La Audiencia Nacional ratifica la pena de diez años de prisión para la tripulación de un barco que arribó a Canarias con 3,5 toneladas de cocaína

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado la pena de diez años de prisión y una multa de 125 millones de euros a cada uno de los quince tripulantes de una embarcación que en 2024 fue trasladada al puerto de la Luz y de Las Palmas con 3,5 toneladas de cocaína.

Ante la Sala de Apelación los procesados alegaron falta de competencia de las autoridades españolas y que por lo tanto la detención había sido ilegal, nulidad del abordaje y de la entrada y registro por no existir autorización de las autoridades panameñas, país al que decían que pertenecía el barco.

En caso de que no ser absueltos pedían una rebaja de las condenas y que se sustituyeran por la expulsión, tener en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas y que el capitán había sido coaccionado para participar en la operación mediante un atentado en el colegio en el que trabajaba su esposa.

La Audiencia Nacional ha vuelto a avalar la autorización de entrada y registro y de intervención del barco basándose en las leyes internacionales, en las que se mantiene la necesidad de que todos los países participen en la lucha contra el tráfico de drogas.

También se rechaza el argumento de las dilaciones indebidas pero se abre la puerta a que, cuando se lleve a cabo la ejecución de las sentencias, los acusados puedan ser expulsados o cumplir las penas en sus países de origen, decisión que por ahora se considera “prematura”.

La agencia antidroga estadounidense DEA detectó un barco llamado “Atalaya” con bandera de Panamá que, en noviembre de 2024, se encontraba navegando en dirección a España con entre 3 y 4 toneladas de cocaína, por lo que dio aviso a las autoridades españolas cuando estaba cerca de Canarias.

Tras pedir permiso a Panamá para abordarlo, se informó de que en aquellos momentos la embarcación ya no tenía bandera panameña pese a reclamar las autoridades de este país que los tripulantes y embarcación fueran puestos a su disposición.

El 12 de noviembre se procedió a su abordaje por parte de la policía, que encontró 100 fardos unidos mediante cuerdas, plomos y redes, sistema que suele usarse para arrojarlos al mar.

Al ser sometido uno de los tripulantes a una prueba de detección de drogas dio positivo en cocaína, por lo que se procedió a detener a los quince miembros de la tripulación al considerar que todos ellos eran conscientes de la carga que llevaban y su ilegalidad, y se trasladó el buque al puerto de Las Palmas.

En este punto se comprobó que el peso total sumaba 3,5 toneladas de cocaína con una pureza del 84 %, por lo que tendría un valor de 124 millones si se hubiese distribuido por kilogramos y 245 millones si se hubiese hecho por gramos.