El Cabildo de Tenerife va a reformar el PIOT para ampliar las opciones de extraer áridos, en sintonía con la Ley del Suelo

El Cabildo de Tenerife ha iniciado los trámites para modificar el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) en lo relativo a la ordenación de las actividades extractivas, con el objetivo de adaptar esta actividad a los recogido en la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias. Los cambios que se introduzcan abrirán las posibilidades extractivas de áridos, hoy muy limitadas en Tenerife, tal y como han reconocido el propio Cabildo y los empresarios del sector.

El consejero insular de Política Territorial en la Corporación insular, el socialista Miguel Ángel Pérez, explica en un comunicado de prensa que se hace necesario ese cambio “para poder conjugar los aspectos negativos de esa actividad, molesta para la sociedad, con su necesario y lógico desarrollo mediante otros patrones de organización”.

Aquella decisión, que ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno insular, supone, por ser contrario al nuevo marco normativo, la derogación del PIOT en su capítulo 5, título III, el que recoge que, “con carácter general, solo pueden delimitarse y explotarse canteras en los ámbitos extractivos y fuera de estos ámbitos podrán delimitarse canteras en dos circunstancias particulares: cuando tengan carácter de artesanales y, con carácter excepcional, para la extracción de piedra en bloques para obras públicas de interés insular”.

Miguel Ángel Pérez explica que la nueva Ley del Suelo establece que no puede ser genérica la prohibición de esta actividad en el planeamiento y que en él se deben delimitar aquellos ámbitos del territorio insular en los que sea compatible, a la vez que especificar y justificar aquellos otros en los que no lo sea. “Pasamos entonces de una postura generalmente restrictiva a una más abierta y precisa, en la que primará el interés público”, detalla en la nota el responsable político.

El consejero de Política Territorial además indica que el Tribunal Constitucional fijó la relación entre la actividad minera y la protección del medio ambiente, aparte de la ordenación territorial y urbanística. También estableció como principio fundamental la ponderación específica de los intereses en conflicto. “Es decir -precisa Miguel Ángel Pérez-, que a la hora de regular el uso minero en el territorio, quien planifique ha de realizar un juicio de valor que mida la importancia para la economía de una eventual explotación minera en un lugar concreto y los daños que ese uso puede producir a esos terrenos y a su entorno”.