Entidades sociales denuncian trabas en el acceso a la sanidad pública valenciana a personas migrantes y vulnerables

“Lo que hemos detectado es que está habiendo casos de personas inmigrantes o vulnerables que, cuando van con su tarjeta sanitaria al centro de salud o al hospital por urgencias, aparece como dada de baja, como si no estuviera vigente. Entonces, la única alternativa que tienen es que se les atienda como particulares, generando una factura económica. De momento no se están ejecutando, pero ya es una forma de disuadir”.

Así se ha pronunciado a preguntas de elDiario.es Javier Campos, portavoz de Odusalud, plataforma integrada por 87 entidades sociales, entre ellas Cáritas, Médicos del Mundo o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), sobre la situación que vienen detectando desde el pasado mes de marzo.

La red de organizaciones que trabaja por la defensa de la sanidad universal, pública y gratuita ha detectado 46 incidencias de exclusión o limitación del acceso a la asistencia sanitaria de personas migrantes desde el pasado mes de marzo, cuando comenzó a aplicarse el nuevo marco derivado del Real Decreto 180/2026, cuyo objetivo es precisamente unificar criterios en todo el territorio y eliminar barreras administrativas para hacer efectivo el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Según Odusalud, las incidencias analizadas afectan a personas migrantes y ponen de manifiesto la existencia de barreras que están dificultando el acceso efectivo al sistema sanitario público valenciano. Entre las personas afectadas se encontrarían 19 personas inmersas en el proceso de regularización extraordinaria, 8 mujeres embarazadas, 5 menores de edad, 8 personas con enfermedades graves o crónicas y 6 personas en situación de sinhogarismo o exclusión residencial grave, además de otros casos que afectan a estudiantes extranjeros, personas mayores en situación de vulnerabilidad económica y ciudadanía comunitaria sin recursos suficientes para acceder a la cobertura sanitaria.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad han asegurado que “en la Comunitat Valenciana la sanidad es universal y gratuita” y han informado de que “precisamente este viernes se está celebrando una reunión técnica de todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad para aprobar una guía de aplicación del RD 180/2026 que establecerá una aplicación homogénea en todo el territorio nacional”. La Conselleria de Sanidad “está alineada con el espíritu del Real Decreto y así se está aplicando”, han explicado.

Sin embargo, según el análisis realizado por Odusalud, existen dos tendencias especialmente preocupantes: “Por una parte, personas migrantes que se acogieron al proceso de regularización extraordinaria y que pierden la cobertura sanitaria que tenían reconocida hasta ese momento. Por otra, se está consolidando una interpretación restrictiva del Real Decreto que está dejando fuera del sistema sanitario a personas que llevan menos de tres meses en España, incluso cuando concurren circunstancias especialmente protegidas, como el embarazo, la existencia de enfermedades graves o situaciones de exclusión social”.

El observatorio ha detectado que la permanencia inferior a tres meses en España se está convirtiendo en un factor determinante de exclusión, incluso cuando concurren circunstancias que deberían justificar una protección sanitaria reforzada, a pesar de que el Real Decreto “no vincula el acceso a la asistencia sanitaria exclusivamente al empadronamiento ni a un periodo determinado de estancia, sino a la residencia efectiva en España, admitiendo diferentes medios para acreditarla en situaciones en las que las personas no pueden aportar un certificado de padrón que, en la práctica, la conselleria no está admitiendo”.

En este sentido, el proyecto de Real Decreto que el Ministerio de Sanidad sometió a consulta pública en 2025 sí contemplaba inicialmente un requisito de empadronamiento con una antigüedad mínima de tres meses. Sin embargo, ese requisito desapareció del texto definitivo aprobado en marzo de 2026.

Al respecto, Campos ha lamentado que han reclamado sin éxito a la Conselleria de Sanidad hasta en dos ocasiones la convocatoria de la comisión mixta de seguimiento de la accesibilidad al sistema de salud, un grupo de trabajo formado por las consellerias de Sanidad y de Servicios Sociales, así como por sociedades científicas y entidades del tercer sector: “En ella se analizan este tipo de casos uno por uno para darles solución porque, quizás, no haya una orden política detrás, sino un error o desajuste del sistema. Hasta 2023, con el anterior Consell la comunicación era fluida y las reuniones frecuentes; ahora, las dos veces que lo hemos pedido, lo han rechazado porque alegan que la comisión no existe y que, por lo tanto, no se puede convocar legalmente”.