Para este colectivo se ha consumado la privatización definitiva del Tajo a favor de los regantes del Tajo-Segura, con el “absoluto beneplácito y seguidismo” del gobierno de Castilla-La Mancha. El decreto más que gestionar el trasvase Tajo-Segura, define la gestión del propio Tajo hasta Talavera de , reduciendo aún más los exiguos caudales que salían desde el año 1998 desde Bolarque y fijando estrictas condiciones para la salida de volúmenes hacia el propio Tajo, mientras abre completamente la mano para trasvases “brutales” hacia el Segura, “inasumibles” por Entrepeñas y Buendía.
Este decreto invalida el Plan de cuenca del Tajo, porque supone un incumplimiento de facto de las demandas y los objetivos ambientales fijados en el Plan y deja la gestión de 38.000 km2 de la propia cuenca desde las nacientes hasta Talavera de supeditada a los “excedentes” del trasvase Tajo-Segura.
Se mantienen o incrementan los volúmenes trasvasables del Tajo al Segura, la nueva regla de explotación lo permite, lo que se traduce en una situación crónica de vaciado y penuria para Entrepeñas y Buendía. Sería imposible cumplir caudales legales en Aranjuez o Talavera y aparecerán problemas para satisfacer abastecimientos en Castilla-La Mancha, concretamente a las comarcas de , Sagra Baja y ciudades de Toledo y Talavera de hay garantías para los regadíos tanto aguas arriba de Aranjuez, como para el tramo Aranjuez-Talavera de
Por ello exige que la gestión de los desembalses hacia el Tajo desde la cabecera, se haga atendiendo a los criterios de atención de demandas y requerimientos ambientales fijados en la propia planificación de la cuenca del Tajo, refrendada por el Consejo Nacional del Agua.
Finalmente denuncian “el entreguismo y sumisión del ministerio de Arias Cañete a los intereses muy particulares de los regantes del Tajo-Segura, y el vergonzoso papel que ha jugado el gobierno de Castilla-La Mancha, incapaz de garantizar los justos derechos de los ciudadanos de esta región, y que ha permitido sin ningún rubor el saqueo absoluto del Tajo”. Por ello han anunciado ya que recurrirán en los tribunales españoles y en Bruselas este decreto.