Un informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado, incorporado al sumario del 'caso Azud', ha detectado irregularidades en el proceso de adjudicación de la planta de basuras de Quart de Poblet a la UTE Los Hornillos.
El contrato fue adjudicado por la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre) a la Unión Temporal de Empresas formada por Sufi SA, Cyes y Corporación F. Turia SA por un periodo de dos décadas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que el letrado José María Corbín cobró una supuesta mordida de 2,2 millones de euros por parte de la UTE de la planta de basuras.
Corbín, uno de los principales investigados en el 'caso Azud', contrató una caja de seguridad en Bankia apenas 18 días después de que la UTE Los Hornillos obtuviera el contrato de la ejecución y gestión de la planta de basuras de Quart de Poblet.
Las empresas que conforman la UTE reconocieron ante la UCO que no queda rastro de los supuestos trabajos de asesoría jurídica de Corbín (por los que cobraba 15.000 euros mensuales), a diferencia de la documentación de Garrigues. El bufete de Garrigues, uno de los más punteros de España, apenas cobraba 1.000 euros mensuales a la planta de basuras por la misma labor.
La Intervención General del Estado, en funciones de auxilio judicial a la jueza instructora del 'caso Azud', ha detectado irregularidades tanto en la licitación como en la ejecución del contrato. Así, el informe de valoración de las cuatro ofertas presentadas, firmado por José Luis Vayá (investigado en otra presunta trama relativa a la planta de basuras), no motivaba el desglose de los criterios de valoración.
“En el pliego no se detallan las puntuaciones asignadas” y además “se desglosan un vez conocidas las ofertas, tanto económica como técnica y medioambiental”, según indica la Intervención.
“De haber figurado en los pliegos explícitamente” los criterios de asignación de puntuaciones, los licitadores podrían haber presentado “una oferta sustancialmente diferente” a la que plantearon.
El informe de la Intervención, tras repasar la documentación del expediente y numerosos correos electrónicos intercambiados entre los principales protagonistas, alude en repetidas ocasiones al papel de Vayá. “Ni en el informe emitido por José Luis Vayá Alonso, ni los emitidos por el Servicio de Contratación y su reproducción por la Gerencia, se entra a valorar cuestiones tan significativas como que en el pliego no se desglosan las puntuaciones a asignar”, señala.
Sobre la propuesta del plan de obras por parte de la UTE, la Intervención detecta una “contradicción” entre el informe del servicio de contratación y el de la dirección técnica, que ejercen Vayá y Eugenio Cámara, el yerno de Alfonso Grau (también investigado en el 'caso Azud') destituido en 2020 tras la denuncia de la trama de las basuras.
Además, “no consta en el expediente analizado resolución del órgano de contratación” en relación al plan de obras, que planteaba una dilación de la ejecución. En otro modificado posterior, tampoco consta la propuesta en el expediente.
La Intervención General del Estado también sostiene que en la valoración de las mejoras que presentaron las empresas para la licitación, “llama la atención que se otorguen tres puntos a las UTEs 1 y 3 cuando el propio informe dice que no presentan mejoras a considerar”.
De hecho, el propio Interventor de la Emtre criticó que la información aportada era “un tanto incompleta”, lo cual “dificulta la comprensión de algunos cálculos y, por ende, de los resultados finales de la oferta como cánones”.
El recurso de las otras empresas
Las empresas que perdieron la adjudicación (Urbaser SA, Transric Levante SA y Sistemas Globales de Medio Ambiente SA) interpusieron un recurso de reposición, tal como recuerda la Intervención General del Estado. El recurso se centraba precisamente en que el informe técnico “no explica ni justifica la metodología empleada para la asignación de puntos”.
Las tres empresas concluyeron que se había producido “falta de objetividad e imparcialidad”, además de “inseguridad jurídica y arbitrariedad” en la adjudicación del contrato. También lamentaban la “clara falta de motivación” del acuerdo de adjudicación. El recurso argumentaba que la oferta presentada por la UTE Los Hornillos “no cumple los requerimientos” del Pliego de Condiciones. Las empresas tampoco tuvieron acceso a “la mayor parte de los documentos solicitados”.
En su informe en respuesta al recurso de reposición, José Luis Vayá alegaba que se trata de “apreciaciones subjetivas e infundadas” y ratificó sus conclusiones. “No se argumenta ni justifica la afirmación realizada”, afirma la Intervención.
El recurso fue finalmente desestimado.