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Alonso: "Los condenados por la extracción de áridos en Güímar pagarán hasta el último euro"

El presidente del Cabildo tinerfeño asegura que el objetivo de la Corporación al impulsar una proposición de Ley sobre los barrancos güimareros está "a años luz" de que los empresarios no cumplan con su obligación, ya sea por la vía legal "o por otra argucia"

Extracción de áridos en el barranco de Güímar

Extracción de áridos en un barranco de Güímar MÍRAME TV

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este lunes 24 de octubre que la Corporación insular quiere que los empresarios condenados por la extracción de áridos en Güímar paguen la restauración del suelo, tal y como señala la sentencia judicialy no las administraciones públicas.

Alonso tacha de "torcidas" las informaciones que aseguran que la proposición de ley promovida por el Cabildo ante el Gobierno de Canarias tiene el propósito de incluir en el presupuesto autonómico el pago de los 300 millones de euros que, según los peritos, costaría la rehabilitación de la zona.

Alonso ha señalado que la proposición de ley, pendiente de trámite parlamentario pero que cuenta con el visto bueno del Gobierno de Canarias, se aprobó en el Cabildo en julio de 2015, antes de conocerse la sentencia, y fue respaldada por unanimidad de CC, PSOE, Podemos y PP, aunque ese partido se desmarcó posteriormente.

La sentencia judicial a la que se refiere Alonso fue pactada por los acusados, la Fiscalía y la acusación particular y permitió a los condenados Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia eludir su ingreso en prisión.

Fueron sentenciados a un año y tres meses de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como a sufragar la restauración del equilibrio ecológico en la zona, para lo que las administraciones deben realizar un plan de restauración.

Una indemnización para los infractores

La iniciativa legislativa del Cabildo, según ha explicado Alonso, persigue que cesen las intervenciones de extracción en ese ámbito. Para lograrlo, se cambiaría el uso del suelo desde uso minero a protección paisajística. Ese cambio conllevaría una indemnización para los propietarios por los derechos extractivos que una vez adquirieron, y que se proceda a un plan integral de restauración que incluya dos barrancos por los que hay riesgo de avenidas de agua.

El coste de la proposición de ley promovida por el Cabildo, incluiría la restauración en sí, y esta se sufragaría en gran parte con la indemnización de los empresarios condenados, y las obras hidráulicas en el cauce de los barrancos, que correspondería costearlas sobre todo al Cabildo, pero también en parte a los propietarios.

Según Alonso la pretensión del Cabildo es que se sustituya la indemnización pecuniaria por derechos para otros usos complementarios lucrativos.

Los costes de restauración, obras hidráulicas e indemnización por cambio de uso del suelo son de momento "indeterminados" hasta que se proceda a aprobar un plan de restauración y a ejecutarse esa modificación de la calificación territorial, ha destacado Carlos Alonso.

"Los primeros que nos alegramos con la sentencia fuimos nosotros, porque permite garantizar unos ingresos a costa de los infractores condenados por la vía penal, de forma que el objetivo, que era la restauración, pudiera contar con esos ingresos", ha subrayado Carlos Alonso.

Señaló que el Cabildo "se ha sentido incomprendido por una parte del Gobierno de Canarias y por el Parlamento durante estos meses", pero al final parece que la iniciativa legislativa se va a poder debatir.

Alonso ha enfatizado que "está a años luz de los objetivos del Cabildo" que los infractores, "por la vía de la ley o de otra argucia, dejen de pagar por la infracciones que cometieron". Según él, una parte importante de los recursos necesarios para la restauración deberá provenir de los condenados por el delito ecológico. 

El presidente del Cabildo se ha puesto en contacto con el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, para comunicarle que está "en línea absoluta" con el objetivo de que los empresarios condenados asuman sus obligaciones civiles para sufragar la restauración, ya que les obliga no solo la sentencia sino la Ley de minas.

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