Vecinos de Rucandial denuncian que el Gobierno de Cantabria planea expropiarles sus casas “para beneficiar iniciativas privadas”

La casa de la familia de Andrea tiene cien años y por ella han pasado seis generaciones. Desde la ventana se ven los 'praos' y las vacas de la última zona virgen de la ciudad. El domingo se enteró por un periódico local que la van a derribar. Todo el barrio de Rucandial de Santander va a desaparecer para que un promotor privado, Real de Piasca, construya una nueva miniciudad de 8.000 viviendas diseñada por un arquitecto norteamericano sin ninguna intervención pública.

Para ello, solicitará al Gobierno de Cantabria (PP) –que ya ha dado el visto bueno al proyecto– un PSIR, un Plan Singular de Interés Regional que permitirá recalificar ocho kilómetros cuadrados de suelo rústico con la justificación del interés público.

En medio del megalómano proyecto de un rascacielos para negocios, pisos, hostelería, calles y plazas, también construirán una 'ciudad de la justicia' para unificar en ella todas las sedes judiciales. Es paradójico que la justicia se vaya a impartir desde un edificio levantado sobre un suelo privatizado para el interés particular de un promotor.

La iniciativa se vende con el gancho de que el 40% de las viviendas serán de protección oficial, el resto se venderán a precios de mercado. Cantabria puede recalificar y expropiar terrenos para que un promotor haga viviendas libres desde que PP y Vox aprobaron una modificación legislativa en el Parlamento hace año y medio. “Viviendas asociadas a equipamientos públicos”, lo llaman.

La mañana del domingo el café tuvo un sabor amargo. Con la resaca de las movilizaciones de la vivienda que en Cantabria sacaron a miles de personas a la calle, los vecinos miraban con lupa la línea roja del plano que publicó El Diario Montañés. Todo lo que está dentro de ese perímetro tiene una sentencia de muerte. Desde entonces, en el barrio de Rucandial habita la tristeza, la rabia y la incertidumbre.

Sobre la casa y la finca de la familia de Andrea han dibujado unos árboles. Irónicamente, el proyecto urbanístico para hormigonar unas praderas se ha bautizado como 'Bosque de Santander'.

Su vecina de 86 años, que levantó la casa con sus propias manos, no para de llorar. A todos les cuesta dormir. Otra pareja de jóvenes compró la casa hace dos meses sin imaginarse que la van a tirar. Algunos las han reformado. Ahora, sus ilusiones de futuro son sueños rotos desde que abrieron el periódico el domingo.

Al día siguiente, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga y el consejero de Vivienda, Roberto Media, comparecieron en una rueda de prensa para aplaudir el proyecto con una imagen de fondo: la infografía de una plácida vereda por la que transitan personas que no existen dibujadas por algún ingenio informático. Mientras las de verdad, los vecinos, están viviendo “una pesadilla”, explican a elDiario.es.

“Hay cantidad de carros de tierra sin necesidad de eliminar el barrio”, dice Andrea. Pero Real de Piasca lleva años comprando parcelas de suelo rústico a precios módicos en su mayoría. No tiene todo lo que el perímetro de su nueva ciudad ambiciona. Le estorban 37 casas, que ahora ha rebajado a 35, y algunas fincas. “Por eso ha empezado a presionar a los vecinos para que vendan o acepten un piso, de los que van a construirse allí sobre sus propias casas, a cambio”, explica esta afectada.

“Yo quiero mi casa y mi tranquilidad” -pide Andrea- “la mejor oferta es la que ya tengo y nunca me la van a poder mejorar”.

Los vecinos acusan al Gobierno de Cantabria de planear la expropiación de varias viviendas familiares en Rucandial “para beneficiar iniciativas privadas”. “Esta decisión no solo afecta a mi familia, sino que está poniendo en peligro el hogar de muchas otras familias de la comunidad”, dice Ángela Díez en una petición de firmas que ha abierto para detener una expropiación que no tienen la certeza de hasta dónde llega. A los afectados se les ha comentado que podría extenderse ese perímetro inicialmente previsto en la operación PSIR e incluir más terrenos. Mientras tanto, crecen los rumores de que Real de Piasca está haciendo ofertas para comprar más parcelas en la zona de San Cibrián.

Curiosamente, esta mala noticia llega cuando el Ayuntamiento acaba de arreglar el barrio. Hace seis meses invirtió 600.000 euros en renovar y ampliar las aceras, el tendido eléctrico y las conducciones de agua.

“Este lugar no solo ha sido nuestro techo, sino el escenario donde hemos compartido innumerables recuerdos, festividades y momentos especiales con nuestra familia y amigos, –argumenta Díez– perder nuestra vivienda no solo representa perder un refugio físico, sino también el corazón de nuestra vida familiar”. En su opinión, existen alternativas viables que podrían seguirse sin recurrir a la expropiación directa de viviendas. “El Gobierno podría explorar la rehabilitación de otras áreas que no impliquen el desalojo de familias o desarrollar acuerdos justos que no perjudiquen a los actuales residentes”, propone en la petición.

Los vecinos celebran una asamblea este sábado para organizarse y defenderse desencantados y huérfanos de apoyo. Nadie del Gobierno de Cantabria ni del Ayuntamiento de Santander ha ido por el barrio ni se ha puesto en contacto con ellos. No tienen ninguna información oficial. Tampoco les ayudan mucho las declaraciones de la presidenta Buruaga dando el visto bueno al PSIR, ni las del consejero de Vivienda negando que esto sea un pelotazo, como han denunciado el PRC y el PSOE. “No es un pelotazo para nosotros, lo es para ellos” -replica Andrea- “¿Cómo no vas a pensar mal?”.

“Están hablando de hacer viviendas para jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes que vivimos en las casas de nuestras familias”, concluye. “Viviendas sí, pero no a costa de las nuestras”.