Los veterinarios denuncian la desidia de los municipios de Gran Canaria con las mascotas

Los veterinarios de Gran Canaria consideran que los municipios de la isla se han despreocupado de la situación de los animales de compañía, especialmente perros y gatos, sobre todo después de la firma del convenio con el Cabildo Insular en el año 1995.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Enrique Rodríguez Grau-Bassas, asegura en un comunicado que desde que se firmó ese convenio “la despreocupación por los problemas con los animales abandonados, por agresividad o mordidas, desapareció y, básicamente, vino unido a la normativa de no poder tener animales por las calles o, incluso, restricciones importantes a la hora de tenerlos”.

En su opinión es “incuestionable” que el número de personas o familias que tienen animales está aumentando día a día. “Eso se sabe en base al número de animales censados y calculamos que al menos un tercio de la sociedad tiene mascotas en casa”, subraya.

De esa tercera parte de propietarios, “muchos no han recibido una educación de cómo tener un animal socialmente aceptado con pautas de comportamiento con las que se les puede sacar a pasear”, agrega Rodríguez Grau-Bassas.

“Lo único que hay son prohibiciones de llevar al animal a cualquier lado, con lo cual es un círculo vicioso porque si no lo puedes sacar no lo educas y los perros no educados no son bien recibidos”, puntualiza el veterinario.

En este sentido, puntualiza que no todo el mundo sale con su perro a pasear por la calle “y eso da lugar que haya gente que tenga animales en mal estado o se maltraten sin tener una posibilidad de control sobre eso”.

Por otra parte, afirma que “la mayoría de los municipios no destinan recursos a sanciones ni a valorar el estado en que se encuentran los animales”.

“Estamos todos de acuerdo en que el problema del altísimo abandono animal que tenemos en Canarias, que es el récord de Europa, se resuelve con cuatro pilares: legislación (y sanciones), educación, identificación y esterilización, las dos últimas precisan de forma ineludible de interacción veterinaria y se nos debe incluir en la planificación de soluciones”, destaca Rodríguez Grau-Bassas.

El presidente de este colectivo insular explica que, por un lado, “se tiene la necesidad de legislaciones y sanciones”, y por otro, de “educación”, y que la primera “es una cuestión local, insular o gubernamental, pero ”es competencia de los políticos“.

“En cambio, en la educación podemos participar distintos colectivos y, de hecho, el Colegio de Veterinarios ha estado creando campañas educativas para los niños”, recuerda.

Señala asimismo que la identificación es “competencia exclusiva” de los veterinarios y puntualiza que “más de la mitad de los municipios” de Gran Canaria carecen de convenios de identificación animal y de acceso a la base de datos con Zoocan, “la única que existe en Canarias”.

“Por otro lado está la esterilización para evitar camadas indeseadas, otra competencia exclusiva de los veterinarios, que nos hemos ofrecido a hacer campañas de promoción de las esterilizaciones y de la educación”, resalta Rodríguez Grau-Bassas, quien añade que en líneas generales casi todos los municipios les han recibido, pero eso no ha ido más allá, pues si algunos han colaborado en las campañas educativas, otros muchos no“.

A su juicio, las autoridades tienen que ser “conscientes” de la realidad de la tenencia de mascotas como parte de la familia, porque esto va a ir cada vez a más.

“Cada vez vamos a tener más animales y la gente demanda más medidas de integración de las mascotas en la sociedad. Nosotros tenemos que comprender que dar la espalda a este problema o creer que el único esfuerzo que hacemos es pagar una cantidad que no se ha renovado desde el 1995 para quitar el problema y meterlo en el albergue es absolutamente inaceptable”, agrega Enrique Rodríguez.

Cree también que la sociedad y las autoridades municipales tienen que entender que el albergue “no solo no es una solución, sino que es un castigo”.

“Los perros en el albergue están muy mal y no porque lo lleve mejor o peor el Cabildo, sino porque la densidad de animales que hay impide darles un trato humanitario. La necesidad de reducir el número de perros en el albergue viene dada por principios básicos de bienestar animal para que estén en condiciones de aceptabilidad”, subraya.

Incide en que el albergue “es un sitio de tránsito donde el animal llega para ser adoptado o lamentablemente ser sacrificado”, pero que no se puede pretender que “una capacidad ilimitada de perros en el albergue sea bueno porque los perros sufren un deterioro físico y psíquico que, incluso, impide que puedan ser adoptados”.

“En Las Palmas de Gran Canaria y algún otro municipio se ha exigido llevar la botellita de agua y la bolsita para recoger las cacas, que es una de las quejas más importantes de la sociedad, y lo que más molesta a la gente de los perros son las cacas por la calle”, ha dicho

Sobre el control de las colonias felinas, afirma que el Colegio está haciendo “un trabajo enorme”, porque ya se ha contactado con todos los municipios de la isla.

“Destinar personas, esfuerzos o recursos, como se hizo en Ingenio en su momento con el centro de estancia temporal y sacrificio cero, es algo que se puede hacer. Ingenio y Mogán han conseguido ese sacrificio cero. Es factible desde que se destinan recursos, pero hay que hacerlo, lo que no se puede pretender es un convenio que permita meter el problema debajo de la alfombra”, insiste.

Según Rodríguez Grau-Bassas, se necesita un cambio de actitud de las autoridades municipales para afrontar el problema y darle una visión de solución “porque esto nos está haciendo un daño de imagen terrible en Europa”.

“El marco legal de la nueva Ley de Protección de Animales es muy importante, por lo que hay que presionar para que esto vaya adelante y entre en el Parlamento en esta legislatura”, destaca.

Rodríguez Grau-Bassas opina que los ciudadanos no tienen que costear la “irresponsabilidad” de los que dejan a los perros tirados en el albergue.

“Estamos hablando de 800.000 euros y no podemos seguir favoreciendo ni financiando a los irresponsables; es muy fácil abandonar un perro en Gran Canaria en estos momentos”, concluye el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas.