Junts per Catalunya se libra por ahora de pagar por las comisiones que cobró Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el caso Palau. La Audiencia de Barcelona ha descartado valorar si el partido de Carles Puigdemont y el PDeCAT son sucesores de Convergència y deben asumir la devolución de los 6,6 millones de euros que el partido de Jordi Pujol cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau de la Música.
En un auto, la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona recuerda que el Tribunal Supremo acordó que la competencia para resolver sobre los herederos de la antigua Convergència recaía en el juzgado mercantil 9 de Barcelona, donde el partido presentó concurso de acreedores, por lo que se declara no competente para decidir. En consecuencia, los magistrados han paralizado la devolución del dinero de las comisiones ilegales cobradas por Convergència fijada en la sentencia del Palau.
Convergència tenía todas sus fincas embargadas para devolver el dinero. Pero con la decisión del Supremo, ahora esas fincas serán para los acreedores del partido, por lo que la Audiencia de Barcelona se declara no competente para decidir si el PDeCAT o Junts asumen esa deuda como sucesores, tal y como había pedido el Palau de la Música.
Así, será el juzgado mercantil 9 de Barcelona quien se haga cargo de las fincas embargadas por el caso Palau y no la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que fue quien juzgó el caso y está encargada de la ejecución de su sentencia. En caso de que la cantidad no sea suficiente será el juzgado de lo mercantil el que deba indagar si las formaciones consideradas herederas de CDC, como son el PDeCAT y JxCat asumen esos pagos.
La Audiencia de Barcelona además invita al Palau a personarse en el procedimiento de concurso de acreedores de Convergència para reclamar la devolución del dinero, habida cuenta de que la fundación que gestiona el auditorio “tiene facultades” para ello y porque “todo lo relativo a los sucesores” de CDC es ahora competencia del juzgado mercantil.
Los trámites para saber si Convergència podrá afrontar por sí sola el pago de las indemnizaciones por las comisiones ilegales se encontraban estancados debido al conflicto entre los jueces sobre a qué se deben destinar las sedes embargadas del partido que fundó Jordi Pujol. La Audiencia de Barcelona mantenía que las 22 sedes embargadas de Convergència deben venderse para restituir al Palau y a Hacienda del expolio, pero la jueza de lo mercantil que tramita el concurso de acreedores del partido sostiene que deben destinarse a sus proveedores y a pagar sus deudas con los bancos. Ahora el Palau de la Música deberá ponerse a la cola de los acreedores de Convergència para resarcirse del saqueo.