Cumbre de especuladores y rentistas en València ¡fuera!
El próximo fin de semana València acogerá, en el Real Estate Summit 2026, a toda una tropa de predicadores y propagandistas de la especulación y el rentismo en el contexto de una emergencia habitacional que tiene su expresión cotidiana en situaciones alarmantes de precariedad, desahucios o a través de la herida abierta que tiene la ciudad ahora mismo sobre el antiguo circuito de la Fórmula 1.
Desde su condición improductiva, extractivista y rentista, gurús autoproclamados del neoliberalismo pretenderán trasladar a la clase trabajadora las virtudes de una actividad desbocada, la de la especulación inmobiliaria, dirigida a desposeer a la población de uno de los bienes más básicos para la vida: la vivienda. Con un discurso aparentemente racionalista y científico, pero altamente moralizante, legitimarán el proceso de concentración de la riqueza en manos de una élite conectada directamente de forma caciquil, tradicionalista y clientelar con los sectores políticos que gobiernan València y el conjunto del País Valencià desde la Generalitat.
Dos procesos estrechamente conectados se están dando en València en este contexto y ahora mismo. Por una parte, el de una clase trabajadora asediada y alejada de sus centros de trabajo, ocio o estudio, cuyos salarios se convierten en preciado objeto de deseo por la vía de mecanismos que actúan de forma letal. Y, por otra parte, un reducido conglomerado altamente organizado en el que se reúnen el capital financiero internacional, las redes clientelares de especuladores inmobiliarios a nivel local y los promotores urbanísticos a quienes PP y Vox han entregado la iniciativa de una función pública central para ordenar las ciudades y garantizar el derecho a la vivienda.
De esta forma, cada piso turístico, cada divisa especulativa que entra al mercado inmobiliario de València para reproducirse y luego evadirse al extranjero, cada PAI controlado por la iniciativa privada y cada reforma jurídica de las ordenanzas municipales destinadas a una falsa desregulación, todo ello, en su conjunto, explica cada chabola, cada desahucio, cada suicidio por motivos económicos y de emergencia social, o cada parada de metro, bus o tram colapsada por una clase obrera que suma paradas cada año debido a un desplazamiento forzoso y humillante.
Una ciudad como València requiere (re)construirse con la mirada puesta en la cohesión social y la vertebración territorial, barrio a barrio, que defina una sociedad digna y equilibrada preparada para participar, disfrutar con calidad del tiempo libre, educar sobre valores sólidos que desarrollen la personalidad y que, en definitiva, se pueda permitir soñar cada día en un futuro mejor y, por tanto, cuidar y mejorar lo que hoy tenemos para lograr un horizonte de esperanza que no vendrá solo ni de forma espontánea. Por el contrario, la precariedad, la pobreza y el desquicio de una clase obrera a la que se pretende enfrentar entre sí apelando a distintos motivos de prioridad, no es sino una receta que ahora pretenden rematar a través de complots como los de este fin de semana mediante discursos moralizantes. Todo ello, en un contexto que requiere activar toda la estructura jurídica, presupuestaria e institucional del Ayuntamiento de València para cumplir con la misión que le encomienda el ordenamiento constitucional y el mandato democrático y que no es, precisamente, la de ayudar a los especuladores, sino la de servir y acompañar a la gente para contar, entre otros bienes sociales, con una vivienda digna.
El País Valencià cuenta, lamentablemente, con la primera posición en desahucios durante el primer trimestre de este año, la mayoría relacionados con impago del alquiler. De forma particular, en València la escalada de los precios es realmente insoportable. La dificultad de acceder a una vivienda en la ciudad se extiende más allá de las zonas céntricas (hacia l’Olivereta, Patraix o Benimaclet) y ya reclama ingresos muy superiores a la media salarial valenciana, de modo que comprar una vivienda supone más de 5 años de renta neta: el nivel más alto nunca antes registrado.
La alcaldesa María José Catalá se niega a declarar València como zona tensionada bajo el mentiroso argumento de evitar medidas intervencionistas, cuando su gobierno no ha renunciado a adoptar todo tipo de acciones cuando se ha tratado de beneficiar a los rentistas y abrir las puertas a los especuladores para que campen a sus anchas por la ciudad. O bien, renunciando a activar la iniciativa pública, haciendo de la omisión una forma clara de tomar partido y de ejercer un proyecto político muy determinado. De esta forma, nos encontramos con falta de límites de precios en los alquileres, que ya rebasan cualquier esfuerzo al que pueda enfrentarse una clase trabajadora que, además, debe enfrentarse a situaciones abusivas y humillantes que resultan especialmente descarnadas cuando los caseros son fondos buitres o agentes especuladores.
Maximizar la rentabilidad inmobiliaria y favorecer la especulación son, en definitiva, los motores que impulsan la voluntad del gobierno municipal, siendo su responsabilidad el reguero de pobreza, cansancio, ansiedad y descontento en que pretenden sumir a la población. No quieren creer, sin embargo, que las asociaciones vecinales, los sindicatos de inquilinas, las organizaciones políticas transformadoras y las redes de solidaridad están amortiguando estas situaciones con la pretensión de preparar a la sociedad valenciana para un cambio que ya se está fraguando y que está poniendo sobre la mesa algunas medidas como, entre muchas otras: ampliar los recursos de emergencia residencial; expropiación de viviendas a fondos buitre y otras empresas o entidades jurídicas; amplia y creciente reserva obligatoria de vivienda municipal en los PAI; reservas cada vez más amplias del aprovechamiento urbanístico para vivienda pública; ejercicio del derecho de tanteo y retracto para ampliar el parque público y cortar las operaciones especulativas; recargos del IBI a grandes tenedores con viviendas vacías; prohibición de la vivienda turística; o, un plan de emergencia de vivienda pública de alquiler con financiación e iniciativa municipal.
Este fin de semana, la sociedad valenciana saldrá a la calle a gritar ¡no! a los especuladores y rentistas. Pero, del mismo modo, de forma colectiva sacarán las fuerzas suficientes para mirar directamente a los ojos del capital, a los de arriba, para decirles que no se conforman con protestar, sino que hay un programa de acción pública por el derecho a la vivienda que, con el impulso social y un decidido compromiso político de transformación, se hará realidad más pronto que tarde.