El Tribunal Superior de Justicia de Canarias da la razón a un agente que denunció a la Guardia Civil por negarle un día libre de asuntos propios

Un agente de la Guardia Civil ha conseguido que la justicia le reconozca su derecho a disfrutar de un día libre de asuntos propios que le había sido denegado por un superior. Según indica la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Las Palmas, los servicios jurídicos de dicha organización han obtenido un “nuevo éxito” en la defensa de los derechos de sus afiliados y la Dirección General de la Guardia Civil ha sido condenada a pagar las costas del proceso.

En concreto, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) quien ha dictado la sentencia que reconoce a este agente su derecho a disponer de esa libranza, que había sido autorizada en un primer momento y después denegada en un lapso de unas 24 horas. En los Fundamentos de Derecho de la sentencia, indica la AUGC, el tribunal expone que del “resultado del examen de los documentos integrantes del expediente, así como del de los aportados al proceso, no puede traer otra consecuencia que no sea la de estimar la presente impugnación jurisdiccional, ya que no es de recibo que el órgano competente para resolver la solicitud dicte el mismo día dos actos en sentido diametralmente opuestos entre sí; no, al menos, en perjuicio del interesado”.

También señala dicha sentencia que la “Jurisprudencia impide oponer al cumplimiento de las obligaciones la existencia de defectos formales cuando estos son exclusivamente imputables a quien los invoca, de acuerdo con el principio general del Derecho (…) según el cual nadie puede obtener beneficio de su propia torpeza”.

Según explica la AUGC, el Jefe de Unidad dictó una primera resolución por la que estimaba la concesión del permiso, pero menos de 24 horas después dictó una segunda resolución por la que lo denegaba.

Pese a la anormalidad de esas dos resoluciones, añade la AUGC, el superior jerárquico del agente desestimó el recurso de alzada que este interpuso, lo que le causó “un grave daño”, un “aumento de trabajo en la Administración de Justicia”, un daño a “la buena imagen de la Institución ante el personal del Ministerio de Justicia” y “unos gastos a todos los ciudadanos cuantificados por la defensa en 2.832 euros, que serán abonados por la Guardia Civil con los impuestos de todos los contribuyentes, dinero con el cual se podrían sufragar más de 30 servicios extraordinarios de agentes”.

La organización señala que ha tenido que ser “otra vez” un órgano judicial, ajeno a la estructura de la Dirección General de la Guardia Civil, quien reconozca la vulneración de los derechos de un guardia civil, anulando esos actos administrativos por ser contrarios a Derecho con unos argumentos “tan contundentes” como los expuestos, “lo que no hace más que evidenciar que algunos mandos de la Guardia Civil todavía priorizan el corporativismo sobre los derechos de los agentes que prestan servicio en las Unidades que ellos dirigen”.