“Arrasado y completamente sin vida”: más de 2.100 peces muertos por el vertido de purines en un afluente del río Pisueña
La Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria (PP) ha cifrado en más de 2.100 los peces muertos por el vertido de purines que se ha detectado el pasado viernes en el municipio de Saro y que ha afectado a los ríos Pisueña y Llerana, “quedando este último arrasado y completamente sin vida”.
En concreto, el vertido ha afectado a 6.000 metros de río, repartidos entre el río Pisueña, que se ha visto afectado en un tramo de 4.500 metros hasta el puente colgante de Ruda, en Santa María de Cayón, y el río Llerana, donde se ha detectado el origen del vertido, y que se ha visto afectado en un tramo de 1.500 metros. El tramo afectado es espacio protegido dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Pas-Pisueña, han confirmado desde el gobierno.
Como resultado, los Agentes del Medio Natural de la Consejería, han recogido un total de 1.998 truchas y 49 anguilas muertas, más un número indeterminado de peces de menor valor, como piscardos, y alevines que no se pueden contabilizar. El vertido ha provocado que, el tramo del río Llerana afectado, haya quedado totalmente arrasado y sin vida, mientras que en el río Pisueña, al tener más anchura y más caudal de agua, el impacto ha sido menor, si bien habrá que valorarlo más detenidamente.
Tal y como ha explicado el director general de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, es una afección “bastante grave que va a tardar varios años en recuperarse”. Por eso, ha avanzado que se van a iniciar las labores de recuperación y regeneración de toda la vida acuática del tramo afectado, que ha descrito como “muy singular”.
En base a la investigación y los datos aportado por el servicio del SEPRONA de la Guardia Civil, la Consejería de Desarrollo Rural abrirá un expediente de infracción administrativa contra el infractor -según la Ley de Pesca, sería una infracción muy grave, con multas que podrían ir de 3.000 a 60.000 euros, más la indemnización que podría superar los 300.000 euros-.
En el caso de la Guardia Civil, este tipo de delitos ecológicos, están recogidos en los artículos 3.25 y 3.31 del Código Penal, por lo que, en caso de abrirse la causa penal, el procedimiento administrativo se paralizaría. El Gobierno de Cantabria pospone la decisión de personarse en la causa, hasta que valorará si se persona en la causa hasta que inicie el procedimiento judicial.
Los Agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural siguen trabajando en la zona para comprobar si el vertido ha afectado a más peces. Además, se han encargado de conservar algunos de los cadáveres encontrados por si fuera necesario utilizarlos como prueba en los procesos judiciales que se pudieran iniciar.