Los matices del Gobierno PP-Vox: la vicepresidenta segunda sustituirá a Mañueco y Vox controlará la política del lobo
La publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León del decreto de reestructuración del nuevo Gobierno autonómico deja algunos detalles varios de cómo va a funcionar el Ejecutivo de Mañueco con el pacto de PP y Vox. Hay detalles especialmente significativos: la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, del Partido Popular, será quien sustituya en primer lugar al presidente Alfonso Fernández Mañueco en caso de ausencia y Vox consigue asumir las competencias vinculadas a la gestión de la fauna salvaje, incluida la política relacionada con el lobo.
El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox ha dado lugar a un Ejecutivo de once miembros en el que los populares conservan la mayoría de las áreas de gestión, pero donde la formación de Carlos Pollán logra espacios de influencia política más amplios que en la anterior coalición lo que ha obligado a reestructurar áreas y mover competencias, algunas de ellas, como vivienda o igualdad, y aglutinarlas en la vicepresidencia segunda de Blanco.
En el equilibrio interno del Consejo de Gobierno, Mañueco ha determinado que su mano derecha sea Isabel Blanco en caso de ausencia. A pesar de que la Vicepresidencia Primera recaiga en Carlos Pollán, líder de Vox en Castilla y León, el decreto establece que la sustitución del presidente corresponde “en primer lugar” a la Vicepresidencia Segunda. Es decir, la dirigente del PP será quien asuma las funciones de Mañueco cuando sea necesario, por delante del vicepresidente primero.
Blanco ya fue vicepresidenta en el anterior Ejecutivo autonómico a raíz de la ruptura del pacto de PP y Vox. Con esta decisión, Mañueco deja latente la bicefalia de su gobierno.
Reparto de competencias
Blanco también pasa a tener competencias importantes y que en el acuerdo de gobierno ocupan una parte relevante del plan de gobierno. Aunque sin consejería como tal, ya que el número de estas no pueden superar los diez, según la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la vicepresidencia segunda tendrá que hacerse cargo de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, despoblación, igualdad de oportunidades, protección civil y coordinación de emergencias. Además, el propio decreto le atribuye capacidad para convocar subvenciones, firmar convenios y gestionar directamente los créditos presupuestarios que tenga asignados.
Otras de las novedades es el reparto de las competencias medioambientales. Aunque la Consejería de Medio Ambiente y Energía queda en manos del Partido Popular, dirigida por María González Corral, una parte importante de las atribuciones relacionadas con la conservación de especies y la gestión de la fauna pasan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que dirigirá Joaquín Antonio Pino, uno de los nuevos consejeros de Vox.
El decreto especifica que este departamento asumirá las competencias en materia de caza y pesca, flora y fauna, prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, así como educación y concienciación ambiental.
Este reparto deja en mano de Vox el control cinegético y con ello la gestión del lobo en Castilla y León, uno de los choques constantes de las comunidades 'loberas' con el gobierno central y con Europa. Aunque el decreto no menciona expresamente a la especie, las competencias sobre fauna silvestre y política ambiental quedan bajo responsabilidad de una consejería dirigida por Vox, un partido que ha mantenido una posición abiertamente favorable a flexibilizar las medidas de protección del cánido y a reforzar los mecanismos de control poblacional.
En el acuerdo de PP y Vox, Pollán, además de su vicepresidencia primera, también pasa a ocuparse de un área de nueva creación, al igual que en Extremadura y Aragón: la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
Pollán pasa a controlar ahora buena parte de las competencias que tenía la anterior Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Entre sus funciones figuran las políticas de juventud, familia, infancia, atención a la diversidad, drogodependencias, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector. Además, asumirá la coordinación de las medidas de simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas, así como las actuaciones en materia de cooperación al desarrollo, competencias que hasta ahora estaban adscritas a la Consejería de la Presidencia.
La gestión de las universidades, ahora con Industria, Empleo y Comercio
En la reestructuración interna de las áreas del PP, la gestión de universidades pasa ahora a encuadrarse dentro Industria, Empleo y Comercio, que dirigirá Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.
La consejería de Quiñones incorpora las competencias de universidades e investigación que hasta ahora dependían de Educación, además de mantener las relacionadas con empleo, comercio e industria. Por su parte, la nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía, en manos de María González Corral, suma las competencias de energía y minas que anteriormente estaban adscritas a Economía y Hacienda, aunque pierde las relativas a vivienda, urbanismo, protección civil y ordenación del territorio, que pasan a la Vicepresidencia Segunda, así como las vinculadas a fauna, caza, pesca y control ambiental, transferidas a Agricultura.
La Consejería con más presupuesto: Sanidad y Bienestar Social,
Otra de las novedades es la creación de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que unifica bajo un mismo departamento las competencias sanitarias y los principales servicios sociales. El área que seguirá dirigiendo Alejandro Vázquez incorpora la atención a las personas mayores, la discapacidad y la dependencia, competencias que hasta ahora dependían de Familia e Igualdad de Oportunidades. De este modo, la Gerencia de Servicios Sociales pasa a integrarse en una macroconsejería que concentrará buena parte de las políticas asistenciales de la Comunidad
En el equilibrio de poderes, Vox obtiene la gestión sobre simplificación administrativa, familia, inmigración, juventud y ayudas sociales, además de Agricultura y Cultura, sus principales puntos ideológicos. El PP de Mañueco mantiene el control de áreas estratégicas como Sanidad, Educación, Hacienda, Presidencia o las relaciones con patronal y sindicatos, que pasan a depender de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.
La publicación del decreto supone el primer desarrollo formal del acuerdo de gobierno alcanzado por ambas formaciones. El pacto incorpora algunas de las principales reivindicaciones ideológicas de Vox —como la prioridad nacional en determinadas ayudas, la recuperación de la llamada Ley de Concordia o cambios en el modelo de Diálogo Social— y que abre un segundo ciclo de coalición entre ambos partidos en Castilla y León tras la experiencia compartida entre 2022 y 2024.