Piden cuatro años de prisión para dos jóvenes acusados de cometer un 'secuestro exprés'
El fiscal pide cuatro años de prisión para dos jóvenes de 24 años que serán juzgados este lunes acusados de secuestrar al encargado de la obra en la que trabajaban para que les pagara el sueldo que les debía la empresa.
Según las conclusiones de la Fiscalía, Antonio David S.H. y Jonás Rayco M.O., fueron a las 8.00 horas del 27 de abril de 2005 al lugar donde se realizaban las obras, en un edificio situado en Primero de Mayo número 37 de la capital grancanaria, para entrevistarse con algún encargado de la empresa Reformas de Pinturas y Fachadas, SL.
Como no estaba ninguno de ellos, fueron a un bar de la calle Domingo J. Navarro y, sobre las 9.00 horas, encontraron a Andrés B.R., uno de los responsables de la obra, al que agarraron por los brazos y lo sacaron del local a la fuerza.
“Esto es un secuestro exprés”, exclamó el primer acusado, mientras que el segundo le increpó “cállate si no quieres que te pase algo”.
Sin soltarlo un momento, explica, caminaron por varias calles hasta llegar al barrio de San José, donde pararon, sentaron al retenido en la acera y le ataron las manos a una valla con cordones de zapatos.
El teléfono del secuestrado sonó y uno de los acusados contestó a Francisco Javier T.A., administrador de la finca en la que trabajaban, quien había llamado tras haber sido alertado de lo sucedido.
El acusado aseguró que tenían secuestrado al encargado y exigió que le pagaran lo que se les debía, lo que también pidió a Miguel Ángel M.C., otro encargado de la obra, al que añadió que si no se les entregaba el dinero, el secuestrado no aparecería.
Contra su voluntad, el encargado retenido fue llevado por los jóvenes a un viejo recinto de la Batería de San Juan, donde comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal, por lo que los acusados llamaron a una ambulancia que lo llevó al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria.
La Fiscalía determina que se trata de un delito de secuestro y pide para cada uno cuatro años de cárcel y el abono de 6.000 euros por perjuicios morales.
