La parálisis en Medio Ambiente de Castilla y León: Palencia solo ha tramitado una denuncia sobre incendios en el último año
El Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia solo ha tramitado una denuncia sobre incendios en el último año, según una información remitida por la Junta de Castilla y León a Ecologistas en Acción Palencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El expediente revela que, según datos de mediados de abril, aún había 578 denuncias que se habían registrado entre 2023 y 2025 y que seguían pendientes de iniciarse. Además, Palencia tiene pendiente iniciar más denuncias medioambientales de las que ha resuelto en tres años y tiene especialmente paralizadas las denuncias en materia de incendios y Patrimonio Natural.
El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– ya ha señalado a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones, que no tiene suficiente personal jurídico para tramitar todas las denuncias que interponen agentes medioambientales, vecinos o asociaciones ecologistas y conservacionistas, un asunto del que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar.
La Consejería de Medio Ambiente explica que hay “una alta tasa de vacancia” en ese tipo de puestos de los servicios territoriales, y lo atribuyen a “un problema endémico” de la Administración española y a que los departamentos responsables de los procedimientos sancionadores no están muy demandados en los concursos y promociones internas. En cualquier caso, se ha comprometido a poner en práctica las recomendaciones del Procurador del Común.
La Junta de Castilla y León ha proporcionado datos más detallados sobre estas denuncias que no han sido tramitadas, que permiten ver que la Administración está sobrepasada especialmente en dos áreas: la de Incendios y la de Patrimonio Natural. El 82% de las denuncias interpuestas en Palencia sobre fuegos están pendiente de iniciar el procedimiento sancionador, al igual que el 71% de las denuncias de Patrimonio Natural.
En el último año solo se ha tramitado una denuncia de cada tipo: la de incendios se ha dado por finalizada, mientras que aún se está trabajando en un caso de Patrimonio Natural. La situación es un poco mejor en otras áreas, pero todavía tienen una cifra considerable de denuncias pendientes: el 50,9% de los expedientes sobre Pesca, el 42% en Vías Pecuarias y en Montes y el 39% en las denuncias relativas a infracciones de la normativa cinegética. Las infracciones relacionadas con Montes y Caza son las que derivan en más denuncias: 211 y 173 en los últimos tres años. Se han resuelto 118 y 98 expedientes, respectivamente.
Normalmente se dan prioridad a las infracciones más graves, lo que deja las más leves en la cola, según confirman varios agentes medioambientales de varias provincias. Tampoco se han resuelto ninguna de las denuncias incoadas en materia de prevención ambiental, y solo se han resuelto el 23% de los expedientes incoados sobre residuos (ambos enmarcados dentro de Calidad Ambiental). En Palencia existe una plaza de instructor jurídico vacante, y hay dos que están trabajando, aunque no es la que tiene una situación más complicada: en Burgos solo trabaja un instructor y en Salamanca la RPT solo contempla dos plazas y no tres como en el resto de provincias. De hecho, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio.
Ecologistas en Acción Palencia también había pedido conocer qué autoridad había firmado las denuncias (Seprona o agentes medioambientales) y si estas sanciones eran leves o graves, pero la Junta asegura que no tiene esos datos sistematizados no exportables.
Seis meses para incoar el expediente
Este medio ha tenido acceso a algunos de estos expedientes, como una infracción relacionada con la caza ilegal de un corzo en el Cerrato palentino. En mayo de 2023, agentes del Seprona de la Guardia Civil observaron a un furtivo disparando a un corzo desde la ventanilla trasera del todoterreno en Hornillos de Cerrato. El Juzgado de Instrucción archivó la causa penal en enero de 2025, pero la Junta de Castilla y León no incoó el procedimiento sancionador hasta junio de ese año. La Delegación Territorial ha dictado resolución definitiva del caso en abril de este año y ha impuesto una multa de 4.000 euros, la retirada de la licencia de caza durante un año y el pago de una indemnización de 10.000 euros por dos infracciones graves (cazar sin autorización y con un arma sin licencia) y una leve por disparar desde el todoterreno.
Protestas de los agentes medioambientales
Los agentes medioambientales de Castilla y León llevan años movilizándose para reivindicar mejores condiciones laborales y un operativo más completo, ante la paralización política que denuncian. La pasada legislatura concluyó sin que se tramitaran las leyes pendientes: la Ley de Agentes Medioambientales, que UPL y Soria Y se comprometieron a retomar esta legislatura, y la Ley de servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento impulsada por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL). Hace unos meses, la Justicia anuló parte de una Orden de Medio Ambiente que los celadores de Medio Ambiente de Castilla y León sean jefes de extinción de incendios. Además, la Consejería mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos pese a su promesa de ir incorporando el personal al sector público a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl.