El PSC acusa al Gobierno de Canarias de boicotear la Ley de Dependencia

El Grupo parlamentario Socialista ha denunciado el “boicot” que el Gobierno regional está llevando a cabo sobre la ayuda de 6.402 canarios grandes dependientes. Una estrategia de CC y PP que, según los socialistas, tiene fines electorales.

La diputada socialista Francisca Luengo recuerda que la competencia para evaluar y valorar a las personas en situación de dependencia es de las comunidades autónomas. En este sentido, las 429 personas declaradas con gran dependencia desde la Dirección General de Servicios Sociales únicamente representan el 6,5% de las que deberían ser evaluadas y atendidas a fecha de 31 de diciembre de 2007.

“Las pocas solicitudes y evaluaciones -sostiene Luengo- son debidas a que el Gobierno de Canarias no ha informado a la población ni a los ayuntamientos y cabildos de forma intencionada para decir que la ley promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es un fracaso”. “Tampoco -continúa la diputada del PSC- se ha formado a las personas que tienen que difundir la información en las distintas corporaciones locales. Por tanto, el fracaso de la Ley de la Dependencia en Canarias, tiene un único responsable que es el Gobierno de Canarias”.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el Archipiélago existen un total de 39.938 personas dependientes, de las que 6.402 se enmarcan en el grado III, es decir, son consideradas como grandes dependientes. Según los datos aportados por el Grupo Socialista, este “boicot” a la Ley de Dependencia está impidiendo que cada gran dependiente deje de percibir 1.014 euros mensuales si tiene nivel II -en Canarias un total de 2.273 personas- y 774 euros si tiene nivel I -4.130 canarios-.

Ninguna de las dos “excusas que da el Gobierno para no atender a los grandes dependientes” -el copago y la firma del convenio- es real porque ya están resueltas con el Estado, apunta Luengo. En este sentido, la parlamentaria socialista destaca que en el primer caso -el copago-, las comunidades autónomas seguirán percibiendo del usuario las mismas cantidades que están percibiendo en la actualidad, mientras que en el segundo caso -la firma del convenio-, el Estado no condiciona la entrega de los fondos a la firma de ningún convenio, que incluso adelanta en un 75% con tal de que la comunidad autónoma le remita la relación de proyectos y programas financiados.

Modelo de solicitud

Francista Luengo denuncia el hecho de que el Gobierno de Canarias sólo haya publicado el modelo de solicitud y, a día de hoy, no tiene elaborado el procedimiento de reconocimiento y evaluación del grado de la dependencia. Tampoco tiene elaborada, según los datos de Luengo, la norma reguladora del programa individual de atención, es decir, la que determina la prestación o servicio que corresponde a la persona en función de su grado y nivel de dependencia, ni ha creado la norma que establezca los requisitos de acreditación de los centros.

El PSC-PSOE recuerda que la competencia para evaluar y valorar a las personas en situación de dependencia es de las comunidades autónomas, es por ello que otras comunidades “que sí se toman en serio a sus dependientes están ofreciendo los servicios que les corresponden por ley, tal es el caso de los andaluces o valencianos”. “Por ello -prosigue- animamos a todos los familiares que cada día tienen que cuidar de sus mayores y de las personas que tienen importantes niveles de dependencia a que se acerquen a las puertas del Gobierno de Canarias y le exijan sus derechos para hacer frente al abandono descarado del Ejecutivo de CC y PP”.

Luengo recuerda que uno de los principales objetivos de la Ley es dar cobertura a los grandes dependientes que nunca han recibido asistencia, como es el caso de los mayores que llevan años al cuidado de sus familiares, aunque no se excluye de recibir esta ayuda a los que ya están recibiendo algún tipo de prestación. Las aportaciones del Estado a través de la Ley se añaden a los fondos existentes y por tanto, suponen un incremento en el ejercicio 2007 en una partida independiente ligada a la nueva Ley.

“El Estado ha cumplido con todas las obligaciones que impone la Ley de Dependencia; por el contrario, el Gobierno de Canarias, que cuenta con los recursos económicos necesarios que la propia Ley aporta, prefiere hacer campaña electoral antes que aliviar el sufrimiento de 6.402 personas y sus familias a las cuales se les niega este año la prestación y el servicio al que tienen derecho”, concluye Francisca Luengo.