En la otra vertiente de inspecciones de la Administración contra lo que huela a socialistas encontramos la orden cursada al interventor general de la Comunidad Autónoma, Enrique Hernández Bento, para que se proceda a examinar con lupa a las academias de formación que hayan tenido que ver en algún momento con cursos del Icfem. La orden, como ya adelantó hace unos días el periódico Canarias7, tiene unos destinatarios muy concretos: las academias cuyos titulares tengan algo que ver con el Partido Socialista. Es evidente que las academias que Soria trata de abrir en canal son Incaem, propiedad del veterano militante socialista Salvador García Carrillo, y Kuma, de la familia Mayoral. Parece bastante elocuente, a la par que delictivo, que la Comunidad Autónoma, que durante tantos años ha estado asegurando a la Justicia y a la Fiscalía que ya se han justificado todas las subvenciones y que si falta alguna es de algún empresario a la fuga, regrese ahora sobre sus pasos para centrarse solamente en las empresas cuyos accionistas tengan carné de un determinado partido político. ¿Quién hablaba de utilizar la maquinaria de la Administración para ir contra quién?