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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria coloca en su órgano de control a un decano condenado por falsedad

Juan Manuel Benítez del Rosario es, desde junio, representante de los docentes e investigadores en el Consejo Social, encargado de supervisar la actividad económica y la gestión de la institución

El decano de Economía fue condenado a seis meses de prisión tras reconocer que participó en la simulación de un contrato laboral para permitir que su pareja, de nacionalidad cubana, pudiera regularizar su situación administrativa en España

El rector, Rafael Robaina, sostiene que no se encuentra entre sus potestades la de cesar al decano y que, en cualquier caso, debe ser la facultad quien lo censure

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Juan Manuel Benítez del Rosario,  en el juicio celebrado en julio. (ALEJANDRO RAMOS)

Juan Manuel Benítez del Rosario, en el juicio celebrado en julio. (ALEJANDRO RAMOS)

El órgano encargado de supervisar la actividad económica y la gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Consejo Social, tiene desde el pasado 27 de junio entre sus representantes a un profesor condenado a seis meses de cárcel por falsificación de documento oficial. Juan Manuel Benítez del Rosario, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo (FEET), reconoció en el juicio celebrado tan sólo unos días después de su nombramiento, el 11 de julio, que participó en la simulación de un contrato laboral para permitir que su novia, Mayra Despagne, de nacionalidad cubana, pudiera regularizar su situación administrativa en el país.

Para ello contó con la colaboración de un histórico de la política canaria, José Carlos Mauricio, que comenzó su trayectoria en el Partido Comunista en la clandestinidad para convertirse, dos décadas después, en uno de los fundadores de Coalición Canaria, el partido que ha gobernado ininterrumpidamente en las Islas desde entonces y con el que que se ganó, desde su escaño en el Congreso, el título de "conseguidor" para el Archipiélago durante los gobiernos de José María Aznar.  

Juan Manuel Benítez del Rosario es, desde finales de junio, el representante del personal docente e investigador (PDI) en el Consejo Social. Su designación corresponde al Consejo de Gobierno de la universidad, liderado por el rector, Rafael Robaina, y ha sido ratificada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

La imputación del decano de Economía se conocía desde, al menos, noviembre de 2015. Por ello, el nombramiento de Benítez para el Consejo Social y su aferramiento al cargo tras la condena han generado un profundo malestar en ciertos sectores de la institución. Fuentes universitarias consultadas por este periódico lamentan la imagen que la ULPGC está proyectando hacia el exterior con la continuidad del decano condenado, máxime en una época de crisis reputacional de las universidades públicas como consecuencia de los escándalos de los másters. Es una cuestión de ética, dicen.

“El decano ha manifestado que está a mi disposición”, ha asegurado a Canarias Ahora el rector de la ULPGC. En una escueta contestación por correo electrónico a las preguntas formuladas por este periódico, Rafael Robaina sostiene que entre sus potestades no se encuentra la de cesar a Benítez de su cargo y que, en todo caso, debe ser la propia facultad la que censure al decano y proponga una alternativa. “Yo no he recibido de la facultad ninguna opción que permita tomar alguna decisión sin poner en riesgo el normal funcionamiento de la misma al comienzo de curso”, se justifica el rector, que precisa que la Facultad de Economía, Empresa y Turismo es un entorno donde desarrollan su actividad cerca de 5.000 personas.

Juan Manuel Benítez, a quien aún le resta un año y medio de su segundo y definitivo mandato como decano (el reglamento interno no permite más), afirma no tener ningún apego al cargo. "La condena es por un tema privado, de mi vida personal. Nadie en mi centro ni en la facultad considera que deba dimitir. Estoy a punto de jubilarme. Para mí sería más fácil dejar de ser decano y dedicarme solo a dar clases, pero trabajo para mis estudiantes, hago lo que puedo para que esta facultad y esta universidad sean las mejores".

Dice que ha puesto su cargo a disposición del rector y que ha sido este quien ha respaldado su continuidad al valorar el trabajo realizado en los últimos años. "Me ha dicho que lo he hecho bien". Sobre su incorporación al Consejo Social, manifiesta que se trata de una decisión del Consejo de Gobierno tras una elección "donde todo el mundo vota".

