Las secuelas de la crisis, la falta de política de vivienda y de prevención cronifican los casos de personas sin hogar

Las secuelas de la crisis económica persisten en la sociedad canaria, una de las comunidades con mayor índice de pobreza y riesgo de exclusión social (con una tasa del 30,5%) según datos del INE. Una de sus principales consecuencias se manifiesta en la dificultad para acceder a una vivienda digna, lo que ha generado que surjan nuevos perfiles de personas sin hogar en la capital grancanaria y que complica la solución al problema. A estos nuevos casos, en los que se contabilizan familias enteras que necesitan de la ayuda de los servicios sociales o de ONG como Cáritas para no tener que pernoctar en la calle, se suman las que sí duermen a la intemperie y que, según los datos del Ayuntamiento, suelen rondar en torno a 90 personas. Un colectivo sobre el que no se puede generalizar un mismo perfil y que representa el último eslabón de la cadena que dibuja la desigualdad en Canarias y con quien se necesita que las administraciones públicas extremen sus esfuerzos.

La realidad de que haya decenas de personas durmiendo a ras del suelo, entre cartones o en cajeros, sigue siendo un tema tabú. La mirada se suele bajar cuando se pasa al lado de estas personas que se asientan principalmente, según datos del Consistorio, en la zona Puerto y en el centro de la ciudad, principalmente motivadas porque son puntos de mayor tránsito, por el comercio y donde se encuentran los recursos a los que poder acudir durante el día. Hay distritos que están más alejados y en los que, aun así, hay contabilizadas algunas personas, como es el caso de Tamaraceite, donde se tiene constancia de una. Sin embargo, las estimaciones siempre son aproximadas, ya que los recuentos exhaustivos, y de forma oficial, se realizan dos veces al año, aunque los trabajadores sociales también hacen trabajo de campo por las mañanas.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuenta actualmente con tres centros para personas que están en esta situación. La puerta de entrada es el de Gánigo, y para quienes su proceso de reinserción está más avanzado existe el centro del Lasso y el de La Isleta. Sin embargo, estos recursos no son suficientes y a ello se suma también la labor de Cáritas, tanto con su centro de acogida Mafasca, como con sus comedores y ayudas desde la red de parroquias. También destaca el centro de la Obra Social de Acogida y Desarrollo. Cruz Roja, aunque no dispone de instalaciones donde hospedar a personas sin hogar, sí cuenta con un programa específico para el colectivo sin techo, con el que realiza un proyecto específico de acompañamiento.

Tanto el Consistorio, como Cáritas y Cruz Roja definen como compleja la situación de las personas que se encuentran en calle e insisten en no generalizar. Hay un porcentaje que lleva hasta siete años en esta situación, un callejón aparentemente sin salida fruto de sus circunstancias personales y de la falta de mayores recursos de prevención que impidan llegar a esta situación. Además, según los datos que maneja el Consistorio, en su mayoría son hombres de más de 51 años y de nacionalidad española. Con las mujeres se extreman las precauciones ya que suele ser víctima del abuso del hombre además de los propios peligros que ya supone vivir en la calle. En el último recuento del Ayuntamiento, se tenían contabilizadas a nueve.

Jennifer Montesdeoca, responsable del área de Vivienda de Cáritas en Las Palmas de Gran Canaria, explica que no se puede tratar el tema desde la superficialidad y añade que es cierto que hay un grupo de personas que se encuentran en situación de calle y que tiene problemas de adiciones o salud mental, como recuerda el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, pero no se puede generalizar. También subraya que muchas veces, desde fuera, se realiza un análisis muy poco minucioso y se puede pensar que un centro es la mejor opción para estas personas. Hay quien no quiere verse encerrado o que ha entrado en el círculo de la calle desde hace tantos años que es el modo de vivir que conoce. “A nadie le gusta que lo encierren”, matiza la trabajadora social de Cáritas. Con ello, insiste en que el perfil es muy amplio y las circunstancias diversas.

Un problema con varias vertientes

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que crece y en la que, a medida que esto sucede, se convierte uno de los puntos donde más se siente la cadena de recortes que vino llevando a cabo el Gobierno estatal desde el año 2008 por la crisis económica, unida a la falta de políticas sociales del Ejecutivo Regional y los recursos insuficientes con los que cuenta el Consistorio. A ello se le suma que es la ciudad donde más recursos hay y a la que se acercan personas en esta situación de otros municipios. El concejal Jacinto Ortega cree que sí que se han sentado las bases para tratar de hacer frente a un problema que considera que nunca va a tener una solución radical, ya que la pobreza se incrementa en todas las grandes ciudades del mundo. No obstante, defiende que en este mandato se ha impulsado un plan integral y sostiene que hay esperanza ya que en los últimos años se han conseguido reinsertar a 137 personas al sistema, de las que 79 consiguieron un empleo a través de planes de inserción laboral y social. 58 de ellas, sostiene, fueron contratadas por los servicios de limpieza del Ayuntamiento. Además, aclara que el futuro centro de día para personas sin hogar ayudará a aliviar la carga de otros como Gánigo y permitirá dotarle de duchas, servicios, taquillas…

