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El Gobierno canario también informa contra el plan especial del Antiguo Santa Cruz y avisa de que "vigilará" que se cumpla la ley

La Dirección General de Patrimonio Cultural interviene en el expediente, pese a que no estaba llamada a consulta, en apoyo al Cabildo y para que el Ayuntamiento y los redactores colaboren con la Corporación insular

El departamento de Miguel Ángel Clavijo (CC) coincide con el Cabildo en que la protección documental dada a casi una treintena de inmuebles históricos no se ajusta a la normativa vigente y además debe ampliarse el catálogo

El  concejal de Urbanismo en Santa Cruz, Carlos Tarife (PP), afirma que no quiere "ningún tipo de polémica" y se abre al consenso: "Si el Cabildo cree que se deben proteger más inmuebles, se hará; los informes los vamos a acatar"

Casas terreras que pueden ser demolidas si se aplica lo recogido en el borrador del plan especial del Antiguo Santa Cruz

Casas terreras que pueden ser demolidas si se aplica lo recogido en el borrador del plan especial del Antiguo Santa Cruz

El Gobierno de Canarias ha decidido intervenir en el expediente del plan especial de protección del Antiguo Santa Cruz, a pesar de que no estaba llamado a consulta en esta fase inicial, para vigilar que se cumpla la legislación en esta materia. Y lo ha hecho tras constatar que se han introducido aspectos no amparados por la ley vigente, como un grado de "protección documental" que, de forma paradójica, permite demoler cerca de una treintena de inmuebles históricos a cambio de que solo quede constancia de ellos en fotos y planos.

La mayoría de ellos o tenían un grado de protección o lo iban a tener tras alcanzar en 2015 un consenso los funcionarios del Cabildo y los del Ayuntamiento chicharrero, cuando el plan no había sido aún adjudicado a arquitectos privados.

Fuentes de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que preside Miguel Ángel Clavijo (CC), han confirmado a Tenerife Ahora que este departamento ha presentado un informe en el trámite de evaluación ambiental estratégica de dicho plan en el que se posiciona en la misma línea y en apoyo al Cabildo de Tenerife contraria a varios aspectos de su contenido.

Considera el Gobierno que estas deficiencias acarrean un "impacto significativo negativo" desde el punto de vista ambiental -por no garantizar la preservación del conjunto declarado BIC- y que, de no ser corregidas en el documento en fases siguientes, la Corporación insular  -vinculante en esta materia- emitiría un informe desfavorable que impediría la aprobación de ese planeamiento.

Por ello, el Ejecutivo regional pretende prevenir con este informe al Ayuntamiento y a los redactores del plan sobre la necesidad de que colaboren con el Cabildo, y de que se mantendrá "vigilante" para que se proteja de forma adecuada el patrimonio histórico, indicaron las mismas fuentes oficiales.

Ya a finales de septiembre pasado, el consejero autonómico de Cultura, Isaac Castellano (CC), a preguntas de Podemos, avanzó en un pleno del Parlamento regional que el Ejecutivo regional estaba al lado del Cabildo en esta polémica sobre inmuebles no catalogados o sobre este inédito grado de protección que permite demolerlos.

La intervención del Gobierno canario motu proprio en este expediente tiene su base en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que le encomienda en su artículo 6 la de "ejercer la alta inspección de los Cabildos insulares y ayuntamientos en el ejercicio de las competencias transferidas o delegadas, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias". Y también la de "coordinar y fomentar la colaboración entre las distintas administraciones implicadas por razón de la materia o del territorio en la tutela y gestión del patrimonio histórico canario", entre otras funciones.

El informe lo ha remitido esta Dirección General a la Viceconsejería de Ordenación del Territorio del propio Gobierno canario, que es la que tramita esta fase de evaluación ambiental de plan del casco histórico más antiguo de la ciudad -de ahí su nombre- y que incluye un borrador del avance de la ordenación propuesta y del listado de inmuebles protegidos.

Este contenido preliminar, elaborado por los arquitectos Joaquín Mañoso y Federico García Barba, no ha convencido al Cabildo, cuyo Consejo de Gobierno (formado por CC y PSOE) acordó a finales de septiembre informar de forma desfavorable, con advertencia de que, en fases posteriores, si este planeamiento no es modificado, tal criterio negativo surtirá plenos efectos jurídicos e impedirá la aprobación del plan por su carácter vinculante para el Ayuntamiento.

Lo mismo acordó el Cabildo con respecto a otro plan especial de protección, en este caso en el conjunto histórico de Los Hoteles-Pino del Oro, donde son alrededor de un centenar los inmuebles que los técnicos del Cabildo proponen proteger desde hace más de un decenio, sin que el Ayuntamiento haya atendido hasta ahora esta petición ni en la anterior revisión del Plan General ni en esta primera redacción del planeamiento especial.

Las fuentes del Ejecutivo canario consultadas indicaron que igualmente en el caso de Los Hoteles-Pino del Oro coinciden con las apreciaciones del Cabildo.

El Ayuntamiento, dispuesto a cambiar el plan

En declaraciones a El Día, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife (PP), ha manifestado que no quiere "ningún tipo de polémica: si el Cabildo cree que se debe proteger más inmuebles, se hará, y los informes los vamos a acatar porque para eso están".

Aclaró el edil que "no hay nada aprobado, ni siquiera estamos en aprobación inicial, sino que es un borrador inicial de trabajo, que si se tiene que cambiar se cambiará y luego tendrá que salir de nuevo a exposición pública, periodo en el que se podrán presentar alegaciones". Añadió  el concejal santacrucero que su "único objetivo es que los tres conjuntos históricos [más el del barrio de El Toscal] tengan, lo antes posible, su planeamiento en vigor".

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