La Consejería de Empleo y Políticas Sociales que dirige Ana Belén Álvarez (PSOE) quiere cortar de raíz los colapsos y aglomeraciones que se producen cada mes a la hora de solicitar las ayudas al alquiler en Cantabria, una iniciativa que tenía previsto llevar a cabo antes de la crisis sanitaria, pero que ahora es aún más necesaria si cabe por la pandemia.
Para ello, la Dirección General de Vivienda ha optado por simplificar y agilizar los trámites presenciales, de manera que no será necesario que las personas con una resolución de calificación de alquiler protegido en vigor presenten el modelo oficial de solicitud de concesión y pago mensual, ni los recibos justificativos.
Así pues, el último Consejo de Gobierno, tal y como adelantó el pasado jueves el vicepresidente y portavoz, Pablo Zuloaga (PSOE), aprobó por la vía de urgencia una modificación del Decreto con el objetivo de acortar plazos lo máximo posible y que en un máximo de dos semanas pueda entrar en vigor, una vez recabados todos los informes necesarios.
Con ello, la Consejería espera que para septiembre ya no sea necesario que los beneficiarios de estas ayudas tengan que acudir a la oficina de vivienda o a otros registros para aportar los recibos. “Supone una gran carga administrativa y el desplazamiento de los ciudadanos que, actualmente, en la situación de pandemia es aconsejable reducir a lo imprescindible”, sostiene la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez de Diego.
Y es que son casi 4.000 hogares los beneficiarios, entre los que se encuentran víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables.
“Las personas beneficiarias de las mismas disponen, con carácter general de escasos medios económicos, por lo que dejar de percibirlas les causaría un grave perjuicio, dado que pondría en riesgo su posibilidad de acceso a una vivienda digna. Con esta modificación, obtendremos un procedimiento más ágil y sencillo para el ciudadano y también restará carga burocrática a la administración”, apunta De Diego.
Así pues, las personas beneficiarias que hayan percibido la cuantía de la ayuda concedida deberán seguir presentando los comprobantes mensuales del pago del alquiler correspondientes a los meses anteriores pendientes de justificar, pero ya no lo harán todos los meses, sino dos veces al año, de tal forma que presentarán los justificantes del primer semestre del año por un lado y del segundo semestre por otro.
La directora general de este departamento subraya que “la línea fundamental de la acción del Gobierno, dentro de las políticas sociales, es facilitar el acceso a una vivienda digna, apostando por retomar la senda de una política social de vivienda, pensada para favorecer una demanda de primera necesidad, destinada a las personas con menor nivel de renta y en riesgo de exclusión”, algo que se viene reflejando en el pago de las ayudas de manera puntual mensualmente, sin los retrasos que venían generando quejas y polémica en los últimos años.