Los notarios que ayudan a desenredar los registros de las casas sepultadas por la lava

Sentado en un banco de la plaza de España en Los Llanos de Aridane y con la mirada concentrada en sus papeles, Emilio ultimaba los datos en los documentos que debía presentar en una de las tres oficinas notariales habilitadas en La Palma, creadas tras la erupción para ofrecer asesoramiento y apoyo legal a los damnificados por el volcán. “A mi finca se la llevó la lava en La Laguna. Todo esto es para llevársela al notario, para que haga un expediente”, explica, pero “al verdadero, como digo yo, el de los Llanos de Aridane”.

Se refiere a Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias y que ahora ejerce como voluntario en la oficina de su municipio natal. Allí, atiende a decenas de personas al día junto a dos compañeros más; asegura que ya han gestionado “centenares” de casos similares al de Emilio. “Los que vienen son los que están en las peores situaciones”, resume.

La función principal de los notarios distribuidos en las oficinas de los municipios de Los Llanos de Aridane Tazacorte y El Paso es facilitar documentación que acredite a las personas afectadas los derechos que tenían sobre bienes inmuebles y el estado en el que se encontraban en el momento que llegó la lava. La atención se presta para aquellas personas que carecen de documentación, por supuestos como no regularizar la edificación o perder sus escrituras con la lava; pero también para los afectados que sí presentan papeles.

“Puede ocurrir que uno tenga una escritura pública, por ejemplo, que hable solo de un terreno y sobre ese terreno se puede haber construido una casa, un estanque o una plantación de plataneras”, explica Cavallé. En este punto, remarca la importancia de dejar constancia de su existencia y de quienes son sus titulares, porque “a veces ocurre que el terreno, por ejemplo, era de los padres, pero el que ha hecho el edificio ha sido el hijo, con el consentimiento de sus progenitores”. 

Y para otorgar una indemnización, Cavallé señala que “es bueno determinar” quienes eran los dueños y quienes los constructores. De lo contrario, se puede generar “un lío” y las administraciones “no pueden dar dinero a lo loco”. Como ejemplo, expone una situación hipotética en la que se le abone una indemnización a una persona por perder su vivienda y luego aparezca otra diciendo que es el titular. “Se generaría una situación bastante complicada”, añade.

Para resolver todas estas cuestiones, en las oficinas se practican pruebas de testigos y documentales para llegar “a la conclusión y al convencimiento”, detalla Cavallé, para que el notario emita “un juicio en el que declara que es notorio que esa persona tenía derechos en esa situación”. Y obtendrá “un documento público en el que está detrás el Estado” con el que podrá “justificar de manera fehaciente” su titularidad sobre bienes inmuebles.

Este último paso es el único que le queda por salvar a Emilio, quien ya ha acudido “una tres veces” al local, ubicado en el Real Casino de Aridane y cedido por el Ayuntamiento al Colegio Notarial de Canarias, porque siempre le faltaba “algún dato”. Para tener el documento que acredite de forma oficial que sus terrenos, donde plantaba aguacates y plátanos, son suyos, tan solo le queda esperar a que le vuelvan a llamar de la oficina para entregarle el expediente y acudir con dos testigos “para que firmen como que la finca es esa y está situada en tal sitio”.

Después de este paso, los notarios deben publicar un edicto que estará expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante 20 días laborables “por si alguien tiene que decir algo”, explica Cavalle, para “evitar cualquier tipo de usurpación”, añade. El objetivo es ofrecer todas las garantías posibles en las circunstancias actuales. Para ello, los notarios cuentan con las herramientas necesarias, pues ya existían documentos que permitían hacer este tipo de expedientes.

Entre los casos más habituales, el decano de los notarios de Canarias expone, de manera general, el “de personas que no tenían documentada su propiedad y otros que lo tenían a medias”. Por ejemplo, “el padre tenía escrituras, pero no tenía ninguna en la que hubiera hecho una donación al hijo y este, a su vez, hubiera declarado su construcción. A esos casos hay que darles respuestas que sean rápidas partiendo de la realidad actual, porque esas fincas, a efectos prácticos, es como si hubieran desaparecido”.

Precisamente, las hermanas Sandra y Concepción acudían por primera vez a la oficina por una vivienda que perdieron en Todoque. “Solo aparecía registrada la casa, no el terreno”, explican. Al poco de entrar, salían con papeles y hablando sobre lo que debían traer la próxima vez que acudieran al local. 

María, evacuada de La Laguna, ya ha sido atendida junto a sus hermanas por una casa y una huerta con árboles frutales que su madre les dejó en herencia. “Puso en el testimonio: hagan lo que ustedes quieran”, cuenta, riendo. “Nos dijeron lo que teníamos que traer y lo estamos arreglando todo por si nos lo piden para las ayudas” y porque “lo queremos legal”, señala.

Voluntarios

La idea de crear las oficinas surgió de los propios funcionarios públicos desde el momento en el que comenzó la erupción del volcán, con la finalidad de dar una respuesta rápida a los damnificados. A petición del Colegio Notarial de Canarias, el decreto 20/2021 del 5 de octubre posibilitó la creación de tres nuevas notarías coordinadas y dependientes del Colegio Notarial de Canarias y, a su vez, del Ministerio de Justicia. 

El equipo destinado en la Isla se elige de una lista de voluntarios de notarios de toda España, que van rotando, y se les habilita temporalmente para realizar las funciones necesarias en la Isla de forma exclusiva. Además de Cavallé, quien se ha trasladado desde la oficina de Santa Cruz de Tenerife donde trabajaba, los primeros voluntarios han sido el presidente de los notarios en Catalunya, José Marín, y Francisco Cantos, que desempeña el cargo homólogo en Valencia.

Expropiaciones con ayudas

Cavallé destaca que durante sus atenciones le ha llamado la atención “la dignidad con la que lo llevan los afectados, con entereza” a pesar del dolor que supone perder “un valor económico”, pero “también sus sueños, sus ilusiones y su forma de vida”. Y añade que “ahora hace falta que también sea digno de admiración la respuesta por parte del Estado”.

En este punto, se aventura a proponer posibles soluciones, ya que considera que “reconsturirlo todo es imposible, ¿cómo se crea un alcantarillado en roca dura?”, pregunta. Para las personas cuyas edificaciones han quedado sepultadas por la lava, propone establecer indemnizaciones a través de expropiaciones con ayudas, es decir, “que el afectado reciba un dinero equivalente al valor real que tenía el bien al momento de ocuparse por la lava”. 

Y para obtener el valor de los bienes inmuebles, los notarios también están recabando registrando información, “para que, llegado el caso, se pueda hacer una valoración muy ajustada a la realidad”, afirma Cavallé. Además, plante que se recalifiquen los terrenos afectados con una reforma que facilite los trámites de la normativa de la Ley de Suelo para que se permita construir. 

También remarca la importancia de efectuar una reforma fiscal, para que no se sancione a las personas que reconstruyen, y establecer beneficios fiscales para evitar que la gente se vaya de la Isla, como bonificaciones en impuesto sobre la renta y de sociedades, que sean más pequeños que en el resto de España.