Vecinos del Castillo del Romeral denuncian multas de 40.000 euros
El Consejo de Vecinos del Castillo del Romeral denuncia que la Delegación del Gobierno en Canarias les ha impuesto multas por un total aproximado de 40.000 euros. Los denuncias son nominativas y su cuantía oscila entre los 300 y los 6.000 euros, según aseguran. Pablo Guedes y Francisca Socorro, vecinos denunciados en tres y dos ocasiones, respectivamente. Ambos han formado parte de los grupos de habitantes de esta zona del sur de Gran Canaria que en repetidas ocasiones se han manifestado en los terrenos donde el Ejecutivo central planea construir una cárcel.
Los vecinos han desarrollado innumerables acciones de protesta en contra de esta instalación y la ubicación en diferentes zonas aledañas de Castillo del Romeral, Juan Grande y Aldea Blanca de una central térmica, un vertedero y una regasificadora. La última de estas acciones ha sido la entrega la mañana de este viernes en el registro general del Cabildo de Gran Canaria, de 20.000 firmas respaldando la negativa de los vecinos de esta zona a que “nos toque todo lo malo y nos quiten lo poco bueno que tenemos”, explicó Guedes.
Los vecinos aseguran que sólo luchan por preservar la zona “donde muchos hemos nacido, nos hemos criado, vivimos y vivirán nuestros hijos”, agregó Francisca. En ningún caso “queremos problemas, pero seguiremos luchando porque se nos respeten nuestros derechos”. En esta lucha tienen prevista la celebración de diferentes actividades de protesta durante los próximos días y hasta el 18 de diciembre, jornada en la que se celebrará en los Juzgados de Maspalomas, el primer juicio colectivo contra estos vecinos.
Protesta en el acto de la Constitución
Entre estas acciones previstas destaca la concentración este sábado en los actos conmemorativos del XXX aniversario de la Constitución que se celebrarán en la capital grancanaria, en protesta por las multas recibidas desde la Delegación del Gobierno. Los vecinos aseguraron que “son muchas las que hemos recibido e incluso alguno tiene 16 denuncias”.
Guedes afirma que “nosotros siempre pedimos permiso para manifestarnos en los terrenos de la futura cárcel, pero la Delegación nos contesta que son privados y no tiene competencia para autorizarnos las manifestaciones”. Esta es la razón que esgrimen para asegurar que “no entendemos el que sí tengan competencias para denunciarnos cuando no la tienen para darnos permiso”.
Ninguno de los denunciados “puede abonar las cantidades que se nos exigen”, explicó Socorro, y por esto “sólo nos queda pedirle a la Delegada que explique los motivos de las denuncias”. En caso contrario “iremos a los juzgados”, señalan.