La calle hace que estas personas se vean expuestas muchas veces a situaciones peligrosas y sufran el desprecio y los insultos de otros vecinos. No obstante, la respuesta es amplia y también reciben la ayuda de parte de la ciudadanía. La falta de prevención y el hecho de que los recursos no lleguen a todos, por distintas razones, influye en que en ocasiones no cuenten con lugares cerca para poder hacer sus necesidades fisiológicas, lo que ha generado quejas en algunos puntos de la ciudad. Uno de los focos en los que los vecinos han mostrado su malestar en este sentido es en la calle Pérez Galdós, donde ha intervenido la Policía Local en varias ocasiones. También en la zona de Guanarteme, donde hay una persona con problemas de movilidad que pernocta allí y que también se ve en muchas ocasiones sin la posibilidad de acceder a un baño.

Los expertos insisten en que es necesario hacer más pedagogía para la sociedad, pero especialmente enfocada a los partidos políticos y a la administración pública para que este asunto no se utilice como arma política ya que si una persona tiene estos comportamientos es porque carece de recursos o sufre algún tipo de problema de adicción o salud mental y, en cualquier caso, es la víctima. Las ordenanzas municipales, de cualquier ciudad, no prohíben que una persona pernocte en la calle y la Policía Local no puede obligarlas a dormir en un centro. Lo que sí puede hacer el Ayuntamiento son seguimientos de control e informar sobre las alternativas que existen.

Sobre las alarmantes cifras que suele dar el PP, desde Cáritas se matiza que de las 370 personas que atendió en el primer semestre de este año, la gran mayoría no pernocta en calle, sino que tienen problemas de acceso a una vivienda. Montesdeoca recuerda que con una pensión no contributiva de 300 euros es muy difícil que alguien alquile una casa. Tener un recuento minucioso del ‘sinhogarismo’ es difícil en el sentido de que hay personas que comparten habitaciones con las ayudas sociales o de ONG, que viven en pensiones o que van rotando en casas de amigos y familiares, una realidad que se ha vuelto invisible pero que también está presente.

Tener DNI o acceder a medicamentos, otra de las dificultades

Con las personas que sí viven en la calle también lleva a cabo una gran labor Cruz Roja, que a través de su programa de acompañamiento a personas sin techo, realiza un trabajo de mediación para informar de esas alternativas que existen. El responsable de este proyecto es Maximiano Pulido quien junto a otra compañera trabajadora social coordinan la atención a estas personas. Ofrecen desde ayuda para hacer el DNI, hasta chófer para traslados a médicos o a los centros donde puedan ducharse o hacer sus necesidades. El objetivo es que estas personas al menos tengan un mínimo de prestaciones como mantas, ropas, un calzado cómodo, medicamentos… Así mismo, en las propias instalaciones de la ONG se llevan a cabo actividades lúdicas como cine, conferencias… y el último lunes del mes cortan el pelo.

El trabajador social subraya que hay personas que no se acercan a pedir ayuda también por vergüenza o porque nunca pensaron verse en esa situación. Por ello, cree que hay que insistir y ser constantes para llegar a ellas. Todas las mañanas la ONG sale a conocer las necesidades que puedan tener estas personas. Pulido cree que hay esperanza y que con que una de las tantas personas con las que trabajan pueda cambiar su vida habrá valido la pena.

La responsable del área de Vivienda de Cáritas subraya que las administraciones públicas no deben rendirse y concienciarse de que ante todo quienes viven en la calle son personas con unos derechos que hay que hacer efectivos. Sostiene que mientras no se solucione el problema de la vivienda va a ser muy difícil ponerle solución al tema que afecta no solo a quienes viven en plena calle. “La administración pública debe tener en cuenta a este colectivo, que existe y tiene derechos”. A su juicio, un modelo a seguir podría ser el que se ha empleado en muchos países europeos, el ‘housing first’, es decir, garantizar a las personas primero un piso y, a partir de ahí, trabajar en su inserción social. No obstante, es consciente de que se trata de una medida que ahora mismo en Canarias no podría aplicarse por la falta de vivienda. Así mismo, recuerda que muchas veces lo que necesitan estas personas es algo tan básico como ser escuchados.