Visocan insta un desahucio por una deuda de solo 400 euros
Un mes es el plazo que ha dado el comité judicial para que se solucione el desahucio de una familia con dos menores de 8 y 10 años, que no está perseguida por una entidad bancaria por impago de hipoteca, sino por la empresa pública que coordina las viviendas de protección oficial, Visocan, y todo, por una deuda de 400 euros que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido asumir.
El desahucio de la vivienda, en El Sobradillo, uno de los barrios que rodean el centro de Santa Cruz de Tenerife, estaba previsto para este jueves, pero lo ha frenado la presión de los integrantes de la Plataforma de Afectados de las Hipotecas (PAH), que este miércoles se puso en contacto con el concejal de IU-Por Tenerife, José Manuel Corrales, el concejal de Hacienda, Alberto Bernabé, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
Bernabé comunicó a Corrales que se pagarían los 400 euros de deuda acumulada, dado la especial gravedad de este asunto, con dos menores que quedarían en la calle y para quienes no se aportó inicialmente otra solución por el concejal de Asuntos Sociales, José Manuel Arocha, que la de ser acogidos en una institución oficial. Según Corrales, “todavía es más grave porque se trata de una vivienda de protección oficial, y esto lo ha instado Visocan, una empresa pública que gestiona las viviendas para personas sin recursos”.
Según la portavoz de la PAH en Tenerife, Inma Évora, José Manuel Bermúdez ha intentado a lo largo de este jueves ponerse en contacto con el gerente de Visocan, Pablo Nieto Peña, para solucionar el problema, pero no ha transcendido ninguna respuesta.
Conflicto vecinal
La vivienda social fue concedida a una mujer que al morir, traspasó el usufructo de la misma a sus tres nietos, dos de los cuales son los menores de edad. El nieto mayor, que ya había cumplido 18 años, quedó como titular, pero ha tenido conflictos con varios vecinos, hasta el extremo en que un juez le ha dictado una orden de alejamiento.
Este conflicto vecinal provocó que se vivieran este jueves momentos de tensión con algunos vecinos que han denunciado al joven polémico en varias ocasiones. “Sin embargo, y desde que le ordenaron el alejamiento, este chico ya no vive en esta vivienda, por lo que no se entiende que quieran dejar en la calle al resto de su familia”, explicó Évora a este periódico. Los niños habitan en esa casa con su padre.
La portavoz del PAH añadió que el impago de la vivienda “se debe, en el fondo, a lo mal que funcionan las instituciones, ya que el padre debía recibir la prestación canaria de inserción, pero se la bloquearon”.
Corrales calificó de escándalo este caso. “No es admisible que Visocan inste desahucios, ya que quienes ocupan las viviendas sociales son personas justamente con pocos recursos, y menos un desahucio por 400 euros”, y recalcó que “un conflicto vecinal se resuelve de otra manera, no echando a unos niños a la calle”.
Además, en un comunicado exigió que se cumpla el protocolo antidesahucios aprobado en Pleno municipal, por el que el Ayuntamiento se compromete a mediar en casos de gravedad.
