Las Palmas de Gran Canaria trata de resolver sus graves problemas de limpieza externalizando el servicio

La basura rodea los contenedores de la capital grancanaria. El Ayuntamiento pretende externalizar el servicio y asegura que esto traerá de vuelta la salubridad a la ciudad

En vez de un juicio de valor, ya resulta una verdad irrefutable: Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad sucia, cada vez más. La visión se extiende desde el núcleo urbano del municipio hasta la periferia. Desde las calles menos transitadas a las que más. Hay aceras ennegrecidas, malas hierbas que superan el medio metro de altura y basura y enseres alrededor de los contenedores. El Ayuntamiento considera que el único camino a la salubridad es la externalización del servicio de limpieza, del que resaltó recientemente su porcentaje de bajas de larga duración, en torno al 20%, y cuyo salto a la empresa privada defiende por una cuestión legal y económica. Pero el problema, según la hemeroteca de los últimos años, no parece estar solo en el dinero, sino en un cúmulo de falsas promesas, plantillas mermadas y mala organización que hacen de la capital grancanaria un cóctel perfecto para que brote la suciedad en los barrios.

La cuestión de la limpieza la ha ido arrastrando el Consistorio capitalino que lidera Augusto Hidalgo (PSOE) junto con Nueva Canarias (NC) y Unidas Podemos desde hace tiempo, como llegó a reconocer uno de sus concejales, Pedro Quevedo (NC), en 2019. Pero ha sido al final de este verano cuando la oposición ha comenzado a utilizar este asunto como arma arrojadiza contra el Ayuntamiento por la acumulación de las quejas vecinales, de las cuales seis de cada diez en el último año han sido por la falta de limpieza, y los planes ya firmes de Inmaculada Medina, responsable del área, de externalizar el servicio en algunos distritos de la ciudad y así dejar de rendir cuentas ante la ciudadanía.

El servicio municipal de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un presupuesto anual de 50,7 millones de euros, según los últimos datos de 2019 ofrecidos en la web del Ayuntamiento, y una plantilla de 478 trabajadores municipales distribuidos entre los departamentos de Limpieza viaria, Recogida de residuos sólidos y Cuadrillas especiales, más 145 plazas vacantes. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que acordaron en 2019 el Consistorio y los sindicatos elevaba el número total de empleados fijos a 1.100 (casi el doble que el que hay actualmente), que se alcanzaría de manera gradual en los próximos años. Hidalgo reconoció por entonces que con ese número de operarios “por primera vez hay esperanza para la limpieza de la ciudad”.

Y no le falta razón. La capital grancanaria es una ciudad sucia hoy, pero también hace dos años, cuando la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó su último estudio sobre las condiciones higiénicas de las ciudades españolas. Las Palmas de Gran Canaria, con una satisfacción global de sus vecinos de 46 sobre 100 (suspenso), obtuvo 10 puntos menos que en 2015 y cayó al puesto 40 de las 60 urbes más habitadas del país, entre las que se incluyen a todas las capitales de provincia.

Se puede hacer una comparación razonada con Bilbao, una ciudad con prácticamente el mismo número de habitantes que Las Palmas de Gran Canaria, alrededor de 350.000, pero la mitad de su superficie (poco menos de 50 kilómetros cuadrados), que obtuvo una nota de 77, la tercera mejor. La clave en la localidad vasca es que solo en limpieza viaria, por ejemplo, suma cerca de 800 trabajadores. La capital grancanaria, por su parte, no llega ni a 300.

Pero no todo se arregla llenando las calles de barrenderos o camiones de recogida de desechos. El portavoz de Co.bas en Limpieza Viaria, César Santana, también se acuerda de la “mala organización” que existe dentro del equipo de trabajo, sobre todo en los últimos meses, y que si la plantilla no se ha podido ampliar como había prometido el Ayuntamiento, son otras las soluciones que deben buscar para frenar las llamadas de atención de la población.

Ponen como ejemplo que, en lugar de colocar a un solo barrendero por distrito, con todo lo que eso conlleva, sería más eficiente organizar brigadas de cinco o seis operarios para limpiar una zona cada día, dejarla reluciente y empalmar el resto de regiones de esa forma, enterrando la idea de que haya un trabajador por barrio durante toda la semana. “Es lo que hemos pedido. Que no haya gente sola. A lo mejor, en esta situación, me sale más rentable barrer un vecindario diferente cada día”, agrega Santana. 

“Esta situación”, a la que hace referencia el portavoz de Co.bas en Limpieza Viaria, es la que reúne a una plantilla de limpieza escasa, con una media de edad bastante elevada en la que la franja poblacional con más integrantes, por lo menos en 2016, era la de entre 51 y 55 años (113), y unos datos de bajas laborales nada desdeñables, con 94 fuera del servicio, un 19,66% del total. Lo que hace necesaria una ampliación de operarios para parchear los boquetes que vayan surgiendo y cubrir los turnos de los fines de semana, que se venían haciendo con las horas extras que muchos trabajadores ya han cubierto (el máximo son 80 horas anuales). 

En enero de 2020, la Concejalía de Limpieza aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 187 trabajadores de limpieza viaria que tenían contratos temporales a punto de vencer. Los trabajadores afectados acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), que en su sentencia declaró que el despido no se había ajustado a derecho. El comité de empresa recurrió al Tribunal Supremo para intentar que se reconociera la nulidad del despido y el Ayuntamiento tuviera que readmitirlos. El Alto Tribunal aún no se ha pronunciado. Se espera que lo haga este mes de octubre.

