La Junta de Castilla y León asegura ahora que necesita el permiso del Gobierno para deportar menores
La Junta de Castilla y León ha defendido ahora que no dispone de mecanismos para negociar directamente con los países de origen la repatración forzosa de los menores extranjeros no acompañados que tutela. Según ha explicado, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago (PP), cualquier acuerdo en esta materia debe pasar necesariamente por el Gobierno central, ya que que las relaciones con terceros Estados le corresponden al Gobierno central.
Este matiz se produce apenas 24 horas después de que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, liderada por Carlos Pollán, de Vox, defendiera que Castilla y León iba a explorar “al máximo” la posibilidad de alcanzar acuerdos con esos países al amparo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, Dicho artículo recoge que las comunidades “podrán establecer acuerdos con los países de origen” para procurar que la atención y la integración social de los menores se realicen en su entorno de procedencia, siempre que se garantice la protección del interés de los menores y se establezcan mecanismos de seguimiento.
“No hay ningún mecanismo por el que la Comunidad Autónoma pueda hacerlo por su cuenta porque no tenemos competencia”, ha afirmado González Gago a preguntas de los periodistas en León. El consejero ha añadido que cualquier interlocución “sería una actividad contraria a nuestra estructura de autonomía y a nuestra Constitución”.
“Es posible participar, pero siempre por el cauce debido de la Administración del Estado”, ha resumido.
González Gago no ha descartado que la Junta pueda participar en estos procedimientos, pero ha insistido en que tendrá que hacerlo dentro del cauce de las competencias estatales, pasando por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por las embajadas y consulados españoles.
Preguntado expresamente por la posibilidad de utilizar el artículo 35.2 que había planteado Pollán, González Gago ha reiterado que el Gobierno autonómico está “estudiando el cauce”. “Es un procedimiento complejo, multilateral, a muchas partes y, por lo tanto, cuando lo tengamos claramente definido, se lo trasladaremos a la ciudadanía”, ha apuntado.
Pollán insiste en que los “menores tienen que estar con sus familias”
A pesar de las explicacion de Gago, que también estuvo al frente de los Servicios Jurídicos de la Junta antes de saltar al Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico, Pollán ha apuntado que quieren que “el Gobierno de España cumpla con la legislación nacional e internacional y con el principio del interés superior del menor”. Esto sería, como ha explicado, “que los menores tienen que estar con sus familias”, ya sea “en el Reino de Marruecos o en los países de origen”.
Ese jueves Pollán había anunciado que la Junta pretendía recurrir a esta vía para tratar de retornar a los 164 menores extranjeros no acompañados que tutela actualmente Castilla y León. Desde su Consejería se dfendía que la capacidad de acogida de la Comunidad está sobrepasada y mantiene su oposición al reparto de menores entre autonomías.
La Junta afirma que ha iniciado procedimientos con anterioridad
En el Consejo de Gobierno de este jueves, el portavoz portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la Administración ya había recurrido anteriormente la acogida de menores y que había iniciado procedimientos en otros momentos. Asimismo, también indicó que se estudiaría “caso por caso” antes de deportar.
La Junta se comprometió a facilitar la información sobre esos procedimientos, incluidos los datos relativos a cuántos se habían iniciado y cuál había sido su resultado. Sin embargo, esos datos no han sido facilitados todavía.
En su intervención, a preguntas de los periodistas, el portavoz no llegó a concretar quién llevará el peso de esas negociaciones con los países de origen de los menores -que ahora se ha matizado con que se necesita a Exteriores-, de cuántos países se trata, o el coste estimado de esos procedimientos que pretenden aplicar.
Carriedo sí que defendió que “los menores migrantes con quienes mejor están es con sus familias” y repitió el mantra impuesto por el pacto de PP y Vox en 2022 en el que se aseguraba que Castilla y León es “una tierra de acogida lo demuestran los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, los que vienen a trabajar y a integrarse”. Para este Ejecutivo, y el de la pasada legislatura, su postura “no ha cambiado: inmigración legal y ordenada que se integra social y laboralmente”.
La Junta cifra actualmente en 164 los menores extranjeros no acompañados bajo su tutela y sitúa en 130 las plazas de acogida disponibles, lo que utiliza como argumento para defender que el sistema está sobreocupado. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico ha anunciado recursos contra el mecanismo estatal de reparto de menores entre comunidades.
CCOO pide a la Junta que deje de usar a los menores extranjeros como “arma política”
El sindicato CCOO ha pedido a la Junta de Castilla y León que deje de utilizar a los menores extranjeros no acompañados como “arma política contra el Gobierno central”, al afirmar que los 164 tutelados actualmente por el Ejecutivo autonómico y los que pudieran llegar en el futuro están “mejor con sus padres” y buscarán fórmulas para repatriarlos, informa EFE
En un comunicado, el secretario de migraciones de CCOO de Castilla y León, Javier Moreno, ha considerado que se trata de una “actitud irresponsable”, que no tiene en cuenta que la normativa internacional apela a que las administraciones públicas garanticen la protección de los menores de edad.
El responsable de CCOO ha subrayado que los menores extranjeros que llegan solos a España se encuentran en una situación de “especial vulnerabilidad” y, por tanto, “deben recibir la máxima protección por parte de las administraciones públicas”.
Moreno ha preguntado a los responsables de la Junta si van a contactar directamente con sus familias en los países de origen o si “simplemente” se trata de un “titular con fines electoralistas”.
Sobre la negativa a acoger nuevos menores procedentes de Ceuta, el representante de CCOO ha recordado que en las reuniones a las que se niega a acudir el consejero competente en esta materia, Carlos Pollán (Vox), el Ministerio de Infancia ha aprobado el reparto de 35 millones de euros destinados a financiar la acogida de menores migrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas.
“No es responsable que Castilla y León no estuviera representada en una reunión donde se decidía la financiación para atender a estos menores”, ha criticado el representante de CCOO, que entiende que esa ausencia refleja una actitud “xenófoba y racista”.