Las trampas de los primeros presupuestos de Pérez Llorca: 2.000 millones de ingresos ficticios por el déficit o la dependencia

“El presupuesto refleja la pura realidad de las cuentas, no hay inventos. Lo que reflejan los presupuestos es lo que se va a ingresar y lo que se va a gastar y es la foto real, no nos hemos inventado nada”.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, se expresó en estos términos a preguntas de elDiario.es sobre si los presupuestos, como en otros ejercicios, incluyen ingresos que casi con total probabilidad no se producirán. En la época del Gobierno del Botánico, se incluían las llamadas partidas reivindicativas, es decir, ingresos que deberían llegar para financiar sanidad, educación o servicios sociales con un modelo de financiación justo, o dicho de otra forma, si la Comunitat Valenciana no estuviera infrafinanciada.

Desde el PP siempre se criticó este modelo y se calificaban este tipo de ingresos como ficticios puesto que se sabía de antemano que no iban a llegar. Por eso Rovira se mostró tan tajante.

Sin embargo, la realidad es que ya en las cuentas de 2025 la Generalitat contabilizó 1.371 millones en “ingresos pendientes de recibir del Estado”. Una cifra que permitía aumentar la cifra de ingresos aunque de manera ficticia, pues se trataba de un montante supeditado a que el Gobierno de España desbloquease el importe solicitado por la Administración valenciana.

Y en los presupuestos de 2026 sucede algo parecido con ingresos que casi con total seguridad no llegarán, pero que se han pintado en el proyecto. En primer lugar, se ha presupuestado un déficit 3,6 veces más que lo permitido por el Gobierno de España para las comunidades autónomas. En concreto se sitúa en el 0,36%, frente al 0,1% autorizado por el Ejecutivo central, lo que implica unos ingresos adicionales de 600 millones que no están autorizados.

A ellos se suman otros 1.039 millones de ingresos correspondientes al Fondo de Garantía Asistencia (FOGA), es decir, el gasto por las personas de otras autonomías atendidas por la sanidad pública valenciana y al que debe hacer frente el Gobierno central (ver imagen). Una cuantía que viene acumulada de hace años y que en mayor o medida tienen todas las autonomías, pero que requiere de un acuerdo con el ejecutivo central que no se ha producido.

Por último, hay que sumar a estos ingresos ficticios o reivindicativos (según se mire) la partida del Gobierno destinada a cubrir la dependencia. El Consell de Pérez Llorca ha incluido unos ingresos de 699 millones de euros que vendría a ser el 50% del coste de la prestación (tal y como está establecido en la ley), pero el Gobierno siempre ha financiado en torno a un 20%, es decir, que con toda probabilidad no se ingresarán unos 420 millones de los 699 presupuestados.

Por otra parte, el Gobierno valenciano ha disparado casi un 180% el gasto por intereses de la deuda desde el ejercicio 2023, pasando de 442 millones a 1.167 millones en este ejercicio. 

Por otra parte, llama la atención que Rovira no ha querido dar el detalle de los ingresos anticipados por el Gobierno central a cuenta del modelo de financiación, un dato que refleja el mal estado de la tesorería autonómica puesto que indica falta de liquidez para gasto corriente. Recientemente el PSPV reveló un anticipo extraordinario realizado el pasado mes de febrero de 200 millones del Gobierno a la Generalitat que preside Pérez Llorca. Una inyección que estaba prevista para el próximo mes de julio pero que se adelantó para dar oxígeno a las arcas autonómicas.