El Supremo pone fin al caso 'Heisenberg' y ratifica las penas por narcotráfico

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto punto y final al conocido como caso Heisenberg, que desde 2014 investigaba a varios clanes familiares dedicados al tráfico de droga centrados principalmente en el norte de Tenerife.

La trama lleva el nombre de uno de los personajes de la serie de televisión Breaking Bad, que tiene como argumento central el tráfico de drogas.

En relación a Canarias supuso la detención de 17 personas entre integrantes y mulas a las que se le incautaron 13 kilos y medio de cocaína, 572 gramos de éxtasis, 1,7 kilos de hachís y 44.000 euros en efectivo, así como 4,2 gramos de sustancia de corte.

A finales de 2020 culminó la última pieza separada con la celebración de un juicio en el que se sentaron en el banquillo de los acusados siete personas de las que seis quedaron absueltas de pertenecer a grupo criminal.

De resto las penas suman 44 años de cárcel y el pago de más de 1,2 millones a los siete condenados por considerarlos autores de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Las investigaciones comenzaron a raíz de que se detuviera en Los Rodeos a un empresario del sector químico de Las Palmas de Gran Canaria, de ahí el nombre de la causa, que portaba, sin tener licencia, sustancias que se utilizan para cortar la droga.

En Tenerife se identificaron varios proveedores de cocaína, por lo que se organizaron diferentes operativos para ir desarticulando la organización criminal.

Los primeros en caer fueron las mulas que se encargaban de introducir la droga.

Así, dos personas de nacionalidad venezolana fueron sorprendidos en 2017 en Puerto de la Cruz después de viajar desde Sudamérica hasta Tenerife Norte, con escala en el aeropuerto marroquí de Casablanca y que llevaban una maleta con dos kilos de cocaína.

En 2018 primero se arrestó en marzo a una persona originaria de Colimbia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con casi tres kilos y medio de cocaína y en abril, otros tres detenidos en el mismo muelle, procedentes de un crucero que había salido de Brasil, con otros seis kilos.

Pocas semanas después, otra persona fue incerceptada en Tenerife con un kilo de la misma droga y 12.000 euros.

El grueso del recurso inadmitido hace escasas fechas ante el Supremo se basó en la vulneración del derecho constitucional a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones y entrada a los domicilios.

La sala responde que en este caso se justificó la medida como instrumento eficaz para sacar a la luz la trama, al que la policía puede recurrir con autorización judicial, tal y como ocurrió en esta ocasión.

En realidad se trata de varios clanes familiares que tenían relación entre sí. Uno de ellos estaba formado por los padres y un hijo que regentaban un bar en Icod de Los Vinos, donde fue intervenida cocaína por valor de 5.500 euros, mientras que otro hermano guardaba la sustancia en un trastero en la misma localidad.

Una de las condenadas llevaba una agencia de viajes desde la que se gestionaban los pasajes de las mulas y a la vez su hermano regentaba una administración de lotería en un centro comercial en El Mayorazgo.

La fiscal, por su parte, hacía peticiones de cárcel que suman globalmente 30 años de cárcel y el pago de tres millones.

Durante el juicio, que tuvo lugar en 2021, algunos de los acusados se negaron a declarar, otros lo hicieron para exculpar a sus posibles socios como es el caso del hijo, quien dijo que su madre y su pareja no tenían nada que ver con esta trama.

En cuanto a las llamadas interceptadas la mayoría de los encausados mantuvieron que el contenido era una broma y que se estaban refiriendo a otros asuntos y de forma figurada.

En la primera pieza se llegó a una conformidad, en la segunda fueron condenados 8 de los 13 encausados y en estas última se sentaron en el banquillo 7 personas de las que tres estaban en prisión provisional.