La Junta anticipará este miércoles 575 millones de la PAC a 48.600 agricultores y ganaderos
La Junta de Castilla y León dará mañana la orden para abonar 575 millones de euros correspondientes al anticipo de las ayudas directas de la PAC de 2026 a 48.600 agricultores y ganaderos, más del 90 % de los potenciales perceptores, según ha anunciado este martes en las Cortes el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino (Vox).
Pino ha avanzado este pago durante una interpelación en el pleno de las Cortes presentada por el Grupo Socialista, en la que ha hecho balance de sus primeros cien días al frente de la Consejería y ha anunciado también para los próximos cien días reformas de las leyes Agraria, de Caza y de Sanidad Animal de Castilla y León.
El consejero ha asegurado que la orden de pago del anticipo de la PAC ya está dada y que Castilla y León será la primera comunidad en abonarlo, además de hacerlo “antes que nunca”.
“No es una cuestión de calendario administrativo”, ha defendido Pino, quien ha argumentado que el dinero llega en un momento en el que los profesionales necesitan afrontar la compra de semillas, fertilizantes y gasóleo para la siembra, además de suplementar la alimentación del ganado ante el agotamiento de los pastos.
Entre las próximas actuaciones legislativas, Pino ha anunciado que la Junta iniciará “inmediatamente” la modificación de la Ley de Sanidad Animal, con el objetivo de mantener las garantías sanitarias pero reducir cargas, reforzar el papel de los veterinarios habilitados y dar mayor capacidad de decisión al ganadero dentro del marco legal.
También ha avanzado que durante los próximos cien días se abordará la reforma de la Ley de Caza para eliminar procedimientos que ha calificado de “anacrónicos”, mejorar la seguridad jurídica y facilitar herramientas a los cazadores, además de acometer una reforma de la Ley Agraria.
El consejero ha anunciado además la movilización de 30 millones de euros para aliviar el coste de los carburantes en el sector agrario, de los que diez millones procederán de la asignación estatal vinculada a la reserva agrícola de crisis y otros veinte serán aportados por la Consejería mediante una reordenación de su presupuesto.
Por su parte, el procurador socialista Miguel Ángel Blanco ha acusado al consejero de tener un “serio problema”, que es el de “querer pedir y dar” y también “exigir y gobernar”, por sus peticiones de más dotación presupuestaria a su propio Ejecutivo ante la crisis del sector del cereal.