Los datos de pobreza vuelven a azotar Canarias: la tasa de exclusión social se sitúa en un 40%
Los datos de pobreza vuelven a avergonzar a Canarias. Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, esta comunidad autónoma tiene una tasa de exclusión social y pobreza del 40%, y solo se sitúa por detrás de Extremadura. En concreto, más de 840.000 personas residentes en Canarias (de los 2 millones de habitantes), prácticamente sin diferencias por sexo, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
El dato de pobreza sí que se ha reducido en 4,5 puntos, por lo que se han vuelto a alcanzar los datos anteriores a la crisis. Sin embargo, sigue siendo una cifra alarmante (un 30,5 % de su población), lo que supone casi 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional y es el tercero más alto de todas las regiones, sólo inferior al de Andalucía y Extremadura.
Además, el 19,2% de la población menor de 60 años que reside en Canarias, unas 320.000 personas, vive en hogares con baja intensidad de empleo. La cifra es 6,4 puntos superior a la media nacional (que se encuentra en un 12,8%) y es la segunda más alta de todas las comunidades autónomas. Por sexos, la evolución de la tasa de personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo ha sido parecida, aunque algo superior entre los hombres.
Entre los datos más llamativos del informe, que se ha hecho público este martes, destaca que Canarias es la comunidad con mayor tasa de personas que viven en condiciones de Privación Material Severa. Es decir, se ha incrementado el número de personas que no pueden hacer frente a al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos en Europa.
Concretamente, en este aspecto, la tasa se sitúa en un 13,6%, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas, “dos veces y media más elevada que la media nacional, y responde a un proceso de crecimiento que, con pequeñas interrupciones, se ha mantenido desde el año 2010”, recoge el informe.
El apartado hace referencia, por ejemplo, al porcentaje de personas que no pueden permitirse una comida de proteínas cada dos días, que no pueden mantener la vivienda con temperatura adecuada o a aquellas que se han retrasado en el pago de gastos de la vivienda principal.
En este indicador sí que se ha reducido el número de personas que no pueden permitirse coger unas vacaciones al menos una semana (34,3%), las que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (36,6%) o quienes no pueden permitirse disponer de un automóvil (4,7%). No obstante, con respecto a las medias nacionales, excepto en el caso de aquellos que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (8 %), todos los demás apartados mantienen cifras más altas.
El informe también destaca el grupo de personas que no puede permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días (16,6%), cuyo tamaño porcentual multiplica por cuatro el registrado por la media nacional y el grupo de personas que tiene retrasos en el pago de gastos de la vivienda principal (20,2%), que lo hace por dos y medio. Sí que ha disminuido el número de personas que no pueden permitirse un ordenador. No obstante, esta última tasa es 2,2 puntos más elevada que la media nacional (43,3%).
La población que experimenta dificultades para llegar a fin de mes se ha reducido con respecto al año anterior. El total de personas que experimentan dificultades ha pasado del 76,3% al 61,5%, con una reducción del 19,4%. También ha disminuido el grupo que lo hace “con mucha dificultad”, que ha bajado 17 puntos con una reducción del 46,5%. Unas cifras que se mantienen todavía a bastante distancia de la media nacional.
A pesar de estos datos, el Gobierno de Canarias se ha negado a implantar una renta básica para combatirla a pesar de que lo han solicitado partidos como Nueva Canarias o Podemos.
Al riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias también se le suma la dificultad para acceder a una vivienda digna. La subida de los alquileres, la falta de regulación del alquiler vacacional, unido a la paralización del parque público de viviendas hace que haya aumentado el número de personas sin hogar, es decir, no solo las que pernoctan en la calle sino aquellas que no pueden acceder a una vivienda digna.
En el conjunto de España, el riesgo de pobreza y exclusión social ha caído por tercer año consecutivo en España hasta el 26,6%, 1,3 puntos porcentuales respecto a 2016, aunque sigue afectando en términos absolutos a 12.338.187 personas.
