“Los hombres de Iglesia son ciudadanos, y tienen que cumplir con todo su derecho de ciudadano. Hay cosas dedicadas al culto, hay propiedades dedicadas al fin social. Todo lo que no sea culto o bien común, hay que pagar impuestos”.
Así se pronunció el Papa Francisco en la entrevista que le hizo Jordi Évole en el programa 'Salvados' de La Sexta en relación al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Pese a sus declaraciones, tanto la Iglesia como el resto de confesiones están exentos del pago de este impuesto en virtud del acuerdo del año 1979 entre el Gobierno y la Santa Sede y a la ley de entidades sin fines lucrativos, por lo que además de la buena predisposición de Francisco, haría falta un cambio del marco legal.
Pese a todo, como avanzó eldiario.es, el Ayuntamiento de València empezó a girar los primeros los primeros recibos del mencionado tributo desde el pasado 1 de marzo a organizaciones religiosas con inmuebles en los que se desarrollan actividades económicas con ánimo de lucro que además supongan una competencia con otras entidades.
Este es el caso, por ejemplo, de la Universidad Católica, que deberá abonar al menos 51.000 euros, o del hospital Casa de la Salud, que deberá pagar 196.000 euros. El recinto sanitario facturó el año pasado 32 millones de euros. En ambos casos, hacen la competencia a otros centros públicos y privados, tanto hospitales como universidades.
Desde la Concejalía de Hacienda que dirige el socialista Ramón Vilar han justificado la decisión de empezar a cobrar el IBI en este tipo de inmuebles en que, según diversas sentencias de la Unión Europea, la exención de tributos a actividades económicas lucrativas sometidas al mercado de la libre competencia podría considerarse una ayuda ilegal.
Además, han recordado que una sentencia obligó recientemente a un colegio religioso de Madrid a pagar el Impuesto de Instalaciones Construcciones y Obras (ICIO).
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid confirma así una sentencia dictada previamente, el 27 de junio de 2017, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Juzgado Contencioso-Administrativo considera que la congregación religiosa desarrolla actividades económicas sujetas a las normas comunitarias sobre competencia y, por tanto, desestima su recurso, confirmando la resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que requería el cobro del ICIO.
De momento en esta primera remesa de recibos que ha empezado a girar el Ayuntamiento de València quedan exentas viviendas propiedad de la Iglesia y de otras confesiones legalizadas (siempre que no se utilicen con fines lucrativos), así como los edificios dedicados al culto o a fines sociales.
Ramón Vilar ha señalado que el cobro del IBI a la Iglesia es “una cuestión laboriosa y lenta” puesto que los técnicos deben revisar el catastro para detectar los inmuebles que deberían abonar el IBI.
A modo de ejemplo, ha explicado que ahora mismo la delegación de Hacienda está trabajando sobre “la modificación catastral de un edificio de 5 alturas con aparcamiento en sótano que aparece como dependencias parroquiales cuando en realidad se trata de una universidad privada, situada en el entorno del Mercado de Colon en una calle de muy alto valor catastral”.
Como ya informó este diario, las arcas municipales dejaban de ingresar hasta ahora 5 millones de euros al año, ya que el Consistorio contabiliza 1.682 inmuebles exentos del IBI por ser propiedad de confesiones religiosas o de entidades sin fines lucrativos.
Otros inmuebles que están exentos del IBI son el de la Fundación Bancaja, que por sus diferentes locales debería abonar 127.000 euros, el de Feria València, que se ahorra 719.000 euros, el Ateneo Mercantil, que por el edificio de la plaza del Ayuntamiento debería de pagar 105.700 euros, o el Instituto Valenciano de Oncología, que deja de abonar 65.600 euros.