El presidente del TSJC rechaza ''rotundamente'' las denuncias sobre la falta de independencia
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, rechazó “rotundamente” este viernes, en la inauguración del año judicial 2009-2010, “cualquier afirmación, denuncia o insinuación sobre la falta de independencia e imparcialidad de los miembros de la carrera judicial”.
Así lo manifestó Castro en su discurso, en el que afirmó que estas denuncias que ponen “en duda la preparación e independencia de los componentes del poder judicial” son rechazables “ya provengan de miembros de otros poderes públicos, como de notas de prensa o artículos publicados en algunos medios de comunicación”.
El presidente del TSJC hizo así “una llamada a la prudencia y al respeto de todos los poderes públicos, instituciones y medios de comunicación hacia el poder judicial”, al considerar que “no se puede contribuir desde ellos a minar el grado de confianza social que el Poder Judicial tiene entre los ciudadanos”.
“La legitimidad social es un presupuesto imprescindible de una institución básica para la convivencia, por su papel de garante de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. El respeto a la jurisdicción, a la competencia del órgano judicial, a la independencia de quienes lo integran y a las reglas del proceso constituyen uno de los pilares que sustentan nuestra organización social”, refirió el presidente del TSJC.
Necesidad de un Poder Judicial “auténticamente independiente” y “respetado como tal”
En los mismos términos se pronunció el Fiscal Jefe de Canarias, Vicente Garrido, quien invitó a reflexionar sobre el papel que juegan los partidos políticos y los medios de comunicación en la sociedad democrática avanzada como la actual, que necesita, dijo, “de un Poder Judicial que sea auténticamente independiente que sea respetado como tal”.
Vicente Garrido recordó que el Ministerio Fiscal está integrado, con autonomía funcional, en el poder judicial, por lo que goza, de la misma característica de no sometimiento e injerencia alguna externa, ejerce sus funciones por medio de órganos propios, sin más vinculación que la legalidad desde la imparcialidad.
Agregó que la Constitución Española establece que la Fiscalía debe velar por la independencia de jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones mediante los mecanismos procesales que la propia ley señala.
“El respeto a las decisiones del poder judicial, como a la actuación de la Fiscalía, ha de ser sincero y recíproco: un respeto que admite la crítica, pero que no debe desvirtuar la esencia misma del funcionamiento de las instituciones; una crítica que debe conocer en profundidad los medios y procedimientos con los que trabajamos día a día, cuya mejora o reforma no nos corresponde a nosotros acometer; una crítica que debe entender que los jueces y fiscales no podemos utilizar los mismos instrumentos con los que otros nos examinan por la singularidad de las funciones que desempeñamos, en definitiva, una crítica que exige un permanente esfuerzo de rigor, prudencia y lealtad por parte de todos”, aseveró.
El Fiscal Jefe de Canarias confió, no obstante, “en que los ciudadanos, a quienes nos debemos, valoren nuestro trabajo por lo que digamos o lo que hagamos, pero no por lo que a otros les gustaría que dijéramos o que hiciéramos”.
Cada poder “tiene su papel”
Sobre el cuestionamiento de la independencia de los jueces, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó que “en una democracia, cada uno de los poderes tiene su papel”.
“Tenemos que respetarnos entre todos. El Poder Judicial tiene el papel que le corresponde y hay que respetárselo, el Político tiene el suyo, cada uno tenemos nuestro papel. Me han parecido dos intervenciones institucionales muy respetables”, dijo al respecto.
Sobre la situación de la Administración de Justicia en Canarias, el presidente del TSJC, Antonio Castro, dijo que los operadores de las Islas están “esperanzados” en las medidas que se pondrán en marcha en el marco del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia aprobado por el Gobierno español, y deseó que algunas de ellas, como la creación de jueces de adscripción territorial, contribuyan a paliar el déficit “endémico” de jueces de carrera que sufre el archipiélago.
Así, Antonio Castro destacó que en la actualidad existen 17 plazas vacantes de magistrado en Las Palmas y 14 en la de Santa Cruz de Tenerife que han de ser cubiertas por jueces sustitutos, ya que los mecanismos de sustitución interna “no funcionan por falta de incentivos y por la enorme carga de trabajo que pesa sobre los jueces y magistrados titulares, que no pueden hacerse, generalmente, cargo de dos órganos judiciales simultáneamente”.
Canarias, entre las regiones donde demás litigios se presentan
Respecto a las cifras más llamativas de la memoria del TSJC correspondiente a 2008, Antonio Castro destacó que los órganos judiciales de la comunidad autónoma registraron el pasado año una tasa de resolución del 0,97%, lo que situó al Alto Tribunal canario en el quinto lugar de España, junto con el de Andalucía, Asturias y Cataluña.
Esto significa, dijo, que de los 437.822 asuntos ingresados se resolvieron 424.007, por lo que quedaron por resolver 13.715.
El presidente del TSJC recordó, no obstante que “la tasa de litigiosidad en Canarias es una de las más altas del territorio español”, de 210,09 ingresados por cada mil habitantes, lo que sólo superan Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid.
Castro también se refirió a la incidencia de la crisis económica en los juzgados de lo Social y a los buenos resultados que han dado los refuerzos con los que se les ha apoyado, ya que han permitido que, pese a que el número de asuntos ingresados ha aumentado un 30,42%, han pasado de tramitar 18.054 asuntos a 31 de diciembre de 2007 a los 18.042 que se contabilizaban el 31 de junio de este año.
Mención especial merecen los concursos ingresados en los juzgados de lo Mercantil en Canarias, ya que frente a los 61 registrados en 2007, en 2008 se contabilizaron 122, una tendencia creciente que continúa, ya que en el primer semestre de este año se han presentado en los juzgados 113 concursos, de los que 71 corresponden a la provincia de Las Palmas.
