La reforma del código penal podría ''colapsar'' la justicia
El fiscal superior de la comunidad autónoma de Canarias, Vicente Garrido, ha reconocido que la reforma del código penal, que entrará en vigor el próximo 23 de diciembre, podría generar un “colapso” en la justicia, ya que contempla tipos legales que son tratados con “mayor benignidad” que afectarán a personas que están cumpliendo condena y que podrán ser puestos en libertad.
Garrido, que ha participado en la inauguración de unas jornadas en las que se analizan los nuevos cambios de este código, explicó que los centros penitenciarios están realizando listados con personas susceptibles de estar afectados por la reforma, que afectará a un total de 150 artículos del anterior código, que data del año 1995.
“Si se ha penado con cinco años y el nuevo tipo lo regula con tres años, habrá que revisarlo”, dijo, debido a que el principio de legalidad exige que en estos caso sea aplicada la ley penal “más favorable” hacia el infractor. En estos momentos ya se han remitido a juzgados y fiscalías los nombres de las personas cuyas condenas pueden ser
revisadas.
“Independientemente del colapso no podemos obviar el principio de legalidad”, recordó Garrido, que indicó que las variaciones introducidas responden a un doble objetivo de “adaptarnos a los compromisos europeos y la realidad social”. En este sentido, el fiscal superior precisó que el texto “plasma” esas nuevas realidades sociales.
“La rehabilitación no es la finalidad única, sino que debe coexistir con la seguridad de las víctimas”, motivo por el que se limita la obtención del tercer grado en los delitos contra la libertad sexual o por terrorismo. Además se incluyen medidas, en determinados supuestos, como la libertad vigilada.
Por su parte, el fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Ródenas, destacó que “lo más relevante” del nuevo código es la responsabilidad penal que se les atribuye a las personas jurídicas, así como el aumento de las penas privativas de libertad en los casos de corrupción.
En este sentido, citó “los delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio o el cohecho”. Además se rebajan los delitos por tráfico de drogas y se introduce la posibilidad de perseguir a aquellos que en una red social “bajo una apariencia lleven a cabo acercamientos de tipo sexual a jóvenes menores de 13 años”.
La reforma suprime las penas de prisión para los vendedores del conocido como 'top-manta', endurece las penas contra la ocupación de viviendas y el graffiti, aumenta el control tras la condena, ejerce “mano dura” contra la pederastia, incrementa la condena en los supuestos de piratería marítima o de los conductores imprudentes.
Falso testimonio
El fiscal superior de la comunidad autónoma de Canarias, Vicente Garrido, ha afirmado que “no es habitual” que se produzcan casos de falso testimonio durante los procesos que existen en Canarias, después de que el Ministerio Fiscal planteara esta posibilidad este miércoles durante el juicio por un supuesto caso de agresión sexual en Las Palmas de Gran Canaria.
En este sentido, recordó que la poca frecuencia responde a la advertencia que realiza el tribunal antes de cada declaración. “Si persiste en la mentira y el fiscal entiende que existe falso testimonio, lo remite al juzgado de guardia”.