​​La merma de personal también afecta al servicio de recogida de residuos sólidos, que cuenta con una plantilla de 167 trabajadores municipales, entre fijos e indefinidos. La ciudadanía en la capital debe esperar más de un mes a que los operarios acudan a su domicilio para recopilar los enseres y trasladarlos al punto limpio, lo que deja en ocasiones escenas de contenedores rodeados de sofás, camas, bidés, mesas o puertas que obstaculizan el paso en algunos puntos de la ciudad.

Rafael Hernández, presidente del comité de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, critica que tres meses después del ERE, durante la pandemia, “con la excusa de no tener personal”, el Ayuntamiento contrató por el procedimiento de emergencia a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) “para prestar servicios de recogida de residuos en zonas que solían ser gestionados por empleados públicos”. 

En la ciudad hay áreas en las que trabajan operarios municipales y otras designadas para entidades privadas, como los sectores Vegueta-Triana, Puerto-Guanarteme e Isleta. En la capital hay 372 trabajadores de limpieza externalizados; 266 barrenderos y 106 en recogida de residuos. 

“La concejala está enviando a los empleados públicos a las zonas periféricas de la ciudad, que son más complicadas porque los contenedores están más dispersos y hay que recorrer más distancias. El grupo político actual nos está dejando morir para tener una excusa para privatizar”, señala.

En qué se escuda el Ayuntamiento para externalizar

El Ayuntamiento defiende que con la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo en 2019 se logró atender “una demanda de más de 30 años”. Sin embargo, el Consistorio hizo la promesa de alcanzar 1.100 trabajadores públicos en limpieza sin saber que no podía. El año pasado, presentó una oferta pública de empleo con 247 plazas, pero en pleno proceso de tramitación del expediente y documentación, la Delegación del Gobierno le informó que no se podían convocar todas las plazas por la tasa de reposición.

Esta medida, incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, fija la cantidad de empleados públicos que puede incorporar una administración en base a las plazas vacantes, ya sea por jubilación, por renuncia voluntaria o fallecimiento. “Solo nos dejaban contratar siete plazas, una cifra insuficiente para lo que merece la ciudad”, agrega el Ayuntamiento. Según manifiesta una abogada especializada en contratación en el sector público, las administraciones están desesperadas por engordar sus filas de personal. Y no pueden, principalmente, por la tasa de reposición. Castilla-La Mancha, de hecho, ha exigido recientemente al gobierno central que elimine esta cláusula por ser “una barrera para la contratación”.

Ni siquiera es posible contratar a través de planes de empleo. “El problema se origina porque no podemos sustituir a los trabajadores que se jubilan y son laborales indefinidos porque no entran en la tasa de reposición y no podemos convocar plazas”, sostiene el Consistorio.

Ante esta tesitura, asegura que buscó “la mejor solución posible”: la externalización del servicio. “Con esta propuesta, reforzamos el servicio, garantizando la salubridad y la calidad en todos los barrios, atendiendo a la ciudad como se merece y garantizando la municipalidad de los trabajadores. Ninguno dejará de ser municipal ni pasará a la empresa privada. Incluso hemos mejorado las condiciones laborales de los trabajadores”. No obstante, es difícil precisar que el salto a la empresa privada marcará el punto y final a los problemas de insalubridad, puesto que ya hay un número importante de trabajadores externalizados en la capital y no ha habido cambios a mejor.

El Ayuntamiento justifica que la decisión de externalizar incluso abarata el servicio. En base al informe de propuesta de contratación de recursos externos en limpieza viaria para los barrios de Arenales, Alcaravaneras, Schamann y Escaleritas, el Consistorio asegura que el coste asciende a 2.9 millones de euros, mientras que cifra en 4,3 millones el gasto que supone ofrecer el servicio con empleados públicos. Los 87 operativos que estaban designados en la zona pasarían a la zona alta y el extrarradio de la ciudad para ser sustituidos por 58 trabajadores y cuatro mandos capataces de una entidad privada. 

Sin embargo, este cálculo del Ayuntamiento contradice lo que, de manera general, sucede cuando se opta por dar concesiones a empresas privadas. Según un informe de la OCU, este es el modelo mayoritario que se usa en España para el servicio de limpieza y, aunque no determina una mayor satisfacción, sí tiene relevancia en el presupuesto municipal destinado a estas tareas: el gasto medio por vecino se eleva de media a 68 euros cuando es gestionado por una empresa privada, frente los 48 euros que destinan los ayuntamientos que lo gestionan de forma directa.

Aunque el Ayuntamiento insiste en diferenciar la privatización de la externalización y remarca que “el personal municipal, mientras siga este gobierno, seguirá siendo municipal”, el presidente del comité de Limpieza Viaria, Marcos García, percibe que, con las últimas acciones, la Concejalía “ha dejado que el servicio se deteriore, mermando los efectivos en la calle, sin invertir en maquinaria, precisamente, para tener la excusa justa que le permita decir que solo le queda esa opción”.

Hernández añade que están a la espera de que se pronuncie el Supremo sobre el despido de los 187 barrenderos y, para consensuar próximas medidas, convocaron una asamblea general de trabajadores. “Se iba a celebrar este viernes; ​​solicitamos un local al servicio y nos la denegaron. Presenté una denuncia en la comisaría de la policía porque están atentando contra los derechos de los trabajadores”, concluye.

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