Un nuevo condenado por fraude fiscal en Las Adelfas
La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a otro de los apoderados de la empresa Tenerife Development Company S.L. al pago solidario de 2,7 millones por fraude fiscal. Esta compañía construyó el grupo de bungalows conocidos como Las Adelfas, situado en el municipio de San Miguel de Abona, en el Sur de Tenerife.
En estos momentos, la Audiencia también ha condenado a otro de los apoderados al pago solidario de estos 2,7 millones. Las sentencias consideran probado que los inversores no declararon a Hacienda el Impuesto de Sociedades tras la venta de 82 bungalows de la urbanización que tuvo lugar entre los años 1995, 1996 y 1997.
Durante el proceso judicial que ahora podrá continuar en el Supremo, los dos condenados argumentaron que no eran administradores de la sociedad y no tenían acceso a los fondos de la compañía ni a la contabilidad. Igualmente decían desconocer los gastos en lo que había incurrido esta por la construcción de los edificios, y que tampoco habían negociado los gastos. Según aseguraron en los tribunales, únicamente contaban con un poder que les permitió firmar el Impuesto de Sociedades de la entidad, y, además, argumentaron ambos que la empresa carecía ya de fondos para proceder al pago de las deudas.
La sociedad se creó a finales del año 1994 y entre sus promotores estaba un ciudadano irlandés, a quien representaba ambos apoderados y que permanece fuera de España. La entidad se puso en marcha con un capital de apenas 6.000 euros y su objeto social no era otro que la construcción de un complejo residencial que fue vendido en su totalidad entre los años 1995 y 1997. La Audiencia considera probado que la entidad no presentó en ninguno de estos ejercicios las autoliquidaciones por el Impuesto de Sociedades.
Los promotores llegaron a invertir 4 millones de euros de los que casi la mitad se emplearon en la compra de solar, y el resto, en las edificaciones por cuya venta obtuvieron en 1995 un total de 651.000 euros, 5,1 millones en 1996 y 1,7 millones en 1997. Todo ello supuso que se dejaron de abonar a las arcas públicas 1,2 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.
La Audiencia considera probado que, aunque los apoderados no eran socios de la entidad en el momento de cometerse las infracciones tributarias, sí ostentaban la representación del inversor de nacionalidad irlandesa con domicilio fuera de España que participó de forma activa en todos los actos encaminados a eludir el pago de las obligaciones tributarias. En el caso de uno de los inversores, en 2003 se le absolvió de una causa penal en la que estaba incurso, pero todavía los tribunales están debatiendo sobre la reclamación de pago de otros 1,7 millones de euros por fraude fiscal.
