Archivada la denuncia que Coalición Canaria presentó en campaña electoral contra Ángel Víctor Torres
El Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado la denuncia que Coalición Canaria (CC) presentó a través de Fernando Bañolas el pasado mes de abril, en plena campaña electoral, contra el actual presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la gestión del Gran Canaria Arena cuando era consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
El entonces portavoz de los nacionalistas en la Corporación insular acusaba al también secretario general de los socialistas canarios de generar un agujero de más de 600.000 euros en las arcas públicas por dejar de cobrar los gastos de los actos culturales celebrados en el recinto deportivo de Siete Palmas.
Torres atribuyó esta denuncia a una maniobra electoralista de CC en un momento en el que su contrincante Fernando Clavijo, entonces presidente del Gobierno de Canarias, concurría a las elecciones autonómicas con la pesada losa de su imputación en el denominado caso Grúas, vinculado con su gestión como concejal y alcalde de La Laguna.
El magistrado Alberto Puebla considera que los hechos denunciados por Bañolas carecen de relevancia penal, puesto que no se ha causado un perjuicio económico al erario público. El auto pone de relieve que el Cabildo ha reclamado a todos y cada uno de los promotores las cantidades debidas. Además de decretar el sobreseimiento provisional de la causa, la resolución rechaza que el exconsejero de CC figure en el procedimiento como acusación particular, al no haber acreditado su condición de perjudicado u ofendido.
El juez remarca que el uso del Gran Canaria Arena para actividades culturales es muy anterior a la llegada de Torres a la presidencia del Instituto Insular de Deportes (IID). La gerencia de este organismo había fijado un protocolo de actuación según el cual las empresas organizadoras o promotoras tenían que abonar una cantidad en concepto de reserva del espacio. Posteriormente, la Administración les trasladaba los costes del evento, una vez evacuados los preceptivos informes técnicos y jurídicos y en función del número de espectadores del acto y los servicios.
El IID exoneraba o deducía cantidades a los organizadores siempre que se diera uno de los tres siguientes supuestos: que el evento tuviera un carácter solidario, que promoviera un marcado interés social por la repercusión del artista (el auto alude a los casos de Elton John o de Julio Iglesias), o que el porcentaje del aforo cubierto fuera inferior al 50%, circunstancia esta última que provocaba un claro perjuicio tanto a los promotores como a la isla.
El auto de sobreseimiento expone además la voluntad del grupo de gobierno del Cabildo de fijar los precios públicos para este tipo de actividades, tal y como le solicitaba la Intervención Delegada del IID. La Corporación insular llegó a contratar a una empresa para acometer una tarea que no pudo finalizar por una serie de dificultades sobrevenidas. Posteriormente, en noviembre de 2018, consignó una retención de crédito para el mismo fin y ya ha iniciado el trámite de contratación, actuaciones todas ellas que, a juicio del magistrado instructor, revelan la reacción de la gerencia del instituto “mucho antes” de que Fernando Bañolas presentara la denuncia contra Torres poniendo en cuestión su actuación en este asunto.
Ampliación de denuncia
El entonces consejero de CC en el Cabildo de Gran Canaria amplió en junio su denuncia contra el líder socialista para añadir al delito de malversación otro de prevaricación por levantar los reparos del interventor en determinados expedientes de suspensión de pagos a proveedores de la Corporación y fraccionamiento de contratos. La resolución judicial subraya que Torres adoptó todas las decisiones con informes técnicos y jurídicos favorables y que, cuando no los tenía, no levantaba los reparos. En esos decretos, el entonces consejero de Deportes expresaba la necesidad de corregir las irregularidades advertidas por los altos funcionarios y de remitir las resoluciones al Tribunal de Cuentas. Según el juez, el Cabildo de Gran Canaria ya ha tomado las medidas necesarias para evitar estas irregularidades, ya sea a través de la prórroga o celebración de contratos o de la comunicación al pleno de la existencia de expedientes.
Contra el sobreseimiento se puede presentar en el plazo de cinco días un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
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