Castilla y León pretende deportar a todos los menores no acompañados mientras insiste en que es “tierra de acogida”
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha insistido este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que la Comunidad es “tierra de acogida” a la vez que ratificaba la intención del vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox), de deportar a “todos” los menores no acompañados que está tutelando, 164. Para ello tirará del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que establece que “las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos”.
“Que es una tierra de acogida lo demuestran los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, los que vienen a trabajar y a integrarse. Es la línea en que queremos seguir, no ha cambiado, inmigración legal y ordenada que se integra social y laboralmente”, ha afirmado. Lo que no ha explicado Fernández Carriedo es quién llevará el peso de esas negociaciones con los países de origen de los menores, de cuántos países se trata, o el coste estimado de esos procedimientos que pretenden aplicar porque “los menores migrantes con quienes mejor están es con sus familias”. Aunque se le ha preguntado varias veces por qué ahora ha decidido devolver a todos los menores y no antes, el portavoz se ha escudado en que pretenden beneficiarlos. Finalmente, sí ha llegado a asegurar que ya otras veces han recurrido la acogida, pero no ha aclarado cuántas veces y cuántos de esos recursos acabaron con la deportación de un menor.
Fernández Carriedo se ha escudado en que se han superado las capacidades de acogida de Castilla y León, de 130 plazas, ya que ahora tutelan a 164 menores no acompañados. Respecto al coste estimado de las deportaciones ha comentado que “eso no es lo importante” y que es un procedimiento que “tendría que haber liderado España”, por lo que la Junta no se va a quedar parada “ante la inacción del Gobierno”.
Posteriormente, ha precisado que las deportaciones se estudiarán “caso por caso”. La Junta de Castilla y León se ha comprometido a facilitar más datos sobre los recursos que se presentaron en años anteriores.