Investigadas dos personas por construir ilegalmente una perrera y viviendas vacacionales en espacios protegidos en Tenerife

 Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del Puerto de la Cruz han instruido diligencias en las que investigan a un hombre de 57 años de edad, vecino de la localidad de Santa Cruz de Tenerife, como presunto autor de un delito contra la ordenación del territorio. 

El investigado está acusado de construir unas “perreras” (habitáculo donde se guardan o encierran los perros) en una zona de suelo rústico de protección paisajística, ubicado en el municipio de Los Silos y que se encuentra dentro del Parque Rural de Teno. Además, cabe destacar que para delimitar las mismas, había instalado un vallado en un suelo rústico de protección hidrológica dentro de un barranco.

Las citadas obras no se ajustan a la normativa vigente, ya que no sólo el acusado carecía de autorización para realizarlas sino que además no es posible legalizar la construcción en ese tipo de suelo protegido, es por ello que una vez que los agentes de la Guardia Civil realizaron las comprobaciones oportunas, instruyeron las diligencias que ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de La Orotava. 

En otro servicio de similares características, también los agentes del SEPRONA del Puerto de la Cruz han instruido diligencias en las que investigan a un segundo hombre como presunto autor de otro delito contra la ordenación del territorio, ya que supuestamente habría llevado a cabo la construcción y edificación de varias viviendas para uso vacacional en una zona de suelo rústico de protección paisajística ubicada en el municipio de La Matanza.

Los delitos contra la ordenación del territorio se encuentran tipificados en el artículo 319.1 del vigente Código Penal y se refieren a aquellas construcciones, obras de urbanización o edificación no autorizables, sobre el suelo que se encuentra bajo protección especial, y que podrían conllevar penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de 12 a 24 meses.