El juzgado de primera instancia 3 de Barcelona ha sentenciado que Junts puede quedarse la marca Junts per Catalunya y ha rechazado la demanda del PDeCAT, que aseguraba que el partido de Carles Puigdemont se había apropiado del nombre ilegalmente. La magistrada considera que el PDeCAT no está legitimado para presentar la demanda, ya que Junts es un partido diferente y solo lo hubieran podido hacer afiliados de la segunda formación.
La sentencia concluye que la demanda del PDeCAT “se formula en sustitución de sus principales afectados”, que habrían sido el ex secretario y la extesorera de Junts. La jueza dice que no ha quedado acreditado “qué repercusión cierta” tienen los acuerdos de JxCat impugnados por el PDeCAT en la esfera jurídica de los exconvergentes, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).
Junts per Catalunya se constituyó en junio del 2018 con Laia Canet como presidenta, Pol Xart como secretario y Anna Maria Soriano como tesorera. En febrero de 2019 la formación celebró una asamblea extraordinaria para ratificar un acuerdo de unos días antes de que cambiaba la sede social y el artículo 1 de los estatutos. En abril de 2019 JxCat concurrió a las elecciones generales en coalición con CDC, PDeCAT y otras formaciones bajo la marca 'Junts'.
En las elecciones municipales de mayo de ese año se presentaron también las tres formaciones bajo la misma marca, y en las europeas del mismo día dentro de la coalición electoral 'Lliures per Europa'. Todos los candidatos eran militantes del PDeCAT o independientes, pero ninguno era de JxCat, y el PDeCAT sufragó todos los gastos electorales pero también cobraba todos los ingresos procedentes de los votos y escaños obtenidos.
Hasta el 27 de junio de 2020, en plena pandemia, JxCat solo tenía tres afiliados, no cobraba cuotas, carecía de activos, ni NIF ni cuentas bancarias, y su funcionamiento dependía completamente del PDeCAT. Ese día se celebró de forma telemática una asamblea de JxCat donde se nombró presidente a Carles Valls, Montserrat Morante como secretaria, Irene Negre como tesorera y Josep Pagès como defensor del afiliado.
Se modificaron los estatutos y la sede social y se autorizaron las asambleas telemáticas. Xart y Soriano no fueron convocados a la asamblea, algo que el PDeCAT consideraba ilegal. El nuevo comité ejecutivo, basándose en los acuerdos de la asamblea, convocó un congreso para elegir a los nuevos cargos de presidente y miembros de la ejecutiva nacional, y ningún afiliado de JxCat impugnó los acuerdos.
El PDeCAT pedía la nulidad de la asamblea de junio de 2020 y los posteriores acuerdos. Sin embargo, JxCat alegaba que en el congreso de julio del 2020 se convocaron a los ocho afiliados que tenía el partido y que Soriano y Xart fueron dados de baja porque se desvincularon de la formación. Además, recordó que la marca de Junts per Catalunya la tenía Convergència y no el PDeCAT.