tenía que haber hecho el PP en el Cabildo es seguir tramitando los procedimientos como hasta la fecha y, una vez vistos los informes que den cobertura a una supuesta modificación, ésta se produzca. No se pueden paralizar todos los procedimientos en marcha y provocar la caducidad de todos y cada uno de ellos, con el prejuicio que ello supone para el patrimonio natural de nuestra Isla”, aseveró el socialista, quien insta al Cabildo a cumplir la normativa estatal y autonómica en esta materia.
“Una situación como ésta debe ser advertida por el responsable político y resuelta. Una consejera no puede limitarse a firmar las resoluciones que los funcionarios le ponen sobre la mesa. Debe actuar en impedir un problema que afecta a las arcas públicas, al patrimonio natural de la isla y que hace un año no existía. A no ser que fuera la propia Consejera la responsable de este desaguisado”, concluyó Hidalgo.
