El gobierno de Mañueco admite el rechazo a los nuevos menús escolares pero defiende que aplica la ley
La consejera de Educación, María Pardo, ha reconocido que los cambios introducidos este curso en los menús escolares han generado rechazo entre alumnos y familias, pero ha defendido que la Comunidad se ha limitado a aplicar la nueva normativa estatal sobre alimentación saludable y sostenible.
“Los destinatarios, los alumnos, no están contentos y las familias tampoco”, ha admitido Pardo este martes durante una rueda de prensa en Palencia, en la que ha explicado que la nueva regulación obliga a incrementar la presencia de alimentos como los cereales integrales y las proteínas de origen vegetal frente a las proteínas animales.
Pardo se ha referido al Real Decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril y que establece nuevos criterios nutricionales y de sostenibilidad para los comedores escolares con cuestiones como que la oferta esté compuesta fundamentalmente por alimentos frescos, de temporada y procedentes de canales cortos de distribución, con presencia de hortalizas, legumbres, cereales preferentemente integrales, frutas, frutos secos y aceite de oliva, además de un consumo moderado de proteínas animales.
Aplicación de la normativa estatal
La consejera ha atribuido parte del malestar generado entre asociaciones y familias por los cambios a la aplicación de esta normativa estatal y ha subrayado que la Junta debe cumplirla.
“Nosotros lo único que hemos hecho ha sido trasladar una normativa estatal que hemos tenido que poner en marcha”, ha señalado en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre este asunto.
La consejera ha planteado como posible vía de mejora que los comedores den prioridad a los alimentos producidos en Castilla y León, una medida que forma parte de los compromisos del acuerdo de gobierno de la Comunidad.
“La voluntad es mejorar la calidad de los comedores, de la comida que se distribuye, a través de esa práctica”, ha afirmado Pardo, en referencia a la incorporación de productos de proximidad, aunque ha precisado que cualquier modificación deberá contar con los correspondientes informes, incluidos los jurídicos, y ajustarse a la normativa estatal.