Personal público demanda al Gobierno canario ante el TSJC para que cumpla con el acuerdo contra la temporalidad

Trabajadoras públicas temporales en una manifestación en Canarias

Efe

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El comité de huelga de los empleados públicos del Gobierno de Canarias ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC) para exigir que se cumpla el acuerdo que firmaron en abril del año pasado para la estabilización del personal temporal. Los empleados públicos ya hicieron una reclamación administrativa previa a esta demanda el pasado 8 de abril, de la que no han tenido obtenido respuesta, ha informado la representante del comité de huelga Yolanda Cívicos.

Este jueves han vuelto a concentrarse ante la sede de la Presidencia de Gobierno de Canarias para exigir la solución pactada.

Los trabajadores se quejan de que el Ejecutivo pretende reducir la temporalidad en el empleo público al margen de lo firmado y acordado con el comité de huelga, razón por la que se ha presentado la demanda ante el TSJC, ha asegurado Cívicos. “El acuerdo no se ha ejecutado en los términos que se firmó, algo que niega el Gobierno de Canarias, que tampoco ha enviado ninguna notificación formal al respecto al comité”, ha manifestado la representante del comité de huelga.

El Gobierno de Canarias entiende que sí se ha cumplido el acuerdo, porque ha identificado a todo el personal afectado por abuso de temporalidad, entendido como aquel que ha estado más de tres años en un puesto estructural. Sin embargo, no ha facilitado el listado completo de todos los trabajadores, ha asegurado Cívicos.

El acuerdo firmado con el comité de huelga incluía también la búsqueda de una fórmula jurídica que permitiese la continuidad de todo el personal afectado en su puesto de trabajo. Sobre este punto, el comité presentó varias opciones viables jurídicamente, pero el Ejecutivo las descartó, afirman los trabajadores. “El Gobierno dilató el conflicto a la espera de una solución impuesta desde Madrid para los trabajadores de todo el Estado con una hoja de ruta muy clara y un tiempo y criterios establecidos al margen de la comunidad”, según Cívicos.

Además, sostiene, la ley estatal no permite que todo el personal afectado continúe en su puesto de trabajo, y se prevé que no se conceda estabilidad a alrededor de un 20% del personal en abuso de temporalidad, lo que no coincide con lo establecido en el acuerdo. “La ley no ofrece solución al problema generado en todos estos años de atrás ni establece indemnizaciones disuasorias para evitar el abuso en la contratación temporal”, entre otros aspectos que el comité de huelga crítica.

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