Como representante de este órgano, Benítez deberá velar por el correcto uso de los fondos de la universidad, así como por la eficiencia y la calidad de todos los servicios, incluido el docente. El cargo no lleva aparejado una remuneración económica extra, más allá del pago de las dietas (en torno a los 70 euros) por la asistencia a los plenos y comisiones, con una periodicidad mensual.

Según las fuentes consultadas, Benítez es un importante apoyo del rector en cuestiones controvertidas en el seno del Consejo Social, entre ellas la apuesta de Rafael Robaina por rebajar las normas de permanencia de los alumnos para permitir que no corra la convocatoria para aquellos que decidan no presentarse a los exámenes, al entender que esta circunstancia disminuye la tasa de éxito.

"No soy amigo de Mauricio"

De los hechos probados en la sentencia, reconocidos por el propio Benítez, se desprende que el decano propuso y consiguió que José Carlos Mauricio hiciera un contrato a su pareja, la cubana Mayra Despagne, a través de la Fundación Centro de Estudios Canarios, que el exdiputado nacional presidía, para regularizar su situación administrativa en el país. El vínculo laboral, según la resolución del Juzgado de lo Penal 2 de Las Palmas de Gran Canaria, fue simulado.  

Fue la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional quien abrió la investigación en una operación rutinaria a principios de 2015, al detectar irregularidades en el contrato y comprobar que Benítez no sólo había remitido con anterioridad cinco cartas de invitación para que su pareja pudiera permanecer en el país durante periodos de tres meses, sino que, además, la había empadronado en su domicilio.

Las vigilancias policiales en la sede de la fundación presidida por Mauricio revelaron que la novia del decano no trabajaba allí. La inspectora de Trabajo constató en sus visitas al centro que la fundación no tenía trabajadores ni actividad desde 2013, que la contratada no era capaz de describir cuáles eran sus funciones, que “ni tan siquiera parecía saber usar el ordenador”, y que era su compañero sentimental, el decano de Economía, quien restituía a la fundación presidida por el histórico dirigente canario las cuotas de la Seguridad Social.

Mauricio, el único de los encausados que no confesó su culpabilidad en el juicio, admitió en la vista que formalizó ese contrato para hacerle un favor a su amigo mientras acababa de constituirse otra empresa, el Centro de Estudios Turísticos y Económicos (Ceture), vinculada a ambos y en la que acabaría trabajando la ciudadana de nacionalidad cubana.

Benítez niega cualquier tipo de vínculo personal o de amistad con Mauricio. Cuenta que lo conoció cuando el exdiputado acudió a la facultad a presentar un libro sobre turismo y que fue en ese momento cuando se plantearon crear un centro de estudios para transferir el conocimiento de la universidad a la sociedad. Esta sociedad, Ceture, organizó el Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, con el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y un encuentro entre empresarios y el Embajador de Cuba en España.

Fue, según el decano de Economía, la única actividad de esta empresa. Aunque no lo puede afirmar con rotundidad, cree recordar que Mauricio ni siquiera aparece en los estatutos de la sociedad. "Allí no pintaba nada". Sostiene que Ceture tenía dos sedes, una en San Bartolomé de Tirajana y otra en la propia facultad. Sin embargo, como quedó acreditado en el juicio con el testimonio de los policías que realizaron las vigilancias durante la investigación, Ceture se instaló en la Plaza de Santa Ana de la capital grancanaria, en el mismo lugar en el que tenía su sede la fundación de Mauricio que contrató a la pareja del decano. "A veces iban allí porque era más cómodo y había que traspasar datos bibliográficos", recula y justifica Benítez al ser advertido de esta circunstancia.

El nuevo representante del Consejo Social mantiene que la sociedad está inactiva desde hace dos años, que hasta hace 20 o 25 días tenía firma en el banco, pero que ya se ha dado de baja y que no ha incurrido en ninguna causa de incompatibilidad porque su trabajo en Ceture no era remunerado y la empresa no recibía dinero público.

Benítez, que al igual que su pareja ha sido condenado a seis meses de cárcel y 1.800 euros de multa, quiere hacer "borrón y cuenta nueva" tras "tres años de mucha angustia".  Defiende que actuó "por amor", se muestra convencido de que no hizo "nada mal" y considera que su compañera sentimental es la principal "damnificada" de esta historia.

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